El pasado jueves, la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno foral, Elma Saiz, anunciaba que Navarra trabajaba en un incremento salarial del 3% para los funcionarios en el proyecto de Presupuestos que negocia con los grupos políticos estos días. 

Esa misma tarde, el Ministerio de Hacienda trasladó a los principales sindicatos de Función Pública de la Administración del Estado -UGT; CC OO y CSIF- su oferta de pactar una subida del 8% a repartir en tres años, como forma de evitar la pérdida de poder adquisitivo que, a todas luces , se producirá este año. 

Al tratarse de legislación básica, Navarra debe aplicar el incremento que pacte el Estado para los empleados públicos, en este caso, a los cerca de 40.000 empleados de las Administraciones públicas de Navarra, incluidas también las corporaciones locales.

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Tras alcanzar este lunes el Gobierno con UGT y CC OO un pacto para tres años, lo que está claro es que la subida final para el año en curso será del 3,5%. Como Navarra, al igual que la Administración general del Estado ya adelantó una subida del 2% en enero, quedaría por pagar ese 1,5% adicional compensatorio por el IPC disparado del año, con efecto retroactivo, a los funcionarios navarros.

También está clara la subida que se les abonará inicialmente en 2023, de un 2,5%, y el incremento del 2% que se abonaría desde enero de 2024. Sin embargo, por primera vez, se ha introducido el concepto de primas variables en función de cómo suban el IPC y el PIB en el conjunto del año, que podrían desembocar en una subida adicional del 0,5% o 1% en 2023 y en otra subida añadida del 0,5% en 2024. Por ahora, se desconoce si el Gobierno foral está obligado a abonar de igual modo y en qué momento dichas primas a los funcionarios navarros. 

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