El 90% de las denuncias por desaparición que llegan a los cuerpos policiales se resuelven en las primeras 48 horas o menos, por lo que el mensaje unánime de todos los responsables que han comparecido en una jornada celebrada en el Parlamento fue en la misma dirección: es vital, en el sentido literal de la palabra, denunciar la situación cuanto antes. Y, a pesar de la casuística variopinta que implica este tema (con menores como protagonistas, personas mayores con deterioro cognitivo, perfiles con riesgo autolítico o ausencias relacionadas con algún hecho violento, entre otros) no es algo ajeno precisamente al día a día de los agentes. Se trata de un fenómeno creciente, con importante impacto social. Además, los familiares o allegados, víctimas también de esa incertidumbre en la situación, viven con gran angustia todo lo relacionado alrededor de la búsqueda.

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Pablo De la Fuente, miembro de la brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral y primer ponente de la sesión, indicó que solo en el cuerpo autonómico tienen conocimiento de una media de entre 120 y 160 desapariciones cada año, un 67% de ellas de menores de edad. Varios de estos casos que engrosan la estadística se corresponden con ausencias voluntarias de jóvenes que un fin de semana salen de fiesta y no regresan a casa hasta el domingo por la noche, aunque también se hacen gestiones para su localización, matiza De la Fuente. Del porcentaje relativo a los mayores de edad, un 40% es catalogada por los policías como vitales, un concepto que implica que de esa marcha pueden derivarse riesgos de importancia. “En ese porcentaje, un 39% del total de casos, es cuando decimos que trabajamos contrarreloj. Como en cualquier tipo delictivo, las primeras horas son fundamentales para lograr el esclarecimiento”.

Todos los años tienen algún ejemplo de carne y hueso que revela el por qué de esa premura. “Nosotros decimos que cada cierto tiempo nos topamos con una persona a la que, por minutos, evitamos un desenlace fatal y se le da una segunda oportunidad”, comentó, en relación al 11% de casos que no se resuelve en los dos primeros días. De ellos, un tercio concluirá en el resultado fatal de no encontrar nada o, de hacerlo, hallar un cadáver . “Querríamos reducir esa cifra”.

NO ESPERAR 24 HORAS

Por eso, en los casos en los que pueda atisbarse cualquier indicio preocupante (sospecha de un posible crimen, un deterioro cognitivo o un intento de suicidio), De la Fuente repitió el mantra de no esperar 24 horas para dirigirse a la comisaría e interponer denuncia. Asimismo, aprovechando la visita al Parlamento foral y la presencia de varios representantes políticos entre el público, pidió su apoyo y colaboración para conseguir “avances legislativos que faciliten conseguir una segunda oportunidad para más personas”. “Es el caso de facilitar la obtención de autorizaciones judiciales para ubicar datos de un teléfono móvil. Sabemos que muchas veces no hay un delito en las circunstancias que rodean estas investigaciones, pero sí un problema”. Solicitó también más recursos técnicos y humanos porque dio fe de que se trata de “un problema muy gordo”. En su caso personal, agradeció la “agilidad” de los jueces de instrucción con los que están habituados a trabajar. “Hay una concienciación y yo he obtenido intervenciones telefónicas en una mañana”.

LOS DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA

La sesión se completó con las comparecencias de Roberto Bravo, bombero del parque de Oronoz y voluntario del grupo de perros de salvamento, que habló sobre criterios de búsqueda en grandes áreas del medio natural; Hugo Prieto, comisario de la Ertzaintza o Elena Aisa, presidenta de Besarkada, asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido.

Elena (nombre falso) acude al domicilio de su padre, José María, que tiene 78 años y padece alzheimer. Al llegar al rellano se encuentra las llaves puestas en el bombín de la puerta. Abre y llama a su padre. No obtiene respuesta. Lo busca por las estancias de la casa y no lo encuentra. Media hora después, denuncia su desaparición en una comisaría. La agente que la atiende elabora una ficha con sus datos y adjunta una fotografía de José María. Paralelamente, el vídeo muestra a este hombre mayor deambulando desorientado. Es mediodía de un día de fuerte calor. Cansado y sediento, se sienta en un banco en un parque. Dos chavales jóvenes se fijan en él y se acercan. le ofrecen agua y comprueban que no está bien. A través de la aplicación AlertCorp, dan noticia a los cuerpos policiales, señalando que han encontrado a una persona que parece perdida, compartiendo además su ubicación. No ha pasado hora y media y el vídeo concluye con el reencuentro entre padre e hija. Marcial Bravo y Julio Pavón, comandante de Guardia Civil e inspector de Policía Nacional, respectivamente, trabajan en el Centro Nacional de Desaparecidos, institución adscrita al Ministerio del Interior creada a modo de base de datos común entre los cuerpos policiales, que centraliza este tipo de denuncias, así como protocolos de actuación o realiza labores de prevención y sensibilización. “La de los desaparecidos se ha convertido en una problemática de Estado y se trata de un fenómeno complejo y multifacético”, contextualizaron. En los datos que ofrecieron, el grado de resolución de este tipo de denuncias es altísimo (94% en España, que subieron hasta el 97% en Navarra). El perfil mayoritario es el de un hombre, mayor de edad, de nacionalidad española, que ha desaparecido voluntariamente, pero animaron a no bajar la guardia hasta comprobar este extremo en cualquier caso. “Indagar en las causas de esa desaparición, sobre todo en lo relativo a perfiles vulnerables, es fundamental. Se trabaja en una valoración del riesgo de cada caso y los más preocupantes son aquellas situaciones de riesgo medio (sufrir lesiones), alto (componente autolítico) y extremo (homicidio). El lema que machacamos y tratamos de extender es el de actuar con rapidez. Las primeras horas son las únicas”.