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Gobierno foral

La justicia gratuita reforzará su carácter de servicio público con un nuevo modelo organizativo

El Gobierno ha remitido al Consejo de Navarra el proyecto de decreto foral para aprobar un reglamento que dote al servicio de más cohesión territorial y mejore su financiación

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona
Sede del Palacio de Justicia de PamplonaCalleja.
  • Diario de Navarra
Actualizado el 22/09/2021 a las 13:06
El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria, la toma en consideración del proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, y que generará un nuevo modelo organizativo para la justicia gratuita. La toma en consideración del proyecto de Decreto Foral se realiza a efectos de la petición de emisión del preceptivo dictamen del Consejo de Navarra.
Con este Reglamento “se reforzará el carácter de servicio público de la Justicia; se dota al servicio de más cohesión territorial y se mejora su financiación”, según ha señalado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en la rueda de prensa posterior a la Sesión de Gobierno.
Y es que, según ha detallado Santos, la justicia gratuita es “garantía de derechos para la población más vulnerable, que es quien hace uso de ella”; por lo que resultaba imprescindible asegurar “una atención jurídica de calidad en todos los casos; con el seguimiento oportuno para cada cual; y que resulta homogénea para todas las personas usuarias, vivan donde vivan, porque somos conscientes de que la situación no es la misma en los distintos partidos judiciales”. El nuevo Reglamento “dota de mayor coherencia e igualdad al sistema y, en general, mejora las retribuciones de los servicios de guardia”, ha explicado el consejero.
Santos ha insistido en que la justicia gratuita “es una política social importante del Gobierno de Navarra, que busca que todas las personas tengan capacidad de defender sus derechos mediante una asistencia profesional de calidad ante los juzgados y tribunales, independientemente de su situación económica”. También ha señalado que la reforma del modelo se ha llevado a cabo “a través del contacto estrecho y el acuerdo con los colegios profesionales, a los que quiero agradecer el compromiso por ofrecer un servicio de la máxima calidad, tanto desde la abogacía como desde la procura”.
La colaboración con los colegios profesionales no se limita únicamente al desarrollo de este Reglamento, sino que aspira a continuar en cuestiones que se consideran clave. Es el caso de la formación especializada, una apuesta del nuevo Reglamento en el que, por otro lado, se unifica el sistema de formación.
RENOVAR UNA NORMA DEL AÑO 2012
Este proyecto de decreto foral supone actualizar un reglamento que databa de 2012, año desde el que se han producido múltiples modificaciones legales y se han incluido prestaciones que no estaban contempladas entonces. Es el caso de servicios como el SAM (Violencia contra la Mujer), SOJP (Servicio Penitenciario) o Extranjería y que ahora se incluyen para garantizarlos.
La renovación del sistema busca, según el consejero Eduardo Santos, “dotar de mayor racionalidad, coherencia, igualdad y cohesión territorial a todos los servicios que los diferentes colegios de la abogacía prestan a la ciudadanía a través de la justicia gratuita”.
Entre otras cuestiones, se introduce el principio de que un mismo profesional atienda a la persona detenida desde el mismo momento de su detención hasta el final del proceso penal, lo que beneficia sin duda su defensa. Además, se dota con más profesionales el servicio de guardia de asistencia a la persona detenida, dando cumplimiento a una reivindicación histórica, lo que agilizará indudablemente los tiempos de atención a la ciudadanía.
ACABAR CON DISCRIMINACIONES HISTÓRICAS
La búsqueda de esa cohesión territorial supone acabar con discriminaciones históricas de retribución a la baja de los colegios de ámbito territorial con menos población. Para ello, se modifica el sistema de retribución de las guardias a partir de la media de asistencias diarias de cada colegio, partiendo del Colegio de Pamplona, que es quien más guardias tiene y adecuándolo de forma proporcional al resto. Se cobra así en función del esfuerzo medio, mejorando las retribuciones de todos los abogados y abogadas.
También mejoran las de la procura, así como la compensación que reciben los colegios profesionales por la gestión de los expedientes y la organización de los turnos. Aumenta, asimismo, la cuantía total que perciben los diferentes colegios por la prestación de este servicio, con una reorientación de las partidas asignadas para retribuir los servicios con criterios de esfuerzo.
A modo de ejemplo, puede señalarse que se incrementa notablemente la asistencia en el Servicio de Atención a la Mujer (SAM), que hasta el momento se encontraba infravalorada respecto a otras cuestiones. Tanto este servicio como los de extranjería y asistencia penitenciaria, que hasta ahora se regulaban por convenios específicos, pasan por medio de este decreto a consolidarse como parte integral de las prestaciones de justicia gratuita que financia el Gobierno de Navarra.
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