Los grupos parlamentarios, salvo Navarra Suma, han mostrado su apoyo este martes a la planta de residuos prevista en la Ciudad del Transporte por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a pesar de que los tribunales hayan declarado nulo de pleno derecho el PSIS que soporta el proyecto.

En una sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz, Arantxa Biurrun, del PSN; Ana Ansa, de Geroa Bai; y Laura Aznal, de EH Bildu, han coincidido en apuntar que los fallos son de forma ya que la sala no cuestiona en su sentencia ni la necesidad ni la ubicación de esta infraestructura, cuya necesidad además han subrayado.

Según Biurrun, la sentencia reconoce "modificaciones sustanciales" que hubieron obligado a un nuevo proceso de participación pero "no ha entrado en el fondo", por lo que su grupo apoya el nuevo proceso para dar respuesta a "un problema medioambiental de primer orden" que hace "imprescindible un tratamiento integral" de los residuos urbanos.

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"Entiendo perfectamente al ayuntamiento, que no quiera un centro de estas características en su entorno", ha comentado, pero también ha agregado que por eso la propia ley prevé indemnizaciones y ha apostado por el diálogo y el consenso.

Ansa, por su parte, ha destacado "la importancia" de una planta de residuos de estas características dada "la gravedad de seguir vertiendo toneladas y toneladas de basuras" y de hecho ha apuntado que los problemas aparecen cuando "la planta empieza a tener dirección propia".

Ha considerado por ello que se deben "compensar los inconvenientes" a las poblaciones afectadas pero sin renunciar a un proyecto "absolutamente necesario y urgente para Navarra" y que a su juicio la sentencia "no cuestiona" ni en la idoneidad ni en la oportunidad sino únicamente en "procedimientos de forma interpretables".

En la misma línea, Aznal ha asegurado que esta planta de tratamiento de residuos es una "prioridad absoluta" para "cumplir con los compromisos ambientales a los que estamos obligados", aunque se ha "solidarizado cien por cien" con el Ayuntamiento ya que una infraestructura de este tipo "nadie quiere tener en su casa".

Y ha destacado que los expertos dicen que estas plantas "no son lo que eran antes" y en Navarra es un problema que lleva años sin resolverse, por lo que ha defendido el inicio del proceso de nuevo para dar una solución que es "urgente" y cuando parece que los fallos son "procedimentales".

Antes el alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Sebastián Marco, ha precisado que el Ayuntamiento "no comparte para nada" que la sentencia declare nulo el PSIS por "defectos formales", y al respecto la letrada Laura Lamana ha precisado que la Mancomunidad incurrió en un acto administrativo "arbitrario" ya que "no tiene motivación" y es por tanto "un problema de fondo que lastra el procedimiento", lo que hace que la sala ya no entre en otros aspectos.

Marco ha dudado por ello que en seis meses se puedan empezar las obras, algo que en la Mancomunidad "saben", y ha aludido a las "responsabilidades económicas" de esta entidad cuando ha pagado a comprometido con Nasuvinsa 12 millones de euros por una parcela, algo "como mínimo temerario" sabiendo que "faltaban dos o tres semanas" para una sentencia para podía serle adversa, como ha ocurrido.

Tras afirmar que ven ahora "más complicado que nunca" que un nuevo PSIS pueda solucionar la cuestión, ha asegurado que desde el Ayuntamiento comparten "la necesidad" de una plana de residuos pero "no estamos de acuerdo en su ubicación".

"Vamos a recurrir todo lo que entendamos que es recurrible" porque "muy desencaminados no vamos" a la vista de las sentencias, ha subrayado el alcalde, y se ha mostrado crítico con la actitud de "imposición" de la Mancomunidad, convirtiendo al Ayuntamiento "en un convidado de piedra".

En defensa de la postura del Ayuntamiento, Juan Luis Sánchez de Muniáin, de NA+, ha sostenido que esta obra es "incompatible con la legalidad" y los "únicos beneficiados" son las dos empresas adjudicatarias, por lo que ha anunciado que su grupo va a registrar ante la Mancomunidad un requerimiento para que "se abstenga de destinar dinero público a una obra incompatible con la legalidad, con las advertencias que conlleva su incumplimiento".