Suben un 34% las personas que acuden a la justicia para cancelar sus deudas en Navarra

Las personas que acudieron el año pasado a la justicia para que les exonerara de deudas inasumibles aumentaron un 34% con respecto al año anterior, al pasar de los 44 casos de 2020 a los 59 de 2021. Lo hicieron gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, la que permite que las personas físicas puedan solicitar un concurso al igual que las empresas, y que puedan así volver a empezar de cero sin que los acreedores puedan volver a reclamar la deuda. El último caso conocido en Navarra se dio hace unos días, cuando un transportista autónomo logró que el juzgado le cancelara una deuda de más de 375.000 euros. La citada ley va a ser objeto de una reforma y solo queda pendiente el paso por el Senado. Lo que se mantendrá a grandes rasgos serán los requisitos para acogerse a estos concursos. Lo primero que exige el texto actual es que se haya intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores privados. Un paso difícil de concretar, porque la mayoría de las personas que llega a un concurso lo hace con deudas inasumibles, pero un paso que abre la puerta a que se conceda la exoneración. Es una forma de demostrar que se actúa de buena fe. Una vez superado este requisito, ante notario y con mediador, si el deudor no cuenta con antecedentes penales por estafa o delitos económico, si no tiene unas deudas que superen los 5 millones de euros y ha intentado el acuerdo de mediación, ya puede someterse al procedimiento de segunda oportunidad y solicitar la condonación de la deuda. Para que un juez la apruebe, es necesario que el concurso no sea declarado culpable. Es decir, que el endeudamiento no se haya producido o agravado por la culpa grave o intencionalidad del deudor. Entre las acciones que se penalizan está el incumplir con la obligación de llevar la contabilidad o cometer irregularidades, presentar documentos falsos o con inexactitudes graves en el procedimiento judicial... Una vez cumplidos todos estos requisitos, si la persona abona todos las deudas generadas durante el concurso (crédito contra la masa) y no tiene deuda pública, el juez puede concederle la exoneración de la deuda. Y al igual que ocurre con los concurso de una empresa, el acreedor no podrá reclamar las deudas. Solo Hacienda y la Seguridad Social, tal y como consta en la reforma de la ley pendiente de su aprobación en el Senado, sí podrán reclamar todo lo que exceda de 20.000 euros. La segunda opción que se da es cuando el deudor no ha abonado el crédito contra la masa y además tiene deudas públicas. En esta situación, tendrá que someterse a un plan de pagos fijado por el juez durante los siguientes cinco años. Si al finalizar no ha conseguido devolver todo, pero acredita que ha dedicado un porcentaje establecido de sus ingresos a hacerlo, también podrá conseguir la exoneración del total de la deuda al finalizar ese plazo. El Pleno del Congreso acaba de aprobar sin votos en contra el proyecto de ley de reforma la Ley Concursal, apoyada por el Gobierno y sus socios de investidura, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos se abstuvieron. Una ley que introduce cambios en la Ley de Segunda Oportunidad. Entre ellos, el más criticado por los despachos especializados es que la reforma ya no exonera a los deudores de la deuda con los organismos públicos, sino que solo lo hace con un mínimo. Las exoneraciones previstas en el proyecto de hasta 1.000 euros frente a Hacienda y otros 1.000 euros con la Seguridad Social se elevan hasta 10.000 euros para las personas físicas. Este nivel de exoneración, según estimaciones expuestas en el debate en base a los datos del Consejo General del Poder Judicial, permitirá una exoneración en plenitud a más del 90% de deudores. Sin embargo, ya no contempla la exoneración total de la deuda pública. La nueva ley también acaba con la vinculación del crédito público a los planes de reestructuración, de continuación o de apertura de negocio, limitándose la ejecución sobre bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial por deudas con Hacienda y Seguridad Social. En este sentido, la aprobación y homologación de los planes de continuación no requerirán de aprobación siempre que las quitas con la Administración no superen el 15%. Asimismo, se podrá solicitar el aplazamiento y el fraccionamiento de crédito con Hacienda en período voluntario sin necesidad de garantías hasta 30.000 euros. La abogada tudela María Gracia Iribarren fue una pionera en Navarra con la Ley de la Segunda Oportunidad. Tras formarse en Barcelona, donde más se dinamizó este procedimiento desde el inicio, desde 2015 ha llevado decenas de casos de personas que quieren cancelar sus deudas. Usted es defensora de esta ley y pionera de su fomento en Navarra, ¿por qué? A consecuencia de la crisis del 2008, muchos de los clientes del bufete tenían problemas de endeudamiento. Soy administradora y mediadora concursal, y buscaba soluciones. En el momento que se publicó la ley de 2015, me comencé a formar con un grupo del colegio de Barcelona que fueron pioneros en el estudio y la aplicación de la ley, y que están haciendo una gran labor de divulgación. Mi motivación no es otra que intentar obtener para mis clientes una real y efectiva segunda oportunidad en la vida, para volver a empezar de cero y que, si lo desean, emprendan nuevos proyectos. La Segunda Oportunidad cada vez es más conocida, pero aún son pocos casos, ¿a qué se debe? A pesar de que existía en casi todos los países de nuestro entorno, en España, hasta su publicación, un deudor respondía de sus deudas con todos los bienes presentes y futuros. Al principio cuando les planteaba a mis clientes esta solución, me miraban sorprendidos y algunos me decían: ‘¡Esto es mentira!’. ¿Qué perfiles y situaciones son los más comunes? Hay mucho deudor cuyas deudas provienen de la crisis del 2008 y que eran empresarios que habían avalado créditos de sus empresas que se vieron abocados al cierre. A muchos de ellos se le han derivado las deudas de la empresa por parte de Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social. En otros deudores que no eran autónomos, el endeudamiento viene determinado por la perdida de trabajo, la imposibilidad de pagar las hipotecas de las viviendas, y otros créditos que hubiesen solicitado al banco. ¿Aprecia alguna evolución en la respuesta judicial en estos años? Los Juzgados de lo Mercantil tienen sobrada experiencia en temas concursales. El problema es que los de Primera Instancia, competentes para las personas físicas no empresarias, han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Con la nueva ley que se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados, todo los concurso sin distinción serán competencia del Juzgado de lo Mercantil. ¿Y qué cree que puede suponer este cambio? Este cambio había sido solicitado por quienes tienen contacto con este tipo de expedientes judiciales. El hecho de que sean juzgados especializados dará más agilidad al proceso y más seguridad jurídica. LA REFORMA DE LA LEY ¿Y qué le parece la reforma de la Ley en general? Tiene cosas positivas. Por ejemplo, ha mejorado al permitir la posibilidad de proteger la vivienda habitual. Pero la modificación del tratamiento del Crédito Público lo único que va a generar es que personas que con la ley del 2015 han podido salir adelante, con esta nueva ley la Segunda Oportunidad no le sea un mecanismo efectivo. Y esto es porque ahora el máximo del crédito público que se exonerará será de 20.000 euros y los intereses también se considerarán crédito que hay que pagar, lo que va a hacer que muchos no puedan volver a la vida civil y a recuperar una situación que les permita volver a empezar. Es curioso que se hable tanto de que hacen falta emprendedores, y que después estos emprendedores, si tienen un fracaso del cual no se les puede culpabilizar, se vean abocados a vivir fuera del sistema en muchas ocasiones por tener crédito público que no se va a exonerar. ¿Cómo reaccionan los clientes cuando se les exonera de deudas tan elevadas? Para ellos es un volver a empezar: pueden contratar un móvil, tener una cuenta corriente que no se les embargue. Son personas que han tenido una mala experiencia económica, y que durante muchos años han estado fuera del sistema. Cuando les comunicas que ya se les han exonerado las deudas, algunos lloran de alegría, no se lo acaban de creer. ¿Algún caso que le haya llegado especialmente? Hay algunos casos que por su cuantía y la situación de la familia te afectan más, dado que entre los endeudados, lógicamente hay algunos que han podido seguir hacia delante por que su entorno familiar les ayudaba, pero otros no tenían ni esa posibilidad. Familias con niños pequeños sobre todo, a través de esta herramienta vuelven a tener la oportunidad de vivir una situación de normalidad financiera y atender sus necesidades más básicas. Y al contrario, ¿cómo reaccionan las personas o entidades que ya no pueden reclamar esa deuda? Con resignación, a nadie le gusta que le deban dinero y no se lo paguen. Pero el endeudamiento muchas veces es una rueda: el que debe, en muchas ocasiones es porque a el también le han dejado a deber. Lo que no tiene sentido es que una empresa haga concurso, y deje a muchos acreedores sin pagar y una persona física hasta el año 2015, tuviese que seguir con la deuda de por vida.

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