La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral celebran este lunes su habitual sesión de los lunes y en el orden del día figura una interpelación de Navarra Suma al Gobierno para aliviar mediante la política fiscal el impacto de una "escalada de precios" que afecta a personas y empresas y "deteriora" la situación económica.

Sobre este mismo asunto EH Bildu ha registrado una moción para instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a revisar las normas que regulan el uso de la tarifa de último recurso de gas natural.

Dentro del ámbito económico, se ha preguntado además al Ejecutivo por la modificación del cuadro macroeconómico, por las reuniones del Comité Director del Plan Reactivar Navarra y la coordinación de medidas con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y por los fondos para el Plan Complementario de Agroalimentación.

Además la Mesa y Junta de Portavoces conocerán el criterio del Gobierno de Navarra sobre las proposiciones de ley para modificar el régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y la ley del juego.

Los grupos han pedido asimismo las comparecencias del gerente de Atención Primaria para que informe sobre la implementación del Plan de Atención Primaria en Navarra y del consejero de Políticas Migratorias y Justicia para tratar de los distintos proyectos que inicialmente fueron incluidos para ser financiados con fondos Next Generation.

Se ha pedido también una sesión de trabajos con Médicos del Mundo Navarra y Medicus Mundi para que presenten el informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la Acción Humanitaria”.

Y entre las preguntas orales y escritas formuladas al Gobierno los grupos se han interesado por la acogida de personas procedentes de Ucrania, el papel de los consultores en la responsabilidad social empresarial, las operaciones con criptomonedas, la nueva ley de discapacidad y la petición de dimisión del consejero de Interior por parte de la Policía Foral.

Ha preguntado igualmente por , el fraccionamiento de facturas para eludir la licitación pública, las vacantes de médicos en la red pública y las plazas MIR, el modelo del Instituto de Investigación Sanitaria, las inversiones en Santa María de Viana y la reducción de la carga lectiva a los profesores de religión.