La limitación del alquiler, supeditada a lo que diga la Ley nacional

Navarra pondrá en marcha un Registro de Contratos de Arrendamiento en el que deberán inscribirse todos los alquileres de vivienda, permitiendo a la Administración foral un conocimiento extenso y ajustado sobre los precios. La finalidad es determinar las zonas “tensionadas” por los precios de los alquileres para, desde allí, articular medidas que puedan incidir en los precios. Pero la definición de estas zonas tensionadas dependerá en última instancia de lo que se aprueba en la Ley estatal de Vivienda y de ahí que ayer la socialista Arantza Biurrun admitiera sin ambages que su partido tuvo dudas a la hora de incluir en la futura ley navarra dos artículos, relativos a esos mercados tensionados y paso previo para articular el control de los precios de los alquileres, que no podrán entrar en vigor a la espera de conocer cómo esta opción se articula en la ley estatal. “Los dos artículos entrarán en vigor cuando jurídicamente sea posible. Hemos apostado por dejar el trabajo hecho para que, cuando se habilite en el Estado, esta medida se pueda desarrollar”, justificó. Una defensa que no gustó al portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien la utilizó al inicio de su turno de réplica como ejemplo, dijo, “de la perversión de todo este debate sobre la ley de vivienda” y para poner de manifiesto el “papelón” de algunas formaciones. “Aquí hay un gobierno de diferentes pero sin acuerdo y no es la política que necesita esta comunidad” para renglón seguido hacer hincapié en que “el derecho a la vivienda lo tienen que garantizar los poderes públicos y con esta ley lo único que se va a hacer es dificultar el derecho a la vivienda. Estamos en contra de su pacto y por eso vamos a votar en contra. Es un paripé”, concluyó. “No hay un acuerdo escrito, que lo saquen”, le replicó Biurrun.

“Alcanzamos un acuerdo que contemplaba enmiendas y acuerdos políticos pero no se firmó. Se acababa el plazo y se podía echar por tierra todo el trabajo. Tomamos una decisión y no fue fácil: dejar a un lado nuestra posición y priorizar el acuerdo registrando las enmiendas que sustanciaron dicho acuerdo. Existía un acuerdo político y vamos a ver si se reconduce”. El portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, habló ayer con todo lujo de detalles del frustrado acuerdo a cinco (PSN, Geroa, Bildu, Podemos e I-E) sobre vivienda llegando incluso a leer algunos de los compromisos políticos que las formaciones llegaron a plasmar por escrito en un documento como abrir en el plazo de seis meses un debate sobre la participación de la sociedad y su representación pública en las plusvalías generadas por la acción urbanística, realizar un estudio de la idoneidad de plantear parcelas sin obligatoriedad de construcción de aparcamientos vinculados y sobre la creación de la figura del alojamiento dotacional transitorio con el objetivo de satisfacer las necesidades temporales de habitación de las personas. “¿Dónde está el acuerdo ? ¡Si me lo enseñan!”, llegaba a plantear el pasado 31 de mayo el portavoz socialista Ramón Alzórriz cuando fue preguntado por este acuerdo. Y ayer la portavoz de Vivienda repitió estrategia: “No hay un acuerdo escrito, que lo saquen. Se ha trabajado entre bambalinas”, deslizó en un intento por zanjar un debate en el que tampoco quiso entrar Geroa Bai. “No voy a entrar al debate que nos ha llevado a estos acuerdos”, dijo su portavoz Ana Ansa. En la misma línea, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, renunciaba a hablar “del desenlace que nos iba a llevar al traste. Más explícita fue Marisa de Simon. “Estamos aquí con lo que yo entendía que había un acuerdo”. Con todo, y tras lanzar una llamada de atención a los socios de Gobierno dijo que su grupo mantendría la palabra dada y los acuerdos.