Manuel Aragón Reyes: “Investigar a gente que ha dado un golpe de Estado es obligatorio”

Manuel Aragón Reyes (Córdoba, 1944) fue durante nueves años magistrado del Tribunal Constitucional, al que llegó en una terna propuesta por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a su etiqueta de juez progresista, no duda a la hora de criticar desde su retiro judicial al Gobierno de Pedro Sánchez por “saltarse” la Constitución. El pasado viernes impartió en el Parlamento foral la conferencia ‘La dimensión constitucional de la pandemia’ de la mano del Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad de Navarra.

El escándalo ha estallado con la denuncia de líderes independentistas catalanes que dicen haber sido espiados y que señalan al Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué opina de esta polémica?

Carezco de datos, como creo que también carecen de datos los políticos. En primer lugar, hay un informe que viene a decir que ha habido un espionaje masivo, pero no hay datos fehacientes. No está probado. En segundo lugar, en caso de que se probara la vigilancia de las comunicaciones a determinadas personas, si esto se ha hecho conforme a lo que el ordenamiento exige, que es la autorización judicial previa, no tendría nada que decir. El Estado de Derecho se tiene que defender dentro de la Ley. Y la investigación de gente que ha dado un golpe de estado, yo así lo creo, que dice que volvería a hacerlo y que organizó desórdenes públicos, es una obligación. Pero también lo es contar con una autorización judicial, porque si no estamos ante un delito.

¿No le asusta lo del espionaje?

Como le digo, aún no sabemos si se ha producido esa investigación o espionaje y si había una autorización judicial. Porque si se ha investigado con una autorización ¿a qué viene el escándalo? ¿O es que el Estado no puede defenderse mediante el Derecho? ¿O es que tampoco podría investigar a un estafador financiero? Y no entiendo el escándalo, entre otras cosas, porque desde ciertos sectores que ahora se muestran escandalizados se había espiado y escuchado mucho.

Pero no hablamos de estafadores financieros, sino de teléfonos de parlamentarios y políticos...

El parlamentario solo tiene inviolabilidad por sus expresiones en la Cámara. En un estado democrático no hay soberanos y los parlamentarios, ministros... no son inmunes frente al derecho. Estaría bueno.

¿Le parece aceptable el cambio de reglas de la presidenta del Congreso para que EH BIldu y los independentistas catalanes accedan a la comisión de secretos oficiales del Congreso?

La Comisión de Secretos del Congreso es muy delicada, tan delicada que los partidos tienen la obligación de guardar absoluto secreto sobre lo que allí se les dice. Un secreto que en demasiadas ocasiones no han respetado. Por lo delicado de esta comisión, la presidencia del Congreso ya había decidido desde muchos años atrás que se necesitaba el apoyo de una mayoría de dos tercios para que un partido pudiera formar parte de esa Comisión. Lo que yo reprocho es que un tema tan sensible se cambie hoy por la simple resolución de la presidenta del Congreso y más cuando ha sido a requerimiento del Gobierno. Parece que le faltó tiempo a la señora presidenta para llevarlo a cabo y eso no hace ningún bien a nuestro sistema parlamentario, ni a la necesidad de autonomía del Parlamento frente al Gobierno, ni a la necesidad de neutralidad del presidente o presidenta del Congreso en el ejercicio de sus funciones.

CONSTITUCIÓN Y PANDEMIA

Respecto a la inconstitucionalidad del primer estado de alarma. ¿Con qué herramientas legales debería haber afrontado el Estado una pandemia tan grave?

La gravedad obligaba a hacer uso del estado de excepción, sin ninguna duda. El estado de alarma no permite suspender derechos como la libre circulación; la libertad de empresa; e incluso el derecho personal, con el fin de recluir en el domicilio a todos los españoles. Posiblemente todo eso era necesario, pero para ello la Constitución contempla el estado de excepción. El estado de alarma solo permite limitar estos derechos.

La cosa no estaría muy clara cuando cinco de los once jueces del tribunal discreparon con la idea de que se hubieran suspendido derechos fundamentales y consideraron que el estado de alarma era proporcional. ¿No fue una mayoría muy exigua para un tema de tanto calado?

He estado nueve años en el Constitucional y gran parte de las sentencias no son por unanimidad. Y son tan válidas como si hubieran sido por unanimidad. El derecho no es una ciencia exacta. Puede haber un debate intelectual, pero la decisión la toma la mayoría.

El pronunciamiento del Constitucional tardó un año en llegar. ¿La sentencia habría sido la misma si hubieran fallado mientras morían mil personas diarias por covid y los hospitales se saturaban de enfermos?

Me imagino que de igual modo. La cuestión no es poner en la balanza salud o estado de alarma, porque con el estado de excepción igualmente se garantizaba la salud e incluso posiblemente mejor. Yo sí he sido crítico con el tiempo que el tribunal ha tardado en responder. Sé que en el Constitucional hay una acumulación de trabajo enorme, pero creo que en situaciones excepcionales tiene capacidad para priorizar este tipo de casos trascendentales.

No deja de ser cierto que declarando el estado de alarma en vez del de excepción, Sánchez evitó pedir autorización al Congreso...

Claro. Para declarar el estado de excepción Sánchez tenía un problema y es que debía poner de acuerdo a los grupos políticos. Pero no se puede olvidar que tenemos un régimen parlamentario y no presidencialista, por lo que determinadas decisiones se deben adoptar de acuerdo con la Cámara. Y para hacer una ley hay que pasar por la Cámara y no como ahora, utilizando de modo cada vez más abusivo el decreto ley, que se ha convertido en el modo ordinario de gobernar. Hoy, más del 80% de las leyes se adoptan mediante decreto ley y eso es una subversión absoluta del régimen parlamentario.