Diario de Navarra

La última vez que Pat Omorefe vio a su hijo era un bebé de dos meses que se encontraba en un centro de acogida de menores. Le suspendieron las visitas y ella recurrió, igual que cuando se enteró de que se había iniciado un proceso de preadopción. Ahí comenzó una larguísima batalla judicial que ha puesto en valía su empeño y el del turno de oficio de Pamplona, personificado en la labor de un abogado que renunció a sus honorarios por hacer justicia y llegar hasta el final, hasta el último tribunal, el de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Le acaban de dar la razón: ha condenado a España por no respetar su derecho a mantener el contacto con su hijo y por “no haber propuesto otras medidas menos radicales”. Hoy, el hijo de Pat Omorofe tiene 11 años. Al abogado de la madre, Manuel Ledesma Moreno, no le gusta echar mano del calendario cuando narra su periplo de tribunal en tribunal. Prefiere anudar los hitos del proceso a las edades del niño, que de forma paralela al lento discurrir de la justicia iba cumpliendo años con rapidez en el seno de su familia de acogida, dificultando el poder materializar una sentencia en caso de que fuera favorable. Ahora que ha llegado, y que el tribunal europeo ha pedido que se ponga fin a esta situación de manera “urgente” y se retomen los contactos, se reunirán con el Gobierno foral para buscar una solución dialogada que cause “el menor daño posible” al niño. Él nació en 2008 en Pamplona con algún problema respiratorio. Su madre, de Nigeria, vivía en la “pobreza extrema”, no hablaba castellano, su situación no estaba regularizada y sufría malos tratos por parte de un padre que en estos once años no ha aparecido, recuerda el abogado. En este contexto intervino la Dirección General de Familia e Infancia. Propuso a la madre que, dada la situación de riesgo del menor, se lo cediera seis meses mientras mediaban para que ella normalizara su situación. En este contexto, dos voluntarias de la asociación Itxaropen Gune, María Jesús y Blanca, comenzaron a prestarle apoyo. No han dejado de hacerlo en estos once años. A los dos meses, la Administración declaró al menor en situación de abandono, suspendió las visitas a la madre y propuso la acogida familiar preadoptiva del niño. Un juzgado lo aceptó, con el argumento de que “la madre no asistía a todas las visitas programadas con su hijo y, cuando asistía, daba muestras de desapego”. El letrado insiste en que no faltó a ninguna. “Es algo que me llama la atención. Creo que no se tuvo en cuenta que el niño estaba en una situación preocupante y la diferencia de culturas”, expone. Omorefe dejó constancia de que “no se opondría a la acogida familiar del menor, siempre que no se le privara de los contactos con su hijo”. Todas las peticiones de la madre fueron denegadas. Y recurridas. Cuando el niño tenía casi cuatro años, la Audiencia Provincial le dio la razón: la adopción no podía darse sin su consentimiento, algo que había alegado Manuel Ledesma. Además, consideró que “nada permitía concluir una actitud egoísta de la madre” y que la “cuestión prioritaria” de la reintegración familiar no había sido examinada. Pero el Gobierno foral “no cumplió esta sentencia”, subraya el abogado, y recurrió, tanto la decisión de la Audiencia como la del juzgado de Familia de reanudar las visitas de la madre para que no se perdiera el vínculo. “Sé que nos íbamos a tres o cuatro años con estos recursos”, recuerda el letrado, un tiempo que no corría a favor a la madre. Y así fue. Cuando el niño tenía 7 años, la Audiencia resolvió que dada la edad del menor, que había vivido con su familia de acogida casi desde su nacimiento, tenía que primar su interés, por lo que autorizó definitivamente la adopción del menor y no entró a valorar las visitas de la madre. DOS AÑOS EN EUROPA “Entendí que la única vía que tenía abierta era Europa”, cuenta el abogado, que le explicó a su madre que sería un proceso largo. Ella decidió seguir adelante y quedarse a vivir en Pamplona para estar cerca de su hijo, que ya tenía 9 años cuando el abogado, tras recibir la desestimación del Tribunal Constitucional, presentó su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Es un proceso complicado en el que hay que tener en cuenta el fondo y la forma”, explica. Pasó un año, y el tribunal no daba respuesta. Así que gracias a un traductor -solo se puede contactar con el TEDH en inglés o francés- logró averiguar que el silencio se debía un error: el caso había notificado a un abogado llamado Manuel Ledesma, pero de Madrid, y al no ratificar la demanda se había archivado. Así que hubo que solicitar de nuevo la reapertura del caso, con la oposición del abogado del Reino de España. El niño tenía ya 10 años. Un año después, tras más de una década de odisea judicial, el TEDH les dio la razón. En su sentencia recuerda a las autoridades que su papel para la protección social “es precisamente ayudar a las personas con dificultades” y reprocha que no se realizaran los “esfuerzos adecuados y suficientes para respetar el derecho de la demandante a mantener el contacto con su hijo”. Manuel Ledesma se enteró por la prensa. Llamó a la madre. “Pat, Europa te ha dado la razón. Se echó a llorar... para ella fue muy fuerte. Yo he sido padre en estos años y he pensado más de una vez que si a los dos meses no me hubieran dejado ver a mi hijo me habría vuelto loco. Es algo que me ha motivado a seguir”. Renunciar a los honorarios para buscar justicia Un momento crítico de este proceso tan largo y con tantas vicisitudes fue cuando el caso llegó al Tribunal Constitucional, donde comunicaron al abogado que no podía seguir con el caso, porque al estar la sede del tribunal en Madrid debían designar a un abogado de allí. “Después de años trabajando en este caso es imposible que un abogado distinto pueda formalizar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en unos días. Me sentí injustamente tratado y renuncié a mis honorarios para poder seguir, ya con una visión casi militante. Sentía que la injusticia que se había cometido con esta mujer era brutal y si para algo estamos los abogados es para luchar por estas cosas”, comenta, al tiempo que pide “una reflexión” de cara a una modificación legal que evite quebrantos así. También rompe una lanza en favor del turno de oficio de Pamplona. “A veces uno tiene la sensación de que la percepción que se tiene del turno de oficio es de que se presta un servicio de menos calidad, cuando no es así. Muchos compañeros nos dejamos la piel; cómo nos formamos, estructuramos y esforzamos hace que casos como este se puedan llevar a la práctica”, valora Ledesma, de 52 años y abogado desde 1996. También la madre renunció a cobrar cualquier cantidad. “Casi al final nos trasladaron la posibilidad de llegar a un acuerdo, cobrar una indemnización y olvidarnos de otras pretensiones. Pero ella dijo que no, que no quería un duro, que quería a su hijo. Ella no se ha olvidado de su hijo, es una mujer muy humilde, una trabajadora nata que ha trabajado mucho para tirar para adelante”, valor Ledesma, que destaca la labor de apoyo que dos voluntarias, María Jesús y Blanca, han hecho con ella.

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Once años de batalla para ver a su hijo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a una madre que lleva once años reclamando, de la mano de un abogado del turno de oficio, el derecho a mantener contacto con su hijo, al que no ve desde que tenía dos meses.

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