La consejera de Función Pública, Interior y Justicia, Amparo López, ha anunciado este martes que finalmente son 18 las plazas que se han tenido que sustituir en el concurso de estabilización de 396 plazas de administrativo por no cumplir el requisito de estar ocupadas temporalmente de modo ininterrumpido con mayor antigüedad como establece la normativa. "Por lo tanto, han tenido que ser eliminadas de la relación de vacantes del concurso de méritos para incluir otras 18 que efectivamente se ha comprobado que son más antiguas".

López se ha pronunciado así en una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Interior a la que ha acudido a petición del Partido Popular y por iniciativa propia.  López ha explicado que en este concurso de méritos se debían incorporar todas las plazas que quedaran como resultas en el concurso de traslados previo y para cubrir aquellas plazas en las que no hubiera resultas, se debían incorporar las plazas vacantes con ocupación temporal más antigua.

"Fueron 31 las plazas que no tenían resultas y las que, por lo tanto, se tenían que cubrir con las plazas vacantes más antiguas. Para seleccionar esas 31 plazas -ha continuado López- la Dirección General de Función Pública no cuenta con una herramienta que de forma automatizada incorpore las plazas vacantes de mayor antigüedad, sino que hay que realizar una extracción manual de las mismas, siendo en ese trámite administrativo manual en el que se produjo el error". López ha explicado que con la repetición de la elección de vacantes "se dota de garantía de legalidad a todo el proceso selectivo y, sobre todo, se garantizan desde el primer momento los derechos de todos los administrados evitando situaciones jurídicas imprevisibles que pudiera dictaminar la justicia".

SE ABRE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE VACANTES DESDE MAÑANA

Tras informar ayer a los sindicatos, Amparo López ha anunciado que esta mañana a primera hora se ha colgado en la ficha web del concurso de méritos la nueva resolución del director general de Función Pública por la que se determinan las 396 vacantes, se convoca el acto de elección de las mismas y se abre el plazo de 10 días hábiles para su elección.

Para facilitar a todas las personas participantes en este concurso de méritos esta nueva elección de vacantes el sistema permite mantener la elección que hicieron anteriormente y añadir simplemente las que procedan atendiendo a los nuevos destinos o bien optar voluntariamente por hacer un orden de elección nuevo por completo, destacándose así mismo en la relación de vacantes aquellas plazas que son nuevas para su fácil identificación por los aspirantes.

UPN Y PP PIDEN RESPONSABILIDADES

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez se ha preguntado si la inclusión de plazas en el concurso de méritos que no correspondían se ha tratado de un "error involuntario" o de un "acto de nepotismo". "Se dedican a tapar y a esconder, no la denuncia solo UPN o la oposición, también lo hacen los sindicatos de la Mesa General". Asimismo ha lamentado que no se le haya dado información antes de la comparecencia sobre las plazas afectadas, personas y departamentos, algo que "despejaría" las dudas de posible "prevaricación" que, ha afirmado, se dan entre algunos afectados. Asimismo, ha defendido la actuación del anterior jefe de sección de Régimen Jurídico "no sé si cesado o dimitido" por "plantarse y hacer valer su informe jurídico para salvaguardar los derechos de los trabajadores" y ha pedido "responsabilidades" a Amparo López y a su director general de Función Pública, Rashid Mohamed, "a quienes no he oído pedir perdón a los afectados". El director de Función Pública ha intervenido para desmentir el "relato" de que el jefe de servicio dimitido se hubiera encontrado "solo" defendiendo su postura, así como que haya sufrido algún tipo de "bullying" dentro del departamento, donde sigue trabajando.

Irene Royo (PP) ha reclamado también explicaciones "sobre un proceso de estabilización que no se ha llevado con suficente rigor y transparencia, como ha dado fe la prensa en estos meses". También ha subrayado que en este proceso  "no ha habido suficiente objetividad" y ha aludido a la dimisión de tres directores de régimen jurídico en siete meses como un elemento que lo alimenta.

Inmaculada Jurío (PSN) ha acusado a la oposición, especialmente a UPN, "de querer enmierdar" todo, "que algo queda", y ha recriminado el intento de "infundir la sospecha de que el Gobierno se han guardado plazas en este proceso" para no mover a determinadas personas. Una sospecha que Txomin González (EH Bildu) ha reconocido que sí se han planteado algunos empleados que se preguntan "si no hay algo más tras estos procesos tan cuestionables". González ha recordado que la normativa es muy clara para determinar cuáles son las plazas que se deberían haber incluido en la convocatoria y ha preguntado por las medidas adoptadas por el departamento para que no se vuelva a repetir" el error.

Blanca Regúlez (Geroa Bai) y Miguel Garrido (Contigo Navarra) han coincidido en recriminar a la parlamentaria de UPN Marta Álvarez que haya realizado insinuaciones de "prevaricación" "sin aportar ningún tipo de pruebas". Finalmente Emilio Jiménez (Vox) ha calificado de "grave" el error en la inclusión de 18 plazas que no correspondían y ha asegurado que la dimisión de los tres jefes del servicio de régimen jurídico "acrecenta" la sensación de falta de transparencia.