El Gobierno ha acordado en su sesión de este miércoles tomar en consideración el anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, y lo ha elevado al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen.

La consejera Itziar Gómez ha indicado en conferencia de prensa que se trata de un proyecto "ambicioso" para articular legalmente la acción del Gobierno en torno al cambio climático y la transición energética hacia una economía baja en carbono al aportar un marco normativo, institucional e instrumental estable para toda la sociedad.

Los ejes son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos que origina el cambio climático para el medio ambiente y las personas en consonancia con las leyes, normas, planes y estrategias internacionales, estatales y autonómicas para dar respuesta a una situación de emergencia climática que afecta a la salud, la biodiversidad y el medio ambiente, y exige tomar un camino más sostenible e inclusivo.

Gómez ha recordado que Navarra ya cuenta con instrumentos de planificación contra el cambio climático como la Hoja de Ruta KLINA y de la transición energética como el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 y ahora con esta nueva ley se queire alcanzar los compromisos establecidos en esa planificación.

Se trata de reducir el nivel de emisiones netas de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero en, al menos, un 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto al año 2005, y que el 50% de la energía que se consume en la Comunidad Foral sea renovable en 2050 (partiendo del 23,2% en 2018).

En cuanto a la adaptación al cambio climático, la norma busca que la Comunidad Foral sea un territorio sostenible y resiliente y contribuir así a reducir los efectos negativos del cambio climático.

La futura ley articulará también la transición hacia un nuevo modelo energético, basado en una economía circular baja en carbono, que sustituya energías fósiles por renovables.

Las medidas concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático afectan a materias como el alumbrado público, la movilidad, las energías renovables, el medio natural y la biodiversidad, el entorno urbano y las personas más vulnerables.

Así, por ejemplo, se prohibirá mantener en posición de apertura continua las puertas de acceso a locales con climatización artificial, esta climatización en espacios abiertos solo será posible si es por autoconsumo o energía renovable certificada y los edificios públicos deberán para 2025 el certificado de calificación energética registrado.

Además el Gobierno establecerá lo medios para que a partir de 2030 los edificios de vivienda colectiva de Navarra tengan la calificación energética clase “C” o superior, para 2026 aprobará un Plan de Rehabilitación de la Vivienda de Navarra y la iluminación ornamental, publicitaria y comercial deberá permanecer apagada durante el periodo nocturno en el que disminuya la actividad.

Los municipios de más de 5.000 habitantes, individualmente o de forma conjunta con otros municipios colindantes, adoptarán planes de movilidad sostenible; y taxis y los vehículos que se adscriban a las correspondientes licencias a partir de 2022 en áreas con más de 20.000 habitantes deberán ser cero emisiones o ECO, salvo los vehículos eurotaxi.

También indica que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley el 100% de los vehículos ligeros (M1, M2, N1 y N2) que adquiera el sector público o que se apliquen en sus contratos públicos serán también cero emisiones o emisiones neutras en carbono.

Los edificios públicos de nueva construcción que tengan asociado aparcamiento deberán contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y aparcamiento de bicicletas o similares, y las entidades locales de más de 1.000 habitantes deberán disponer en dos años de al menos un punto de recarga de 7,4kW.

Las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, agua y gas no podrán interrumpir los suministros a las personas vulnerables, y a partir de 2025 el 50% de la energía eléctrica consumida por la administración y sus organismos públicos deberá ser certificada como 100% de origen renovable y desde 2030 toda.