El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha considerado que es “excesivo” el artículo de la Ley Foral 14/2004 por el cual el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, se vería obligado a dimitir de ser investigado en el caso Davalor puesto que esto, a su parecer, “deja cojo el derecho de defensa”.

Así lo ha manifestado Santos a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la que, como secretario general de Podemos Navarra, ha hecho un balance de las acciones de gobierno llevadas a cabo en el año 2020 por su grupo.

“Personalmente me parece excesivo ese artículo”, ha declarado al considerar que “deja cojo el derecho de defensa” en un estado “muy preliminar” del caso, ya que “el hecho de admitir a trámite una querella es algo casi automático en los tribunales”.

Con esto, ha aclarado, no quiere decir que no haya que hacer “una reflexión general en términos de exigencia de responsabilidad política”, pero a su parecer “no podemos pasar de que no dimita nadie a que dimita todo el mundo”.

“Hay una reflexión pendiente que por razones históricas no se ha dado y que en términos de racionalidad jurídica y política debería darse para no dejar la estabilidad de un Gobierno en manos exclusivamente del ejercicio de los tribunales”, ha señalado.

A pesar de esto, ha reconocido que el artículo 68 “deja poco lugar a dudas” en términos de que, si a alguien con responsabilidades institucionales se le investiga por un presunto delito de corrupción, esto “es incompatible con la confianza que la sociedad debería depositar en ese cargo”.

La querella, ha recordado, fue presentada por UPN en el ejercicio de la acción popular y fue admitida en cuanto a la competencia del Tribunal Supremo con la consiguiente designación de un instructor, pero este “todavía no se ha pronunciado ni sobre la admisión a trámite de la querella ni sobre el resto de la investigación”.

El debate surge del conocido como caso Davalor, en el que el Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar a Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre los años 2015 y 2017.