Diario de Navarra

Derechos Sociales tramitó durante el año pasado el expediente de 434 personas fallecidas en una plaza pública de alguna residencia navarra y que generaron, a lo largo de toda su estancia, una deuda con el Gobierno foral por 13,82 millones de euros (una media de casi 32.000 euros por persona). Tras causar baja, el departamento de Derechos Sociales procedió a valorar la capacidad económica de todos ellos (un estudio de sus bienes muebles e inmuebles) y determinó que solo eran capaces de pagar 11,66 millones. Los otros 2,2 millones se consideraron ‘deuda incobrable’ porque los fallecidos no disponían de suficientes bienes. Por ello, el Gobierno reclamó los 11,6 millones a los herederos pero, a final de año, en el plazo de pago voluntario o de forma anticipada, solo se habían cobrado sólo 2,7 millones. De toda la deuda reclamada, 1,6 millones se pagaron tras el fallecimiento de los beneficiarios en los seis meses que hay de plazo para el pago voluntario. Otros 221.000 euros se abonaron de forma anticipada mientras el beneficiario aún estaba ingresado en una plaza pública. Y, por último, se acordó con familiares el pago de 850.000 euros de forma fraccionada en el tiempo. El cobro del resto de la deuda, un total de 8,9 millones de euros, está en el aire. Derechos Sociales ha trasladado los expedientes a Hacienda foral para que proceda a su cobro. bien por vía de apremio o mediante la subasta de bienes. “Hay una cantidad de deuda que no se recupera nunca. No tenemos el dato de cuánto se cobra tras el procedimiento de Hacienda, ya que ese cobro se puede alargar durante años y, además. Hacienda no desglosa el dinero que obtiene de las subastas”, indica la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés. UN SISTEMA SUBVENCIONADO En las residencias de la tercera edad, quien tiene, paga y quien no tiene, o no tanto, paga lo que puede. El resto del coste, hoy por hoy, es subvencionado. Cuando el Gobierno de Navarra concede a una persona mayor una plaza pública en una residencia no significa, en absoluto, que sea gratuita. El beneficiario debe pagar cada mes una cantidad, denominada tarifa y que viene a suponer unos 500 euros menos que el coste de una plaza privada. Pese a esta subvención, la tarifa a la que debe hacer frente la persona oscila entre un mínimo de 759 (personas mayores no dependientes) y 1.460 euros al mes (mayores grandes dependientes y dependientes severos). No todas los beneficiarios de una plaza pública pueden abonar puntualmente la totalidad de esas cantidades, lo que genera una deuda con las arcas de la Comunidad foral y que, según la ley, puede ser reclamada con cargo a sus bienes, si los tiene. La deuda, por tanto, es la diferencia entre la tarifa pública que le corresponde pagar al usuario y lo que el usuario abona realmente. Esa deuda es ‘adelantada’ por el Gobierno foral y lo habitual es que se reclame tras el fallecimiento de la persona beneficiaria, aunque también se exige si la persona abandona el centro gerontológico de forma voluntaria. LA MITAD GENERA DEUDA El año pasado, en Navarra existían 2.228 plazas públicas o concertadas y 926 prestaciones vinculadas al servicio (una ayuda para quienes han pedido una plaza pública o concertada y esperan en residencias privadas) para personas mayores y psicogeriatría, según informa Inés Francés. Así, un total de 3.154 personas mayores en plazas subvencionadas. Y prácticamente uno de cada dos beneficiarios está generando deuda que, en algunos casos, nunca se llegará a cobrar. En concreto, a principios de este año generaban deuda 179 de las 274 personas que ocupaban una de las 274 plazas de las residencias del Vergel y Santo Domingo de Estella También generaban deuda 978 de las 1.954 per-sonas que ocupaban una plaza concertada en alguna residencia. Y lo mismo ocurre con 335 de los 926 beneficiarios de una prestación vinculada al servicio. En cambio, hay 1.662 mayores en plazas subvencionadas que disponen de suficiente capacidad líquida para hacer frente al cien por cien de la tarifa o precio de su plaza. Bien solos o con el apoyo económico de algunos familiares. DEUDA SIN INTERESES La ley foral que regula la reclamación de deuda (17/2000) establece que cada año se comunique a la familia o, en su caso, al tutor del beneficiario la cuantía de la deuda acumulada, con el fin de que pueda ser abonada voluntariamente de forma total o parcial en cualquier momento. “Las deudas generadas en ningún caso devengarán intereses”, ‘ subraya Inés Francés, que también indica que los herederos “nunca” responden a la deuda con sus propios bienes, sino solamente con los de la persona fallecida (una vez descontados los gastos del sepelio). Es lo que se denomina heredar a beneficio de inventario. La legislación también contempla que la ejecución del cobro de la deuda quedará en suspenso cuando la vivienda sea el domicilio único del cónyuge o persona a la que estuviera unida por vínculo de convivencia estable, hijos menores, afectados por discapacidad o carentes de recursos socioeconómicos u otras personas cuya necesidad de la misma sea valorada por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. EMPOBRECIMIENTO FICTICIO Aunque no es lo habitual, Derechos Sociales y Hacienda foral se suelen encontrar con casos en los que los herederos buscan no saldar la deuda Para ello, los técnicos comprueban que no hayan existido un empobrecimiento ficticio. En estos casos, se revisa la situación económica, la relación de bienes, que tenía la persona beneficiaria de la plaza cuatro años de realizar la primera solicitud para acceder a algún servicio de dependencia. “Puede ser que una persona entre en el servicio de dependencia con la solicitud de un centro de día y, poco a poco, evolucionen hasta una plaza de gran dependiente. La ley permitir ir hasta cuatro años atrás desde que echó la solicitud para el primer servicio”, indica la directiva. La casuística que los técnicos se encuentran es variada. “Todo el mundo puede vender bienes pero deben saber que tienen un acreedor preferente: el Gobierno de Navarra. Por ejemplo; si tienen dos casas y venden una, antes de repartirse los hijos el dinero, deben saldar la deuda que genera su progenitor. También hay casos puntuales en los que timan a los mayores. Ver que tenía una cantidad en el banco y luego no haber nada porque alguien lo ha cogido. Hemos llegado a ver hijos que sacan del cajero la pensión de los padres. A veces, recuperar esas deudas es costoso”’, apunta Francés, quien explica que sí hay supuestos en los que se puede permite que mengüen los ahorros del beneficiario. “Si el dinero ha sido para una ortodoncia o algo para el beneficiario. Y se tiene que justificar. No vale que los herederos o tutores aleguen que un dinero del beneficiario lo necesitaba un nieto o un hijo para algo”. UN AÑO HASTA HACIENDA Desde que la persona fallece en la residencia hasta que los expedientes sin la deuda saldada se traspasan a Hacienda para que inicie su reclamación transcurre casi un año. “Primero se abre un expediente para calcular la deuda previa comprobación de bienes correspondiente. Se comunica a los herederos o tutores para que aleguen y luego hay una resolución firme con la cantidad reclamada. Tienen seis meses de plazo voluntario para pagar. Si no lo hacen, ya entra Hacienda”. Inés Francés Román, directora gerenta ANADP: "Vamos a proponer que no genere deuda quien no pueda pagarla" Que las personas que disfruten de una plaza pública en una residencia y que, realmente, no dispongan de bienes no generen deuda con el Gobierno de Navarra. Es una de las novedades en las que trabaja la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) de cara a reformar el sistema de cobro de la deuda (diferencia entre lo que deberían pagar y lo que pagan). En Navarra generan deuda una de cada dos personas mayores que disponen de una plaza subvencionada en residencias navarras y alrededor de un 20 o 25% de la deuda no se cobra porque el fallecido no dispone de suficientes bienes. Es la llamada ‘deuda incobrable’ y que, en los últimos años, ronda los dos millones de euros. “¿Para qué vamos a ir a un proceso burocrático de generar deuda con las personas que ya sabemos que no tienen bienes y no la van a pagar en un futuro? Es evitar un proceso de un dinero que no vamos a cobrar nunca”, apunta la directora gerente de la citada agencia, Inés Francés. La propuesta que el departamento de Derechos Social llevará al Gobierno foral para su aprobación consiste, en esencia, en adecuar “el pago efectivo a la capacidad económica” del beneficiario. “La idea es que no genere deuda quien no pueda pagarla”, agrega. La valoración de la capacidad económica en la nueva propuesta tendrá más en cuenta los bienes inmuebles. “Será más o menos la misma, lo que ocurre es que a la hora de fijar la aportación mensual para pagar la tarifa, se tendría en cuenta un porcentaje de los bienes inmuebles de la persona, cosa que ahora no ocurre. El que tiene un inmueble ahora va todo para generar deuda Con la propuesta, en la aportación habría un porcentaje de bien inmueble”, detalla. Según Francés, se trata de una “concepción diferente” porque “la aportación real se basará en la capacidad económica individual de la persona”, lo que implica “una dinámica de funcionamiento anual mucho más ágil en el sentido de que pueda haber cambios” en las aportaciones. Cómo se hace el cálculo A continuación se detallan los pasos que se dan para determinar el dinero que una persona mayor beneficiaria de una plaza subvencionada debe abonar y, en su caso, la deuda que genera con sus bienes y que se reclaman, normalmente. después de fallecer. 1. CUANTIFICAR LA RENTA Por renta se entienden los rendimientos de trabajo (normalmente, la pensión de jubilación), los rendimientos de capital mobiliario (normalmente. los intereses de ahorros y fondos) , los rendimientos inmobiliarios (por ejemplo el alquiler de una vivienda o de un local) y los rendimientos empresariales (por ejemplo, los beneficios de acciones en una determinada empresa). Ejemplo. Una persona mayor de 65 años con una pensión de 950 euros al mes y que al año cobre unos intereses de 50 euros por unos ahorros en el banco. Su renta, a efectos de cálculo para la plaza, asciende a 1.000 euros. 2. DINERO PARA GASTOS PERSONALES A la renta se resta un dinero que se denomina ‘libre disponible’. Se trata de una cantidad anual estipulada en la normativa foral y que es para que la persona pueda comprar, por ejemplo. productos de aseo personal, ropa, tomarse un refresco, etc. La cantidad para una persona mayor, evaluada como dependiente severo o gran dependiente; ronda los 1.757 euros al año (unos 146 euros al mes). Si el cónyuge vive en el domicilio la cantidad ronda los 2.250 euros al mes. Ejemplo. A los 1.000 euros de renta se quitan 146 euros. Quedan 854 euros al mes (10.248 euros al año). A esto se le denomina RPC anual. 3. VALORAR EL PATRIMONIO El patrimonio mobiliario se compone, habitualmente, de los ahorros, fondos, acciones. Se computan al 100%. El patrimonio inmobiliario (bienes rústicos y urbanos) computa todo al 100%, excepto la vivienda habitual. En este apartado, es importante saber que se tienen en cuenta todas las transmisiones que haya habido en los últimos cuatro años. Ejemplo: la persona tiene 10.000 euros ahorrados en un fondo. Además, tiene un piso en Pamplona con garaje y trastero en el mismo edificio. También tiene una casa en un pueblo (valorada en 120.000 euros por Hacienda a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales). De este modo, se sumarían los 10.000 euros de ahorros, los 120.000 de la casa del pueblo más su RPC (10.248). Así, su capacidad económica es de 140.248 euros para un año y de 1l.687 euros al mes. 4. AJUSTE DE CUENTAS Todos las personas mayores con derecho a plaza pública deben abonar la tarifa mensual máxima (un gran dependiente y un severo 1.460,47 euros y para un moderado 1.391,73 euros). Si su capacidad económica no llega a la tarifa máxima se genera una deuda. Ejemplo: una persona dependiente severo cuyo RPC (renta menos libre disponible) más patrimonio computable es de 1.000 euros mensuales. Cada mes, aportaría 1.000 euros y, por tanto, generaría una deuda de 460,47 euros (hasta la tarifa de 1.460,47). 5. DOS OPCIONES ANTE LA DEUDA Una, la familia o amistades pueden asumir la deuda mensual de la persona beneficiaria de la plaza. Dos, el beneficiario de la plaza (o su representante legal) puede hacer lo que se llama un reconocimiento de deuda. Así, el reconocimiento de deuda se hace por la diferencia entre la aportación del beneficiario (su capacidad económica) y la tarifa. Es un documento con validez legal para avalar esa diferencia económica. Aproximadamente, alrededor de un 60% de los beneficiarios de tercera edad de una plaza pública en una residencia en la Comunidad foral realizan un reconocimiento de deuda, normalmente sobre la vivienda habitual de la persona o la unidad familiar. Este reconocimiento favorece a la persona. ya que evita verse obligado a vender la vivienda habitual, algo muy perjudicial en el caso de que el otro cónyuge viva en casa. Esta fórmula no existe en otras comunidades autónomas. 6. RECONOCIMIENTO DE DEUDA El reconocimiento de deuda se puede volver a examinar o revisar siempre que lo solicite el beneficiario o su representante legal. Es más, en ocasiones, el propio departamento de Derechos Sociales procede a realizar una revisión de oficio de los bienes del beneficiario para comprobar si la capacidad económica de una persona se ha modificado con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, se revisa si la persona ha decidido vender la casa. Si no la vende, cuando cesa la prestación del servicio (por ejemplo fallecimiento) se ejecuta el reconocimiento de deuda. Eso es, se reclama a los herederos el pago de la deuda, pero hasta donde alcancen los bienes del fallecido.

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Reclamados el último año 11,6 millones a herederos de 434 fallecidos en residencias navarras

Derechos Sociales trasladó a Hacienda de Navarra una deuda pendiente de cobro de 8,9 millones de euros

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