Este sábado entra en vigor la ley que el PSN aprobó gracias al apoyo de Navarra Suma para estabilizar alrededor de 350 plazas de docentes del Programa de Aprendizaje en Inglés, el PAI. Ese programa cuenta en este momento, según datos de Educación, con un 70% de temporalidad, 20 puntos superior a la media de la Administración foral. El viernes el texto legal fue publicado en el BON, el Boletín Oficial de Navarra.

La ley tiene como fin crear en la plantilla de la Administración foral alrededor de 350 puestos de trabajo de personal funcionario docente no universitario con perfil de lengua extranjera. Lo hace al amparo de la ley estatal de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público y de las competencia que tiene la Comunidad foral en materia de función pública, según reiteraron durante el debate de la norma el PSN y el consejero socialista de Educación, Carlos Gimeno.

Con la ley ya en vigor, el Gobierno puede convocar estas plazas. Según explicó el Partido Socialista se debe hacer antes del 30 de mayo.

Además, la ley encomienda al Gobierno foral que ponga en marcha el procedimiento para convertir el PAI en un modelo lingüístico que se implante de forma progresiva en los centros docentes públicos. Eso sí, antes de iniciar ese proceso deberá culminar la estabilización del profesorado del PAI y tendrá que poner en marcha las “medidas adecuadas” de atención a la diversidad en ese programa, según recoge la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento.

BILDU Y GEROA PREGUNTAN SI CUMPLE LA LEY ESTATAL

Los socios del PSN rechazan esta norma y cuestionan su seguridad jurídica. Por este motivo, han pedido al Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, que realice un informe. En concreto, EH Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E preguntan si la ley foral “desde el punto de vista competencial cumple con las disposiciones de carácter básico estatal”, con la Ley Orgánica de Educación y con el Amejoramiento en materia de función pública. Plantean si la legislación vigente en España “ampara la posibilidad de exigir una lengua extranjera como requisito” o si la norma navarra “cumple con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad.