La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha negado este martes que la Comunidad Foral vaya a reconocer como víctima política al Partido Carlista por los sucesos de Montejurra del 9 mayo de 1976.

En una comparecencia en el Parlamento Foral, Ollo ha explicado que “ninguna de las leyes de víctimas, ya sea la Ley de Víctimas de la memoria franquista, la Ley de Víctimas terroristas o la Ley de Víctimas de Violencia policial, menciona el reconocimiento a partidos, organizaciones o personas”.

Por lo tanto, “el Gobierno de Navarra no puede reconocer al Partido Carlista, independientemente de si merece o no ese reconocimiento”.

Sin embargo, “debo recordar que estas personas fueron reconocidas como víctimas del terrorismo”, ha dicho la consejera, y “además, han sido indemnizadas según la Ley Foral de Navarra, recibiendo la indemnización correspondiente”, por lo que “son víctimas reconocidas”.

Ollo respondía así en comisión a Adolfo Araiz, parlamentario de EH Bildu, quien le ha replicado que “la ley estatal sí que reconoce a las entidades, a las personas jurídicas”.

Por lo tanto, “la ley estatal sí que tiene la potestad de reconocimiento a partidos políticos y asociaciones”, algo que “en la de Navarra no tenemos”.

Sobre la señalización del monolito situado junto al monasterio dedicado a las personas que fueron asesinadas en los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976 Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, Ollo ha afirmado que el procedimiento está en marcha.

La consejera ha justificado el retraso por el calendario electoral y las modificaciones realizadas en la Comisión Técnica de Memoria Histórica.

“En la primera sesión de esta legislatura de dicha comisión se trató el tema del monolito, y anuncié que el Gobierno de Navarra iniciará el proceso para declarar este monolito como lugar de memoria histórica”, ha dicho.

Por eso, “estamos en el trámite de aprobar la Orden Foral y elaborar la resolución de inicio de procedimiento una vez concluidos los trámites de audiencia”.

Araiz le ha contestado que espera que el desarrollo del procedimiento no encuentre más obstáculos y que no se encuentren dentro de un año con su caducidad, "ya que la ley establece que, si en 12 meses no se resuelve definitivamente, el procedimiento caduca y no puede reabrirse hasta pasados tres años”.