Diario de Navarra

Las administraciones siguen tramitando las denuncias impuestas por la crisis sanitaria, pero miran de reojo a la justicia. Hace un par de semanas, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona acogió los dos primeros juicios por este tipo de sanciones, y la sentencia que se dicte al respecto, quizá la primera que se produce en España, será clave para empezar a aclarar el devenir final de estas sanciones. En caso de anular la sanción recurrida, se abriría la puerta a una multitud de recursos. El quid de la cuestión es jurídico. Durante el estado de alarma, y también para las nuevas sanciones aprobadas, las policías recurrieron al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito...”. En el juicio, el letrado del recurrente negó que desobedeciera a los agentes. “Le dijeron que estaba muy alejado de su domicilio, él obedeció y se marchó a su casa. Así consta en el acta de denuncia”, afirmó. Por contra, el abogado del Ayuntamiento afirmó que la ley no habla solo de desobedecer a un agente, sino también a la autoridad. “Desobedeció el mandato de la autoridad competente, en este caso el Gobierno de España a a través del Real Decreto que restringió la movilidad”. En la misma línea de los argumentos expuestos en el juicio por el abogado del recurrente, el Defensor del Pueblo en Navarra ha dado la razón a dos ciudadanos que fueron multados durante el estado de alarma, por lo que recomienda a las administraciones correspondientes que retiren las sanciones. En su opinión, si no ha habido una oposición “clara” a cumplir un mandato de los agentes, y que esta haya quedado reflejada en la denuncia, “el mero incumplimiento” de las limitaciones del estado de alarma no es por sí solo un motivo para denunciar. En un caso, un hombre fue sorprendido en Oitz cuando había salido al monte a coger setas el 22 de marzo. Alegaba que el monte se encuentra junto a su domicilio y que no era necesario cruzar el pueblo, de apenas 160 habitantes. Tras recibir la carta de este ciudadano, el Defensor del Pueblo contactó con el departamento del Interior del Gobierno de Navarra, que remitió un informe en el que defendió la sanción: el hombre se encontraba en la calle sin que concurriera ninguna de las excepciones a las limitaciones a la libertad de circulación previstas en la citada normativa. En el segundo caso, un vecino de Huarte argumentaba que su hijo había sido sancionado en dos ocasiones por la policía local. La primera, por ir dos personas con sendos perros del mismo dueño, y la segunda por “desobedecer las indicaciones del tiempo máximo de estancia en la zona de esparcimiento canino”. Recurrieron la segunda sanción al entender que en ningún caso hubo resistencia, y porque entendían que 600 euros por excederse en el tiempo de estancia en el pipican, algo que afirmaban que no era cierto, les parecía desproporcionado. En su respuesta a instancias del Defensor, el alcalde de Huarte contestó: “Desde mi posición no voy a anteponer la defensa del infractor al interés general de la población, cuando esta conducta podría haber puesto en grave riesgo la salud del resto de la ciudadanía”, defendiendo el trabajo de la policía local. Remírez: “Las multas no tienen afán recaudatorio” El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, incidió ayer en la importancia de la responsabilidad individual para contener el avance del Covid-19 y aseguró que las sanciones a los ciudadanos por incumplimientos de la normativa sanitaria no tienen “afán recaudatorio”, sino que buscar ser “ejemplarizantes y disuasorios”. Tras informar de las cifras de denuncias de la Policía Foral, Remírez afirmo que todas las policías trabajan de manera coordinada para “atajar las conductas que contravienen la norma y se demuestran absolutamente irresponsables e insolidarias”. “No hay un afán recaudatorio sino ejemplarizante y disuasorio”.

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Unas sanciones pendientes de la primera sentencia

El Defensor del Pueblo ha dado la razón a dos personas sancionadas en el estado de alarma en Oitz y Huarte

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