Las personas aforadas son las que, por ejercer un cargo público (político o judicial) tienen un derecho, en el caso de ser investigadas o imputadas, de ser juzgadas por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. Eso sí, pierden el derecho a recurrir a otro tribunal superior cuando la sentencia no les es favorable.

Manu Ayerdi, al igual que la presidenta y el resto de los consejeros del Gobierno, es aforado. De ahí que la querella de UPN contra él por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a 2,6 millones de euros concedidos a Davalor en la pasada legislatura, se haya dirigido al único tribunal ante el que pueden responder criminalmente la presidenta y los consejeros, el Supremo. El Alto Tribunal ha designado como juez instructor a Andrés Palomo del Arco.

Sin embargo, el devenir judicial de Manu Ayerdi sufrirá un vuelco en el momento en el que dimita como consejero. Sin aforamiento alguno (no mantuvo su escaño de parlamentario de Geroa Bai), su caso sería derivado por el Supremo al decanato de Pamplona y, ya en la Justicia navarra, por turno de reparto recaería en uno de los cinco juzgados de instrucción existentes.

Como se ha dicho, Ayerdi no es parlamentario foral, condición a la que renunció al entrar de nuevo al Gobierno. Los parlamentarios sólo responden ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la más alta instancia judicial en la Comunidad foral. Si cometen un delito fuera de Navarra, lo hacen ante el Supremo.

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