Diario de Navarra

Después del 9 de mayo, ¿existe amparo legal para aprobar restricciones como el cierre perimetral, toque de queda o limitación de las reuniones? Sí, con un nuevo Estado de Alarma. Sin esta herramienta legal, cinco juristas especializados en derecho administrativo y constitucional no creen posible que se pueda limitar derechos fundamentales como ha ocurrido durante esos seis meses. No obstante, dejan un pequeño resquicio abierto porque en octubre, sin Estado de Alarma, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sí avaló estas medidas. Pero creen que aquella fue una interpretación excepcional en una situación sanitaria muy excepcional (a la semana siguiente se aprobó el Estado de Alarma por la gravedad de la pandemia) y no creen que vuelva a repetirse. A partir del 9 de mayo, todas las medidas que quiera adoptar el Gobierno foral que afecten a derechos fundamentales tendrán que ser autorizadas previamente por el TSJN, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Porque ese día, “de manera automática” según los expertos, decaerán medidas como el cierre perimetral de las comunidades, el toque de queda, limitaciones del número de participantes en reuniones públicas y privadas y aforos en lugares de culto. Es decir, las que afectan a los derechos fundamentales recogidos entre los artículos 15 y 30 de la Constitución Española. La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha declarado estas semanas que las comunidades sí cuentan con “herramientas importantes para hacer frente a la pandemia” sin estado de alarma. En una de las comparecencias, añadió que entre esas medidas está el cierre perimetral de la comunidad y de municipios, tal y como refrendó el TSJN. “Los jueces nos autorizaron el cierre perimetral sin estar dentro del paraguas del estado de alarma ”, insistió la presidenta, un mensaje que estos días han lanzado otros miembros de su gabinete. Los juristas consultados no comparten esta postura. Manuel Pulido Quecedo, doctor en Derecho Constitucional, afirma que, “con la Constitución en la mano, no se pueden restringir o cercenar derechos fundamentales sin la declaración del Estado de Alarma”. Javier Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, no ve “ninguna posibilidad” de aprobar medidas como las vigentes cuando acabe la situación actual. “Sería inconstitucional”. En este sentido, recuerda que el TSJ de Cataluña ya recordó en su día a la Generalitat que “sin Estado de Alarma no se podía confinar”. Así lo cree también Asunción de la Iglesia Chamarro, profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. “Sin Estado de Alarma, no cabría el toque de queda que prohíbe la circulación en vía pública fuera de los horarios establecidos. Tengo también dudas sobre la constitucionalidad del cierre perimetral. Y esta división se ha dado también entre los tribunales superiores de justicia. Una incertidumbre que no ayuda en la gestión de la pandemia”, explica. Javier Caballero, abogado especializado en derecho administrativo y exconsejero de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra (2003-2011), no se muestra tan tajante, y se remite a la decisión del TSJN. “Si hay que tomar medidas excepcionales para frenar la pandemia habrá que tomarlas. Pero deberán estar muy justificadas y con indicadores muy minuciosos. Porque ahora, desde un punto de vista técnico, no sabemos el porqué de muchas medidas que se adoptan”. El abogado experto en derecho público Javier Lusarreta Aramendia (ahora en el despacho Laffer tras veinte años en Cuatrecasas) reconoce que es cierto que el TSJN avaló medidas como el toque de queda, cierre perimetral, limitación de reuniones... , tal y como sostienen representantes políticos. “Pero se olvidan de añadir que el tribunal fue bastante crítico en relación con la solicitud de ratificación, planteando que debería haberse solicitado una autorización previa”, destaca Lusarreta. Y añade que entonces la situación sanitaria era “alarmante y no comparable con la actual”: con incidencias acumuladas de más de 1.001 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días en Navarra, la peor cifra del país, y todos los indicadores disparados. El mismo día en que se anunciaron estas medidas, el 21 de octubre, había 25.000 personas confinadas en Navarra, los positivos en una jornada alcanzaron la cifra récord de 578 y murieron cinco personas. Ayer, la incidencia de 400, los nuevo positivos fueron 190 y ninguna persona murió por covid-19. “Dudo que se vuelva a repetir tan grave situación como aquella sanitaria y ojalá no se repita”, continúa Lusarreta, “por lo que considerar ese precedente como garantía de futuras autorizaciones/ratificaciones me parece aventurado”, continúa el abogado, quien no cree que volvamos a ver medidas como cierres perimetrales y toques de queda como hasta ahora. Quizá, sí algún cierre o toque de queda de localidades y barrios concretos. LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA Se basa en este sentido, al igual que lo hace Tajadura, en que a su juicio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN hizo una interpretación muy amplia del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, sobre medidas especiales en materia de salud pública. Este artículo, que fue citado en la resolución por los magistrados, dice lo siguiente: “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Pero dicho precepto, sostiene Tajadura, “no es un cheque en blanco” (por esto tuvo que aprobarse hace seis meses el Estado de Alarma), y va dirigido a restringir derechos individuales, no generales. Por ejemplo, para obligar a un paciente con una enfermedad a que se quede en casa, para confinar un barrio o una porción de la población limitada por unos contagios...” Pero no para cerrar las fronteras de Navarra a toda la población en general”, apunta. Por eso creen que confinamientos parciales sí podrían contar con aval jurídico. Lusarreta añade un motivo “crucial”, como es la vacuna, para defender que a partir del 9 de mayo, sin Estado de Alarma, la balanza deberá inclinarse “hacia menores o inexistentes limitaciones de derechos fundamentales”: “Ya tenemos una solución. Existen vacunas y a nivel jurídico se me hace muy difícil asumir que un tribunal siga amparando medidas excepcionales de limitación de derechos fundamentales basadas en una emergencia sanitaria para la que ya existe solución. No veo ya el riesgo imprevisible que motivaría esas excepcionales medidas, sino precisamente una falta de previsión de muchos gobernantes a la hora de adquirir y suministrar el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible”. Caballero comparte esta idea. Desde su pasado en la Administración entiende que esta crisis es una situación de “especial dificultad” y que al inicio hubo que adaptarse “a una situación muy excepcional y extraordinariamente compleja”. “Pero donde había una necesidad de improvisar sobre algo no aprendido, ahora no la hay, estamos en una situación sobre la que hay un mayor dominio. Todo esto es extremadamente complejo, pero no todo debe abordarse con la restricción de derechos. Igual es que no hay suficientes rastreadores, o vacunas, o inversión sanitaria... no es sencillo, lo sé, pero creo que en la situación actual hay que exigir un poco más”. Todas las decisiones que afecten a derechos fundamentales, en cualquier caso, deberán contar con la autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en virtud de la reforma de la jurisdicción contenciosa. Tajadura, que considera “inconstitucional” esta reforma, advierte de que el dejarlo en manos de los tribunales , “como si fueran colegisladores”, hace que “desaparezca el principio de legalidad y la reserva de la ley, y se acabe en un Estado judicial”. “Los jueces están para controlar la correcta aplicación de la ley, no para hacer la ley. Si para que una normal general restrictiva de derechos entre en vigor hace falta la autorización de un juez, se convierte al juez en colegisladores. Un disparate más”, apunta el profesor de Derecho Constitucional. Pulido también cree que “no es la mejor solución” dejar las decisiones en manos de los tribunales. “Se intentarán tomar algunas medidas con la legislación sanitaria actual y la actuación de la Comisión Interterritorial, pero no es suficiente. Se generará inseguridad jurídica”. Lusarreta tampoco cree que esta comisión pueda adoptar acuerdos vinculantes para todas las comunidades. “No es así. No pasa de ser un órgano de colaboración o consenso, no sustituye las competencias entre administraciones”. LA SEGURIDAD JURÍDICA La inseguridad jurídica es algo que repiten los cinco expertos, tanto si echan la vista atrás como si miran a partir del 9 M. “La gente necesita tener seguridad jurídica. No se entiende por qué hay que ir con mascarilla al monte o que no se pueda ir de Pamplona a Funterrabia pero sí de Soria a Salamanca. Debe primar un criterio sanitario, no político. Y cuando la ciudadanía no entiende algunas medidas, las considera absurdas y provoca que no se cumplan”, opina Caballero. Tajadura también cree que “una de las muchas carencias” del Estado de Alarma es que “no contiene indicadores objetivos para llevar a cabo las restricciones de derechos que contempla”, lo que ha causado que en regiones con mayor incidencia de la pandemia haya menos limitaciones que en otras con mejores indicadores. Lusarreta cree que en esta disparidad de medidas entre comunidades ha estado “muchas veces marcada por divergencias políticas”, y augura que tras el Estado de Alarma “todavía se van a agudizar más las diferencias”. La profesora de Derecho Constitucional Asunción De la Iglesia ahonda en este debate. Cree que la “indeterminación de la ley” podría haberse paliado “con una ley orgánica que diera seguridad jurídica y permitiera salir de la excepcionalidad de los estados de alarma”, añade. A su juicio, el hecho de que la pandemia haya coincidido “con un parlamento nacional tan fragmentado y polarizado” ha impedido que salieran adelante medidas legislativas, favoreciendo “una ejecutivización de la gestión”. “Eso también ha judicializado el control de la pandemia, generando desconcierto y confundiendo en cuanto a lo que estaba permitido o prohibido”. Tampoco ha habido una unificación de criterio judicial en este tiempo. “Es un escándalo que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado todavía”, critica Tajadura. “Están pendientes recursos de inconstitucionalidad sobre la primera y segunda prórroga, pero no están resueltos. De ahí la crítica cierta pasividad del órgano constitucional”, expone Pulido. Para De la Iglesia, la prórroga del Estado de Alarma que se aprobó para seis meses “plantea problemas de constitucionalidad”. “En la doctrina constitucional son importantes las voces que han cuestionado este plazo superior a los 15 días”, apunta. En lo que todos coinciden es en calificar como “positivo” el final del Estado e Alarma desde el punto de vista de la recuperación de derechos fundamentales. “No se puede normalizar la excepción”, dice Tajadura. “Me da miedo que con una cierta facilidad se puedan restringir derechos fundamentales. Me pone los pelos de punta que se tire la puerta de una casa por una infracción administrativa”, apunta Caballero. “Deberíamos olvidarnos ya de limitar derechos fundamentales y exigir a nuestros políticos que centren todos sus esfuerzos en la vacunación masiva”, concluye Lusarreta. Para De la Iglesia, es algo positivo porque supondrá “un funcionamiento más normalizado de los poderes”. “Pero lo cierto es que quedan zonas de incertidumbre. La alternativa al Estado de alarma no debería ser el espacio de incertidumbre en cuanto a lo que se puede o no hacer, sino la adaptación de un marco legislativo que diera seguridad. Mientras tanto habrá que funcionar con las leyes que existen y si la evolución de la pandemia no fuera positiva, nuevamente el marco podría resultar insuficiente”, finaliza.

Diario de Navarra

Tras la frontera del Estado de Alarma

Cinco expertos no creen que restricciones así regresen sin Estado de Alarma

Comentarios

Torneo San Fermín de pelota, "un campeonato sin igual"

¿Cómo piensa liberar el Ayuntamiento de Pamplona 500 nuevas plazas de aparcamiento para residentes en la Rochapea?

252 viviendas en bloques de 10 alturas y hasta 500 plazas para residentes en el plan para la Rochapea

Hacienda ya ha devuelto a los navarros 229,1 millones de la Renta, el 84,3% del total

Estos serán los horarios, frecuencias y recorridos de las villavesas durante San Fermín