El Gobierno de Navarra apoya tomar en consideración la modificación de la ley de víctimas de motivación política

Los consejeros Javier Remírez y Elma Saiz y la presidenta María Chivite, en el Parlamento, el pasado 4 de junio.
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Los consejeros Javier Remírez y Elma Saiz y la presidenta María Chivite, en el Parlamento
Los consejeros Javier Remírez y Elma Saiz y la presidenta María Chivite, en el Parlamento, el pasado 4 de junio.

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Agencia Efe

Publicado el 18/05/2022 a las 13:55

El Gobierno de Navarra ha adoptado acuerdo por el que manifiesta su conformidad a la toma en consideración de una proposición de Ley foral para modificar la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

El acuerdo respecto a la modificación propuesta en el Parlamento de Navarra por los grupos PSN, Geroa Bai y Podemos Ahal Dugu ha sido dado a conocer en rueda de prensa por el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez.

La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, regula en Navarra el sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

En concreto, en su artículo 12, en lo que se refiere a la fijación del derecho de las víctimas, tanto a la asistencia sanitaria, como a las correspondientes indemnizaciones por daños físicos y/o psicológicos, y materiales, se remite a lo dispuesto en la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo.

Esta remisión, según detalla el Gobierno Foral, acarrea una serie de problemas en su aplicación, expuestos en la exposición de motivos de dicha ley, cuya superación requiere de una solución normativa con rango de ley foral, una vez que la vía del posible desarrollo reglamentario no es suficiente para alcanzar los objetivos deseados.

En este sentido, la proposición de ley foral presentada ahora fija prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos, garantiza la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados y aporta la seguridad jurídica necesaria para las víctimas y para las personas destinatarias de las ayudas.

Además, según apunta el Gobierno, la iniciativa presentada es acorde con los principios establecidos en el Acuerdo Programático de Legislatura, concretamente en su punto 15, que indica el desarrollo y aplicación de la Ley Foral.

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