Carreteras
Un tramo de la N-121-A costará 3 millones de euros sobre lo previsto, un 29,3% más
El Gobierno navarro acuerda modificar el contrato de la obra 2+1 entre la travesía de Olave y Lantz (12 km), en contra del criterio del interventor
Publicado el 24/05/2022 a las 06:00
El Gobierno de Navarra ha dado luz verde a modificar el contrato de obras de un tramo de la N-121-A en la que se está construyendo la vía 2+1, lo que incrementará en 3,18 millones de euros su coste, un 29,33% sobre lo previsto. Son 12 kilómetros que discurren entre la travesía de Olave y Lantz.
El cambio de contrato y consiguiente sobrecoste fue una decisión del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno que dirige el consejero socialista Bernardo Ciriza, pero contó con el criterio en contra del director general de Intervención, que es el encargado de controlar y velar por la legalidad del gasto público. Como ocurre cuando hay una discrepancia con el interventor, la decisión final la ha adoptado el Ejecutivo, acuerdo que aprobó el 27 de abril en favor de Cohesión Territorial. El importe inicial de la adjudicación era de 10.844.559 euros y se elevará a 14.025.145 de euros.
DESACUERDO DEL INTERVENTOR
La ley foral de Contratos públicos limita las modificaciones de un contrato a las que sean indispensables para responder a una causa objetiva que las haga necesarias. Para cambiar el contrato se deben dar “circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente”, recuerda el Ejecutivo en su acuerdo.
La intervención general consideró, tras examinar el expediente, que no se habían producido esas circunstancias imprevisibles. Al revés, sostuvo que la propuesta técnica que motivó esos cambios se podía haber realizado antes de licitar las obras.
Cohesión Territorial defendió que sí hubo circunstancias “sobrevenidas e imprevisibles” que se detectaron en su mayor parte en la fase de obra.
QUÉ CAMBIOS SE VAN A HACER
El departamento, tras señalar que el proyecto constructivo se encargó en 2017, detalla que está descatalogada la barrera de seguridad prevista inicialmente, que se deben incorporar nuevos avances tecnológicos (entre los que cita canalización de cámaras, nuevas luminarias o fibra óptica corporativa) y que hubo otras circunstancias “sobrevenidas” durante la fase de obra que ocasionaron ese incremento (especifica varios como reposición de servicios no conocidos, ocupación de terrenos posteriores a la fase de proyecto o evolución de deterioros de la carretera).
Cohesión Territorial, según indica el Ejecutivo en su acuerdo, alertó de las consecuencias de suspender esta obra en una carretera de alta intensidad de tráfico que está “en estado de precariedad” desde el punto de vista de la seguridad vial.
El acuerdo del Gobierno recoge que si no se realizaban las modificaciones y se iniciaba una nueva licitación, hubiese supuesto un “sobrecoste” por la necesidad de realizar un inventario de la obra realizada y el aumento del precio de los materiales. La nueva obra se hubiese demorado “año y medio”, añade el Ejecutivo.
