Diario de Navarra

Andrea Corera Rípodas es el nuevo rostro institucional de la Red de Lucha contra la Pobreza. Trabajadora social en la asociación para la prevención y el tratamiento de las adicciones Antox, ha llegado al cargo en un año especialmente activo para esta plataforma de 34 entidades, que está celebrando sus tres décadas de actividad con ponencias temáticas mensuales y que reclama “mayor peso de lo social” en el diseño de las políticas públicas. “Sí nos sentimos reconocidos como interlocutor de la Administración, pero tenemos que reforzar el papel del tercer sector”. Corera responde a la entrevista con el apoyo de Edurne Redín, director de la Red. Andrea Corera Rípodas, de Aoiz y nacida en 1987, estudió Trabajo Social en la UPNA, tiene un máster de formación permanente en Prevención y Tratamiento de Adicciones y un posgrado en Especialización de Juego Patológico y Adicciones Comportamentales. Trabaja en Antox (Asociación Navarra para la Investigación, Prevención y Tratamiento de Adicciones) desde 2010. La comunidad terapéutica Larraingoa está ubicada en el valle de Erro, que en el último año atendió a 69 personas. “Es un trabajo duro. Si a algo aprendes es a sobrevivir en la incertidumbre”. Navarra es la comunidad en la que más ha crecido el riesgo de pobreza y exclusión en el último año pese a seguir manteniendo una posición privilegiada. ¿Qué lectura hacen? Estamos mejor que otras comunidades, pero no podemos caer en la autocomplacencia. La evolución a lo largo de los años nos muestra que es urgente poner medidas ya que los datos no están mejorando, y eso significa que no estamos logrando volver a retornar a esas personas a una situación de inclusión social. No se trata de perdernos en el cruce de datos, en el cifra arriba o abajo, sino que nos tienen que servir para establecer una estrategia, una hoja de ruta. ¿Cuáles serían las líneas maestras de esa estrategia? En Navarra tenemos desarrollada una garantía de prestaciones económicas. Hay un derecho a Renta Garantizada y eso lo hemos hecho muy bien. Sin embargo, el derecho a la inclusión, que también viene regulado en esa misma ley, es lo que no se está acabando de garantizar. Dar una aportación económica cada mes no garantiza que esas capas de la población puedan dar el salto al empleo, al acceso a una vivienda, a garantizarse una salud adecuada o una formación. Por eso reclamamos políticas activas. ¿Pero en qué se traduce exactamente el derecho a la inclusión? Cada persona tiene unas necesidades distintas. Desde la falta de formación, un problema médico que no sabe solucionar, no ser capaz de dejar determinados consumos, carencia de habilidades sociales para relacionarse en un entorno laboral, problemas con el pago de la vivienda. Dar respuesta a estas necesidades es lo que finalmente te ayuda a saber gestionar tu vida. Por eso, lo que reclamamos es que haya un acompañamiento social, profesionales que ayuden en cada situación particular a lograr esos objetivos para lograr una inclusión real. ¿Y esto supone reforzar recursos, crear otros nuevos, aumentar plantillas? A veces la sobresaturación de algunos recursos hace que se atienda solamente la urgencia y se deje de lado este tipo de intervención, que es más a largo plazo. Además, los servicios sociales están muy saturados porque no sólo atienden a personas en situación de exclusión social, sino que los necesitan cada vez más las personas mayores. La demanda es alta y lo va a ser más, y estos recursos no están dimensionados. La Renta Garantizada supone en torno a 100 millones de euros públicos al año. ¿Es viable ese incremento de la inversión que piden para llegar a todo? Lo que nos va a definir como sociedad es la capacidad de respuesta que podamos dar a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Y de hecho, cuantas más personas saquemos de la Renta Garantizada, más dinero habrá disponible para todos estos procesos. ¿No es el empleo el mejor garante de la inclusión social de una persona? Es un pilar básico, pero no es el único. Por un lado, hay personas en una situación tan cronificada de exclusión que no van a acceder al empleo. Por otro lado, lo que decimos es que no solo el empleo incluye. Y por último, habría que hablar de la calidad del empleo. Hoy en día hablamos de trabajadores jóvenes. La calidad del empleo ha cambiado, tanto en temporalidad como en salario. Aunque tengas un empleo, en ocasiones no puedes llegar a fin de mes, o dar de comer a tus hijos, o pagar la hipotecarios o tener la vivienda con una temperatura adecuada. ¿Funcionan los estímulos al empleo que contempla la Renta Garantizada? Las personas que están cobrándola normalmente tienen un perfil más bajo en cuanto a la empleabilidad. Llevan tiempo en desempleo y eso ya hace más complicado acceder a un empleo. Por otro lado, hay muchas personas que tienen una formación muy pequeñita, de modo que en un entorno de alta competitividad no suelen ser los mejores perfiles. En aquellos casos en los que son seleccionados, normalmente la gente quiere trabajar. El trabajo no solo te asegura unos ingresos, también da una estructura en la vida que es muy importante. ¿Se tiene poco en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas la brecha territorial entre Norte y Sur? Territorialmente Navarra es muy diferente, tanto socialmente como a nivel de industria o de desarrollo económico. Hay una bolsa de pobreza que es mucho más agudizada en el Sur que en el Norte. Por otro lado, en la Ribera el campo permite acceder a un empleo a personas que tienen muchas dificultades en otros sectores, aunque son empleos muy duros. A la hora de intervenir hay que tener todo esto en cuenta. Nosotros reclamamos que, independientemente de la localidad en la que estén, se garanticen los derechos sociales de las personas. Hay muchos servicios y recursos muy centralizados en Pamplona y Comarca. ¿Qué me dice del problema del acceso a la vivienda? Pues que es el gran tema, el gran escollo con el que se encuentra la gente. El número de personas que en situación de pobreza o exclusión social destinan más del 40% de su renta a la vivienda es absolutamente brutal. La exclusión residencial nos preocupa muchísimo. Hay situaciones de hacinamiento brutales, se han llegado a alquilar hasta pasillos. Se están alquilando infraviviendas, edificios con problemas estructurales, con problemas de humedades, que afectan a la salud. ¿Y cómo se le pone coto a esto? Al final es una actividad económica. Lo que pedimos es que se controle, que se hagan inspecciones para que estas situaciones no se den. Hablemos de sinhogarismo. ¿Entienden la polémica ahora por que se paguen billetes de autobús cuando es algo que se lleva haciendo muchos años dentro del programa de itinerantes? Mínimo, 10 años. Siempre ha habido dos programas, el de empadronados y el de itinerantes. Este segundo siempre ha contemplado una estancia de 3 días y un billete, normalmente a las comunidades limítrofes. Hace poco tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Pamplona y nos comentaban que el número de billetes de marzo de 2024 era similar al de hace justo un año. No entendemos muy bien por qué se ha provocado el revuelo. Para la Red, por supuesto, este tipo de recursos para itinerantes tienen que seguir existiendo, pero sin olvidar que son un servicio casi de emergencia. Hay que apostar por un trabajo de acompañamiento a largo plazo que saque a esas personas en el pozo tan profundo en el que están. El perfil de la persona sin hogar ha cambiado en los últimos años. ¿Es necesario articular programas específicos para los jóvenes migrantes? Son personas que se han visto obligadas a salir de su país porque no tenían futuro. Habría que articular algún recurso específico para estas personas, porque quedan fuera del paraguas de itinerantes y empadronados y presentan demandas específicas, como el aprendizaje del castellano o la regularización de su situación para poder trabajar. Sin olvidar que estos programas daban una respuesta que no era suficiente, porque hay una serie de realidades que no han sido trabajadas. Hablamos, por ejemplo, de las personas con patologías duales, con consumos de sustancias, a las que siempre se les ha dejado literalmente en la calle. Y luego está el tema de la mujer. "Antox ha tenido que cerrar el tratamiento ambulatorio" ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Antox, asociación que trabaja en el ámbito de las adicciones? Desde 2010. Había tenido otros empleos en la juventud, pero tuve la gran suerte de que, después de terminar mi etapa universitaria, me llamaran para trabajar en la comunidad terapéutica de Larraingoa. ¿Cuántas personas trabajadoras hay? En este momento 25. Somos un equipo multidisciplinar y multigeneracional, porque hay personas del equipo que arrancó Antox hace 43 años, y eso es una riqueza para los que nos hemos incorporado después. Antox lleva todo este tiempo atendiendo ininterrumpidamente, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Cuántas personas atienden al año? En este último año hemos atendido 73 casos correspondientes a 69 personas, ya que 4 de ellos han sido reingresos. Estamos hablando de 62 hombres y 7 mujeres. La desproporción entre hombres y mujeres sigue siendo enorme. Sí, y este año la brecha todavía ha sido mayor que otros. ¿A qué lo atribuyen?¿A las mujeres les cuesta más pedir ayuda? Tiene que ver con los condicionantes de género y también con que no estamos ofertando los recursos adecuados para las mujeres. ¿Qué quiere decir? La comunidad terapéutica es un entorno muy masculinizado. Es un entorno residencial convivencial y es muy duro. Igual que ocurre con el sinhogarismo, cuando la mujer llega ya está en una situación de bastante cronicidad. Llegan más deterioradas, piden ayuda más tarde, porque antes siempre tienen que atender a otras personas. Además, llegan solas. Ellas acompañan al resto, pero cuando les toca, suelen acudir solas. Creo que estamos en deuda con las mujeres y tenemos que pensar en recursos específicos ajustados a sus necesidades. ¿Qué sustancias motivan con mayor frecuencia los ingresos? La primera es el alcohol, con el 33% de los casos. Después siguen la cocaína y las anfetaminas. Además, Estamos teniendo cada vez más casos de personas con medidas judiciales. Desde Antox reclaman con insistencia al Gobierno de Navarra la actualización del concierto que tienen. En este momento la situación es ya insostenible. Estamos funcionando con un concierto completamente desactualizado, firmado en 2019 pero con precios de 2017, así que lo tenemos que apuntalar con otras subvenciones. Es cierto que es un concierto a 9 años y eso nos da mucha estabilidad, pero con lo que nos financia no llegamos a cubrir el tratamiento integral que consideramos que es necesario. El precio de la plaza es fijo, ¿El concierto no cubre el tratamiento ambulatorio? No, lo hemos tenido que cerrar, porque ya no cuenta con financiación. Lo que sí hemos mantenido es el programa de tratamiento post-alta, que consideramos necesario, y que no está tampoco actualmente financiado. Lo llevamos a cabo en la sede que tenemos en la Rochapea. Los 9 meses de ingreso en comunidad, que son prorrogables hasta al año, no son suficientes para que una persona consolide los cambios. Es muy importante el acompañamiento posterior. ¿Y cómo lo financian? Destinando muchísimos esfuerzos a encontrar financiación en otros espacios para poder garantizar un tratamiento integral. ¿Cuánta gente accede a este tratamiento post-alta? Lo solicitan prácticamente el 100% de las personas que terminan el programa de comunidad terapéutica. Después, es verdad que sucede una cosa que tiene que ver con el tema territorial, y es que no todos lo pueden hacer porque hay gente que reside en otras zonas, como la Ribera. Desde la pandemia pusimos en marcha otros sistemas, como la atención online, que en algunos casos funciona y en otros no. Todo depende de la persona. ¿Consideran que el ámbito de las adicciones no está lo suficientemente atendido por las instituciones? Somos una asignatura pendiente dentro del departamento de Salud. Las entidades estamos en una situación de subsistencia, garantizando como podemos los tratamientos. Creemos que es un momento extraordinario para sentarnos a hablar con la Administración y diseñar una hoja de ruta, para establecer esa mirada tan necesaria conjunta entre la prevención y la asistencia.

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Red de Lucha contra la Pobreza: "Siempre se han dado billetes de autobús a las personas itinerantes sin hogar"

Andrea Corera es la nueva presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza, que integra 34 entidades y que conmemora su 30 aniversario en un año marcado por el sinhogarismo, la exclusión residencial y el empeoramiento de los datos de la tasa AROPE

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