El portavoz del grupo de PP y Ciudadanos en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, ha presentado una batería de preguntas en esta cámara dirigidas a la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en las que cuestiona al Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) por la empresa Davalor.

El parlamentario popular expone que, en la relación de acreedores concursales aprobada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona en julio de 2018 figuran dos fundaciones y una sociedad “de cuyos patronatos y consejo, respectivamente, forman parte representantes de distintos departamentos del Gobierno vasco”, y cuyas pérdidas con Davalor ascienden en total a 3,3 millones de euros por “deudas y créditos incobrables”. Las dos primeras son fundaciones de centros tecnológicos. Por un lado, la Fundación Tekniker, que según indica Barrio ha perdido en concepto de “facturas varias” 2,4 millones de euros más 100.246 euros de intereses. De su patronato, afirma, forman parte los departamentos de Desarrollo Económico y de Educación del Ejecutivo de Euskadi. La otra entidad es la Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones, Vicomtech, con 163.148 euros perdidos por “facturas impagadas”. “En su patronato participa, además del Gobierno vasco, ETB (Euskal Telebista”, señala el portavoz del grupo PP-Cs. Los 3,3 millones se completan con 560.442 euros de “avales fallidos” a Davalor concertados por parte de la sociedad de garantía recíproca Elkargi en 2013 y 2014. “El Gobierno vasco tiene un vocal en su consejo de administración”, apunta.

En la justificación de su pregunta, Barrio repasa la trayectoria de Davalor Salud, desde su constitución en enero de 2011 con un capital social de 3.000 euros y domicilio social en Gorraiz, hasta la declaración del concurso de acreedores, la aprobación del plan de liquidación y la sentencia que calificó como culpable el concurso y situó el estado de quiebra de la sociedad “al menos desde el 31 de diciembre de 2015”. De forma paralela, el parlamentario desgrana la concesión a la empresa de un total de 2,6 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Sodena y la apertura de causa penal contra Manu Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a esos préstamos concedidos en la pasada legislatura, cuando Ayerdi era consejero de Desarrollo Económico en el Gobierno presidido entonces por Uxue Barkos y presidente del Consejo de Administración de Sodena. Barrio, que recuerda que Manu Ayerdi es “destacado miembro del PNV”y presidió de 2012 a 2015 el partido en Navarra, completa el recorrido con la reciente incoación de diligencias previas por el juez instructor y el traslado a Ayerdi “de su condición de querellado y los derechos que le asisten, así como con la dimisión de Ayerdi el pasado viernes 29 de enero.

El parlamentario popular subraya que los 3,3 millones perdidos por las entidades participadas por el Gobierno vasco “incluso superan” lo que Davalor adeuda a Sodena, su acreedor principal. Así, Barrio cuestiona a Arantxa Tapia sobre qué grado de conocimiento tuvo el Ejecutivo de Urkullu de la situación financiera y patrimonial de Davalor a través de las tres entidades citadas, en concreto los representantes en ellas de los departamentos de Desarrollo Económico y Educación. También quiere saber si, a la vista de la situación de Davalor, existió conversaciones o contactos entre Urkullu o Barkos, o entre Tapia y Ayerdi. Y, de haberlos, con qué resultado.

El portavoz de PP-Cs cuestiona además por cuáles fueron los trabajos, informes o servicios prestados por Davalor y que generaron las “facturas varias”; si se adoptó alguna medida técnica, jurídica o política para evitar los incumplimientos de la empresa; y si en las cuentas anuales de Tekniker, Vicomtech y Elkargi figuran las pérdidas relacionadas con Davalor.