La vicepresidenta segunda y consejera Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha manifestado este jueves que espera que el Palacio de Rozalejo sea la sede del Instituto de Memoria a principios de 2025. Además, ha confiado que "en breve" el Gobierno apruebe el nuevo Decreto Foral que regula los méritos para el acceso a las Administraciones Públicas navarras.

Ollo ha comparecido en el Parlamento para exponer las líneas de trabajo que desarrollará su departamento esta legislatura y ha señalado que Rozalejo es "una importante apuesta para dotar de una sede fija y simbólica al Instituto de la Memoria y la Dirección General de Memoria y Convivencia y que esperemos esté dispuesta a principios del 2025". Asimismo, ha señalado que se va a empezar a trabajar en el futuro del Monumento de los Caídos, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

La consejera ha señalado, en el ámbito de la memoria, que desde el departamento seguirán "recuperando la historia de aquellas personas que, en 1936 y en los años del franquismo hasta nuestros días, defendieron los valores de libertad y democracia". Y ha precisado que continuarán con el desarrollo de las leyes estatales y forales de memoria democrática, "trabajando en la actualización y divulgación del mapa de fosas, así como en las exhumaciones e identificaciones de los todavía centenares de desaparecidos".

Ha explicado que seguirán abordando la actualización del censo de simbología franquista en Navarra, "de modo que se pueda seguir avanzando en la eliminación de dicha simbología en el espacio público navarro, así como en la retirada de condecoraciones a destacados representantes".

Ollo ha detallado que en próximas semanas se reunirá con el secretario de Estado de Memoria Democrática con el fin de avanzar en el protocolo en el que desde el mes de marzo están intercambiando ambas administraciones para que el Fuerte de San Cristóbal sea un lugar de memoria y pueda ser visitado.

La consejera ha señalado que trabajarán, "con el máximo consenso", en una modificación de la actual ley foral de Víctimas del Terrorismo para "actualizarla y adecuarla al problema actual del colectivo de víctimas". También, en el desarrollo de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, impulsando la Comisión de Reconocimiento y Reparación. "En breve espero tengamos ya los primeros reconocimientos a víctimas de violencia política, de funcionarios públicos o de grupos de extrema derecha", ha comentado.