La dirección general de Interior está elaborando un nuevo proyecto de decreto foral que regule las jornadas y retribuciones de la Policía Foral. Lo hace después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitiera el recurso de casación contra la sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el decreto foral que regulaba hasta ahora esta cuestión.

Este nuevo decreto foral, aseguró el consejero, “se desarrollará al amparo de la hoy vigente Ley de Policías de Navarra y siempre desde el respeto del marco normativo general de referencia”. Remírez, quien compareció ayer en comisión parlamentaria, añadió que en este “complejo contexto” han analizado “todos los escenarios posibles para solventar esta situación sobrevenida” subrayando que esto “va a requerir de todas las partes implicadas dosis de rigor y búsqueda de escenarios de acuerdo”.

En este sentido, se comprometió a buscar una solución “que genere el máximo grado de consenso y seguridad jurídica”, para lo cual es importante definir “cuál es el margen de maniobra real” para “actuar conforme a la legalidad” y generar una “correcta gestión de las expectativas de los colectivos afectados”, siendo esto último “manifiestamente mejorable”.

CULPAS DE UNOS A OTROS

José Suárez, de Navarra Suma, reconoció que el consejero “tiene un problema jurídico muy complejo para resolver” que ha heredado del Gobierno anterior”, si bien ha considerado que “su inacción ha hecho que este problema sea sobrevenido” porque “durante más de año y medio ha estado a ver qué pasaba cuando sabía lo que iba a pasar” con el recurso de casación.

Por parte del PSN, Inmaculada Jurío se mostró crítica con la anterior consejera, María José Beaumont, al considerar que si no realizó un desarrollo normativo de la Ley de Policías no fue por falta de tiempo, “sino por falta de voluntad, puesto que sabía que esto no era viable económicamente”.

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, subrayó que “quien gobierna en la actualidad debe ser capaz de asumir lo aprobado por el Parlamento independientemente de quién votó a favor” y ha recordado que también precisa desarrollo normativo otras materias presentes en la Ley de Policías como formación, provisión de puestos de trabajo y segunda actividad.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz aseguró que “mayor marrón” fue “el que le dejaron al anterior Gobierno con la Ley 15/2015” y ha defendido que de aquella norma proviene la actual situación.

Ainhoa Aznárez (Podemos) recordó : “Tenemos mucho trabajo que realizar con 18 desarrollos reglamentarios pendientes tras tres años en que se ha podido ir trabajando para dar cumplimiento a esa ley”. A juicio de Marisa de Simón, de I-E, “esto es lo que tiene cuando la negociación sindical se soluciona a golpe de ley”.