En un día que buena parte de los grupos, empezando por la presidenta María Chivite, calificaron como “histórico”, el Parlamento de Navarra aprobó este jueves la modificación del Amejoramiento que permitirá a la Comunidad foral ejercer en exclusiva todas las competencias de tráfico, al incluir la vigilancia y control de carreteras. La reforma contó con el respaldo de los 45 parlamentarios que suman UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra y con los 5 votos en contra del PP y Vox.

El cambio ha sido necesario tras la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero concluyó que las funciones que realiza la Guardia Civil de Tráfico no estaban recogidas en la ley orgánica. Ahora serán las Cortes las que deberán votar esta modificación.

El rechazo de los populares ocasionó duros cruces de críticas en el pleno. Este partido argumentó que no está en contra de que Navarra asuma en exclusiva la competencia, pero sí de que la Guardia Civil de Tráfico deje de realizar esta tarea, hoy compartida con Policía Foral.

La presidenta Chivite subrayó que es una competencia demandada históricamente por Navarra y defendida por “todos” sus gobiernos, “independientemente de su signo político”. Confió en que cuente “con más aliados que detractores” y se apruebe “desde un amplio consenso”.

UPN, CONTRA SÁNCHEZ Y EL PP

El portavoz de UPN, Javier Esparza, sostuvo que ahora se trata de dejar claro en el Amejoramiento la competencia exclusiva de Navarra y que será posteriormente, cuando ambos gobiernos pacten cómo se ejerce, cuando UPN defenderá que sigan la Guardia Civil y la Policía Foral en las carreteras, bajo el mando de esta última. Sostuvo que será algo que dependerá de María Chivite a la que ofreció el apoyo de UPN para lograrlo.

Acusó al PP de “antiforalista” y de hacer “un daño irreparable al régimen foral” por “priorizar sus intereses en Madrid”. Y rechazó el “mercadeo” que el presidente Pedro Sánchez ha realizado con esta transferencia en sus pactos en Madrid con Bildu y PNV, con “el aval” y el “silencio” de Chivite.

PSN CRITICA A UPN Y AL PP

Los socios del Gobierno y EH Bildu insistieron en que la Policía Foral debe asumir en exclusiva la competencia y portavoces como Pablo Azcona, de Geroa Bai, recordaron a Esparza que era lo que defendió en su día UPN.

El socialista Ramón Alzórriz señaló que “la mano tendida de UPN siempre es al cuello”. “No se puede estar nadando y guardando la ropa, señor Esparza”. Al PP, le dijo que “no hay atajos, o están con Navarra o contra Navarra”. “Si replican en Madrid ese voto asestarán una puñalada, la mayor traición contra Navarra cometida en toda su historia”.

Negó que los socialistas quieran expulsar a la Guardia Civil de las carreteras y recordó que el “mayor azote de esta competencia” es el diputado Sergio Sayas, del PP, que cuando estaba en UPN negoció el apoyo a la ley de Policías a cambio de impulsar una pasarela para que los guardias civiles de tráfico que quieran se incorporen a Policía Foral.

Carlos Guzmán, de Contigo Navarra, que defendió una Policía Foral “integral”, consideró un “debate interesado y falso el que pretende enfrentar de manera perversa” a este cuerpo con la Guardia Civil.

Laura Aznal, de EH Bildu, dijo sobre la sentencia del Supremo que “no es el primer ataque judicial contra Navarra” y que por eso había que “unir fuerzas”.

PP: "NO SEREMOS CÓMPLICES"

“Foralistas, los que más, y estamos a favor de adquirir competencias para mejorar el autogobierno”, pero “no vamos a ser cómplices de esto” , respondió Javier García, del PP. Afirmó que el cambio legal era una “trampa” para “despojar de sus funciones a la Guardia Civil de Tráfico en Navarra”, una “exigencia” de Bildu. “Hoy todos ustedes van a dar un paso más para ayudar al independentismo vasco a hacerse con Navarra”.

García señaló que lo que les sorprende y preocupa es la postura de UPN. “Hoy el PP votará en contra de utilizar nuestros Fueros como arma arrojadiza para promover la hispanofobia en Navarra”. Al igual que Esparza, dijo a la presidenta que está a tiempo de que la Guardia Civil de Tráfico continúe en la Comunidad.

En opinión de Emilio Jiménez, de Vox, este cambio legal es “una bajada de pantalones o de faldas ante los independentistas y bilduetarras”.