Diario de Navarra

Madrid es el centro español por excelencia del blanqueo de capitales y Navarra se sitúa justamente en el extremo opuesto. Venía ocurriendo así en los últimos años, con ligeras variaciones en la posición de la Comunidad foral que siempre ha ocupado alguno de los últimos puestos en el ranking autonómico. Sin embargo, a raíz de la pandemia de la covid-19, esa tendencia se ha acentuado. Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles, uno de los cómplices con los que cuenta el Estado para detectar el lavado de dinero, alertaron durante el primer semestre del año de cinco operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Navarra de las que han alertado al Centro Registral Antiblanqueo (CREAB), una cifra que en proporción resulta muy inferior a las 41 alertas que se detectaron en todo 2019 -no existen datos del primer semestre-. Por contra, desde Madrid se comunicaron hasta junio 5.615 alarmas, casi el 40% del total. Así, mientras que la cifra de alertas comunicadas por los registros de Navarra es muy inferior a la que le correspondería por peso económico, en el caso de Madrid ocurre justo lo contrario toda vez que su PIB no alcanza ni siquiera el 20% del total nacional. Y es así, explican desde el Colegio de Registradores de España, porque los que se dedican al blanqueo de capitales buscan “sedes sociales grandes para que su actividad pase lo más desapercibida posible” lo que provoca que la cifra de Madrid -y también la de Barcelona donde hasta junio se notificaron 3.104 alertas- termine resultando en cierta manera “algo artificial” porque aunque muchas de las sociedades que se dedican al blanqueo tienen su sede en estas capitales, en realidad ninguna cuenta en esas ciudades con un despacho físico real. Dejando a un margen la comparativa con las ciudades más grandes, la cifra de alertas que reportaron al CRAB los registradores navarros también está muy lejos de la que ofrecen los de la comunidad que precede a Navarra en el ranking, Asturias, con 55, y aún más de las 103 que reporta La Rioja que pese a contar con una población y un peso en el PIB nacional muy inferior notifica muchos más casos sospechosos. Lo mismo ocurre en Cantabria, con una población también inferior a la de Navarra pero que entre los tres registros sumó hasta junio 190 alertas. Un dato coincidente con la tesis defendida por los registradores de que la práctica del blanqueo de capitales está aquí menos extendida . MENOS OPERACIONES Desde el Colegio de Registradores remarcan que el número de alarmas por operaciones sospechosas por blanqueo que se ha venido detectando en la comunidad ha sido tradicionalmente bajo y achacan la notoria caída registrada en la primera parte del año a la menor detección de alertas por parte de los registros de la propiedad debido al parón de actividad durante el segundo trimestre del año, coincidiendo con el confinamiento. Un fenómeno que también se observa si se analiza lo ocurrido en el conjunto de las comunidades. Frente a las 6.019 alarmas recibidas a nivel nacional de los registros de la propiedad durante el primer semestre de 2019, en el mismo periodo de 2020 fueron 4.143, 1.876 menos. En el caso de Navarra, en el primer semestre del año fueron tres las alarmas detectadas por esos registros frente a las 25 de todo 2019. Una cifra que, en todo caso, al afectar a un número de operaciones muy reducido resulta preciso analizar con cautela. “Es posible que el coronavirus haya provocado una ligera paralización en la transmisión de inmuebles, pero las operaciones no han cesado”, remarcan desde el Colegio de Registradores de España. De hecho, en las alarmas recibidas por los registros la comparativa con 2019 no sólo no arroja caída alguna en la cifra de casos sospechosos sino que se incrementa pasando de 9.671 a 10.287. “Lo normal es que las operaciones mercantiles superen a las de propiedad”. Algo comprensible para los registradores ante operaciones cada vez más sofisticadas que generan la creación de personalidades jurídicas en cadena complicando llegar a conocer quién es el beneficiario final, el titular real de los bienes que se ponen en circulación. Los registradores, una herramienta para luchar contra el lavado de dinero negro España lleva años trabajando de la mano con la Unión Europa para, a través de normativas cada vez más precisas, tratar de reprimir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al frente de esta lucha se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPBLAC), que cuenta con el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) del Colegio de Registradores de España, que actúa con plena autonomía técnica, como gran aliado. Hasta su creación y puesta en marcha, marzo de 2016, los registradores únicamente estaban obligados a cumplir con el deber de colaboración impuesto a toda autoridad y funcionario. Estas son algunas de las claves que guían la actuación del CRAB. ¿Qué funciones realiza el CRAB? La principal es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esto se traduce en una doble finalidad. La primera es minorar la carga de trabajo del SEPBLAC (la Unidad de Inteligencia Financiera), ya que el Centro realiza una labor de análisis integrado. La segunda, tiene dos aspectos. Por un lado, eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa y la comunican a su órgano centralizado de prevención. Por otro lado, apoyar en el cumplimiento de sus obligaciones legales (control interno, verificación de sancionados, formación...). ¿Cómo es la operativa del centro? Se asienta sobre tres unidades operativas. La Unidad de Análisis, que analiza, prepara informes y revisa activamente las alertas generadas en el cruce de las titularidades registrales y otros derechos con las listas de sancionados de la UE. También se ocupa del registro y preparación de las respuestas a los requerimientos de información realizados por las autoridades competentes. La Unidad de Evaluación Interna lleva a cabo las acciones de supervisión respecto de los funcionarios incorporados, y soluciona las dudas de procedimiento y cualquier consulta que se pueda plantear en el desarrollo de la misma auditoría. Por último, la Unidad de Formación, de nueva creación, se encarga de la formación continua de más de 1.000 registradores y de los empleados de los registros, posibilitando un mayor conocimiento de la materia y una mejor aplicación práctica de la normativa de prevención. ¿Y tras la detección de una sospecha? Cuando esa operación se recibe en el CRAB, lo primero es comprobar determinados extremos, como por ejemplo vinculaciones con intervinientes de otras operaciones comunicadas en todo el territorio nacional, conexión con operaciones realizadas en otro tipo de registro diferente del comunicante (mercantil, propiedad o bienes muebles), cruce de información de investigaciones abiertas por las autoridades competentes en la materia de las que el Centro tiene noticia, con los índices y las bases de datos registrales y por supuesto con el Registro de Titularidades Reales, entre otras acciones. El resultado de estas primeras pesquisas puede derivar en la apertura de un informe de análisis especial o el descarte de dicha operación, nunca definitivo, ya que nuevas informaciones remitidas por el mismo registrador u otros pueden dar lugar a la apertura del informe. Realizado el informe, es el propio Centro el que decide si la operativa analizada presenta indicios lo suficientemente sólidos para su remisión o no al Servicio Ejecutivo. ¿Cómo se procesan los datos? Toda la información disponible tanto de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles dispersos por toda la geografía nacional, como las bases de datos nacionales: FLEI, FLOTI y FLOMI, como el Registro de Titularidades Reales y el Registro de Prestadores de Servicios, se pone a disposición de la prevención eficaz del blanqueo. Toda esa información, debidamente cruzada y tratada por los profesionales especialmente capacitados en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que trabajan en el Centro, se traduce en unos expedientes de investigación patrimonial que reciben la más alta valoración de sus destinatarios. José miguel Tabarés Vicedecano del colegio y vocal del CRAB: “Se sospecha de lo que no va con la lógica del mercado” Los registradores son uno de las grandes aliados del Estado en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), actúan con plena autonomía para tratar de detectar posibles operaciones irregulares a través de una labor de análisis integrado que les lleva a recabar información y a interconectar datos de diferentes expedientes. El vicedecano del Colegio de Registradores de España y vocal del CRAB, José Miguel Tabarés, reconoce que aunque el trabajo de los registradores no ha cesado durante la pandemia la paralización de la transmisión de inmuebles durante el confinamiento ha roto con la tendencia al alza tanto en alarmas como en generación de expedientes lo que deja “algo alterados” los datos del primer semestre del año. El número de alarmas recibidas en el CRAB desde Navarra durante el primer semestre del año es inusualmente bajo y no ha habido tal bajada en otras comunidades. ¿Cómo lo explica? El número de alarmas que se venían detectando por blanqueo en Navarra ya era tradicionalmente bajo. Los datos de 2020 son menores porque ha habido menos actividad y si se reduce el número de operaciones es lógico que se reduzca también el número de alarmas. En Navarra esta situación se junta al hecho de que no se trata de un territorio en el que haya muchas alarmas de blanqueo. Los datos bajan más pero no tanto por la covid sino por las características de las operaciones que se hacen en la Comunidad foral. ¿Se refiere a operaciones inmobiliarias? Se lo pregunto porque repasando la estadística del CRAB los que más alertas generan en Navarra son los registros de la propiedad y no los mercantiles y de bienes inmuebles como ocurre en el resto de España. Lo normal es que las operaciones mercantiles sospechosas sean más numerosas que las de propiedad. Y eso es porque lo que intentan los blanqueadores es crear complejas estructuras mercantiles con las que operar. De ahí que sea más frecuente que un mismo supuesto genere varias alertas en el registro mercantil y menos en el de la propiedad. En el caso de Navarra como las operaciones son tan reducidas en número, habría que ampliar el periodo de análisis para que la foto sea más real. ¿Cuánto tiempo tardan los registros en remitir una alerta al CRAB? Depende de los indicios que existan al analizar la operación. Algunos son automáticos. ¿Por ejemplo? Un precio anormalmente bajo con relación al bien. Si a la vista de la operación se considera que puede ser sospechosa en ese mismo momento se remite la alerta al CRAB. La idea general es que todo aquello que no vaya con las lógicas del mercado puede llevarnos a una operación sospechosa. Tenemos una serie de supuestos indiciarios para que cuando aparezca uno de ellos en el documento que se está revisando se analice al detalle. Desde una financiación que se haya recibido por un periodo de 30 años y que en un periodo corto de tiempo, por ejemplo de dos meses, se paga en efectivo hasta operaciones de compraventa propias de una sociedad mercantil en las que interviene una fundación sin ánimo de lucro. Entiendo que luego esas alertas se cruzan, ¿cuánto tiempo puede estar abierto un expediente? Toda la información que se recibe en el CRAB es debidamente cruzada y tratada por profesionales capacitados en prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Los expedientes pueden durar mucho tiempo o poco, depende. Hay ocasiones en que un expediente se abre por una serie de operaciones sospechosas y al cabo de dos o tres años surgen nuevas operaciones que se ve que están relacionados y ese expediente se reabre y acaba en un expediente comunicado al Sepblac. ¿Qué porcentaje de las alertas del CRAB acaban finalmente en el Sepblac (Unidad de Inteligencia Financiera) y dan lugar a sanciones? El porcentaje de expedientes que remitimos y dan lugar a sanciones es secreto, pero le puedo decir que tanto el Sepblac como las fuerzas de seguridad del Estado nos transmiten su agradecimiento porque consideran que la labor que estamos realizando es muy importante. En 2019 se generaron más de 30.000 alarmas y con la labor previa que realizamos los registradores para el cribado de todas esas alerta se ahorro mucho esfuerzo de cara a la posterior persecución que deben llevar a cabo las fuerzas de seguridad que son los verdaderas protagonistas. Nosotros somos una herramienta más.

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Las alertas por blanqueo de capitales se reducen por el parón de la covid-19

Navarra es la comunidad con menor número de operaciones sospechosas

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