La Diputación del reino y la Diputación provincial

Una de las instituciones más características y representativas de Navarra a lo largo de su historia ha sido la Diputación. La institución hace referencia, en su denominación, a su propio origen. ‘Diputar’ es, conforme al Diccionario de la Lengua Española, “destinar, señalar o elegir a alguien o algo para algún uso o ministerio” y, refiriéndose a un cuerpo, “destinar y elegir a uno o más de sus individuos para que lo representen en algún acto o solicitud”. En concreto, las Diputaciones españolas que surgieron al final de la baja Edad Media o en la Edad Moderna se definen como los órganos ejecutores de las decisiones de las Cortes. Eran órganos delegados, encargados de ejecutar lo acordado en la reunión y de actuar entre una reunión de Cortes y la siguiente. Un encargo importante y habitual, entre otros, era la recaudación de la cantidad que se había aprobado entregar al rey, ya que el interés principal de los reyes al convocar a las Cortes era que se aprobasen unas determinadas cantidades en concepto de “donativo”, con las que hacer frente a los gastos de la Monarquía. Tradicionalmente se hace referencia a la Diputación navarra a partir de 1576, cuando se estableció con carácter “permanente”. Sin embargo, es lógico suponer que desde el momento en que hubo Cortes hubo también delegados, comisionados o diputados para determinados encargos, que actuaron en su nombre. ANTECEDENTES DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO Conocidos autores del siglo XIX (Yanguas y Miranda, Marichalar, y Manrique) hacían referencia a una diputación residente en Olite en 1450, así como al nombramiento de una diputación por parte de las Cortes en 1501. Puesto que las Cortes, como reflejo de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, eran estamentales, también lo era esta diputación, compuesta por representantes de los tres brazos o estamentos. La función principal de esta diputación fue ya la de velar por el respeto a los fueros o régimen jurídico propio. Aunque en cada reunión de Cortes se designaban diputados o comisionados para encargos concretos, incluso estando las Cortes reunidas, la diputación más conocida tradicionalmente es la que denominamos “Diputación de Cortes a Cortes”, es decir, la que actuaba entre una reunión de Cortes y la siguiente, en el periodo de entre Cortes. A la Diputación nombrada por las Cortes navarras se le denominó Diputación del Reino mientras Navarra tuvo la condición de reino, pasando a ser Diputación provincial cuando Navarra perdió esa condición a partir de la Ley Paccionada de 1841. La dificultad que se encuentra para estudiar el surgimiento de la Diputación del Reino es que no se conservan actas de las Cortes medievales navarras. Por esta razón, la historia de la Diputación navarra comienza propiamente cuando contamos con documentación para su estudio, ya en la Edad Moderna. Pueden considerarse un clásico sobre el tema los dos libros de Joaquín Salcedo dedicados a la Diputación. En todo caso, para conocer la historia de las instituciones navarras en la Edad Moderna son de gran utilidad la serie de actas de las Cortes navarras, editadas por el Parlamento de Navarra entre 1991 y 2014, en una colección dirigida por Javier Fortún. De la lectura de las actas de Cortes se deduce que había diferentes tipos de diputación o de diputados: las comisiones nombradas para asuntos concretos, la diputación nombrada al inicio de la reunión de Cortes para atender lo que se plantease durante su desarrollo, y la diputación que actuaba una vez concluida la reunión de Cortes y hasta la siguiente convocatoria, que es la que pasó a conocerse como Diputación del Reino. Las Cortes de 1503, 1505, 1506-07 y 1558 nombraron diputaciones encargadas de la recaudación una vez hecho el otorgamiento del donativo al rey. Contaron con 4 miembros: un representante del brazo eclesiástico, otro del brazo militar y dos de las universidades o ciudades. En 1558 hubo un representante más del brazo militar. Además, en 1505 se nombraron tres diputados, uno de cada estamento, con el encargo de solicitar el reparo de los agravios que se produjesen en ese año. La solicitud de reparo de agravios era encargo habitual de los que recibía la diputación. También en 1524 se encargó a diez diputados (2 del brazo eclesiástico, 4 del brazo militar, y otros 4 representantes de las ciudades) solicitar el reparo de dos agravios concretos: el ser extranjeros tres jueces del Consejo Real, y que todos los pleitos fuesen juzgados en primera instancia por la Corte Mayor pasando al Consejo Real en suplicación. No era un encargo general, pero sí dos asuntos importantes en relación con la administración de justicia. Estos dos casos pueden considerarse precedentes de funciones propias de la Diputación del Reino. Sin embargo, son un antecedente más claro los nombramientos de diputados hechos por las Cortes navarras en 1542 y 1546, al designar seis y cuatro diputados respectivamente, con objeto de solicitar el reparo de agravios mientras las Cortes estuviesen disueltas y hasta la siguiente reunión. En ocasiones, fueron designados como diputados los síndicos o consultores letrados de las Cortes, acumulando a su función la de diputados de entre Cortes. Así sucedió en 1531, 1538, 1550 y 1569. EL AUTO DE AGOSTO DE 1569 Al margen de estos antecedentes, propiamente la Diputación de Cortes a Cortes se institucionalizó en 1569. En las actas de las Cortes navarras consta que, en la reunión celebrada en 4 de agosto de 1569, los Tres Estados acordaron el nombramiento de seis individuos para componer una diputación de Cortes a Cortes. Se autorizaría a uno de los seis a residir en Madrid para seguir allí los asuntos del reino. Este miembro residente en Madrid sería el agente del reino en la Corte que, por tanto, era inicialmente miembro de la diputación navarra. La comisión que quedaba en el reino contaría entonces con cinco diputados. También se acordó que, excepcionalmente para esa ocasión, se elegiría a los seis miembros del brazo militar, echando a suerte entre los elegidos quién iría a Madrid. Al día siguiente, 5 de agosto, fueron elegidos don Rodrigo de Mendoza y Navarra, don Miguel de Mauleón, el señor de Arizcun, el vizconde de Zolina, el señor de Otazu y el señor de Bertiz, que estaban presentes y aceptaron. Echaron a suertes “por papeles y teruelos” quién de ellos iría a la Corte para “entender en los negocios del reino”, como embaxador, y le correspondió a Pedro de Berrio, señor de Otazu. Los diputados, junto con los dos síndicos, se ocuparían de los negocios del reino e informarían al que estaba designado para ir a la Corte. A pesar de la elección, pocos días después, el 19 de agosto, las Cortes revisaron su decisión al disponer que “por justos respectos” nombraban como diputados hasta la siguiente reunión de Cortes únicamente a los dos síndicos. Las actas de las Cortes no dan la razón del cambio de criterio. Pese a ello, el elegido para ir a Madrid se mantuvo, siendo Pedro de Berrio el primer agente del reino en la Corte. Los asuntos que preocuparon al reino a partir de la incorporación a la Corona castellana fueron la convocatoria anual de Cortes, la designación de jueces naturales para los tribunales del reino, la aprobación previa de las Cortes para el cobro de impuestos, que no se emitiesen cédulas ni capítulos de visita contrarios a los fueros, que no se sacasen procesos del reino, y el reparo de los agravios o contrafueros. LA DIPUTACIÓN 'PERMANENTE' ESTABLECIDA EN 1576 La reunión de Cortes siguiente a la de 1569 fue la de 1572. Al comienzo de esa reunión se designó, como fue habitual desde 1545, una diputación de cinco miembros (uno del brazo eclesiástico, dos del brazo militar y dos de las universidades) para atender lo que fuese preciso en el desarrollo de las Cortes y solicitar el reparo de los agravios. En la reunión de Cortes de 1569 también se habían nombrado esos cinco diputados, todos ellos distintos de los seis miembros del brazo militar que se habían elegido para la diputación de Cortes a Cortes, que finalmente fue suspendida. El mismo día en que comenzó la reunión de Cortes de 1572 se hizo el habitual nombramiento de los cinco diputados encargados de ocuparse de lo que surgiera y de solicitar el remedio de los agravios. A la vista de los acuerdos de la reunión precedente, la de 1569, también se acordó nombrar un representante en la Corte, eligiendo por acuerdo a uno de los cinco miembros de la diputación que habían designado al inicio de las sesiones (Pedro de Ollacarizqueta). Los asuntos que preocupaban al reino seguían siendo los ya mencionados, aunque encargaron al agente en la Corte otros más concretos: la aprobación del Fuero Reducido (nunca se consiguió), las obras de la fortaleza de Pamplona, que se tomase residencia a los oficiales públicos de pueblos y ciudades del reino, y los bastimentos entregados al ejército (que preocupaba cobrar). A pesar de ello, no se designó una Diputación para el periodo de entre Cortes. La siguiente reunión tuvo lugar en 1576 en Pamplona. Como era costumbre, se nombró a los cinco diputados encargados de atender los asuntos que se ofreciesen a las Cortes. Además de esta diputación, se nombraron diferentes comisiones encargadas de asuntos concretos: un grupo de diez diputados, encargados de disponer lo conveniente para que las plazas del vínculo fuesen bien provistas y los pobres socorridos; siete personas encargadas de la creación de una universidad en el reino; y cinco diputados para examinar los capítulos de la Mesta. La fecha relevante, en relación con la Diputación del Reino y en esta reunión de Cortes, fue el 26 de abril de 1576, día en que se institucionalizó la denominada Diputación permanente de Cortes a Cortes. Los Tres Estados acordaron que los cinco diputados que estaban nombrados desde el comienzo de esa reunión, para atender lo que fuese preciso durante el desarrollo de las Cortes, continuarían ejerciendo el oficio de diputados del reino hasta las Cortes siguientes. Tal vez de ahí, o del hecho de que desde entonces siempre se designó una diputación de Cortes a Cortes, la denominación de “permanente”, otorgada a la diputación, aunque las Cortes no utilizaron esta expresión. Los mismos diputados nombrados al comienzo de la reunión y con el mismo poder continuarían actuando hasta la siguiente reunión de Cortes, acordando también que se mantuviese esta práctica mientras al reino le pareciese oportuno. A pesar de lo acordado, de los cinco diputados nombrados al comienzo de las Cortes de 1576 cambiaron los dos del brazo de las universidades, aunque siguieron siendo representantes de las dos mismas ciudades (Pamplona y Sangüesa). Es posible que tuvieran algún impedimento o dificultad para seguir en el cargo. La función de la diputación, que se mantuvo mientras Navarra fue un reino, era la defensa de los fueros o régimen navarro, encargándose de velar por el interés del reino. Debía reclamar el reparo de los agravios, contrafueros, o cualquier quebranto de las leyes, usos y costumbres del reino, hecho a cualquier lugar o persona del reino por el rey, el virrey, o cualquiera de sus oficiales o ministros. Contarían para ello con el parecer de los síndicos o letrados del reino. En la siguiente reunión de Cortes, en 1580, aumentó el número de diputados de cinco pasaron a ser siete: el brazo eclesiástico seguía contando con un representante, también eran dos los representantes del brazo militar o de la nobleza, pero pasaban a ser cuatro los representantes de las ciudades (siempre dos de ellos representantes de Pamplona y los otros dos de una de las otras cuatro cabezas de merindad por turnos). Otra modificación introducida en esta reunión fue dar libertad para que las Cortes eligiesen en adelante como diputados de Cortes a Cortes a los designados al comienzo de la reunión o a otros distintos. Sin embargo, en la práctica continuó prorrogándose el poder de los designados inicialmente. La serie de actas de la diputación comenzó en Tudela, el 12 de abril de 1593, dando cumplimiento a una orden del rey trasladada mediante provisión el 4 de diciembre de 1592. Puede considerarse que el contenido de esta provisión son las primeras ordenanzas de la diputación: para las reuniones debían ser convocados formalmente todos los diputados y los síndicos, en presencia del secretario del reino; el secretario debía llevar un libro de actas; y se utilizaría el sello del reino, que debía guardarse en un arca de tres llaves. DE DIPUTACIÓN DEL REINO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL Ante la invasión napoleónica, la Diputación del Reino se trasladó fuera de Pamplona para actuar con mayor libertad. El 3 de junio de 1808 propuso al virrey trasladarse a Lerín, pero tanto el virrey como el Consejo no lo estimaron conveniente. Finalmente, en septiembre se trasladó a Ágreda, desde donde notificó el 11 de septiembre su salida de Pamplona para evitar la dominación francesa y contribuir a la restauración del rey. Desde allí, en octubre, se trasladaría a Tudela. Las autoridades francesas establecieron en Pamplona una diputación afrancesada para el cobro de impuestos entre los municipios, pero fue suprimida a comienzos de 1812. Tras la rendición de la ocupación francesa de Pamplona, el 1 de noviembre de 1813, el ayuntamiento acordó publicar la Constitución de 1812. Esta Constitución, aunque hacía referencia al régimen navarro en su Discurso preliminar, disponía sin excepciones la división del territorio nacional en provincias, al frente de cada una de las cuales habría una Diputación provincial, sujeta a las órdenes del Gobierno y de las Cortes, y presidida por un jefe político. En virtud de la entrada en vigor de la Constitución de 1812, la primera Diputación provincial navarra se constituyó en Estella el 1 de octubre 1813. El 4 de noviembre, ya liberada Pamplona, se trasladó a la capital y actuó hasta el 16 de mayo de 1814. Durante su actuación cesó en sus funciones la Cámara de Comptos y se estableció provisionalmente la primera Audiencia Territorial de Pamplona. Al abolir Fernando VII el régimen constitucional, mediante decreto de 4 de mayo, cesaron la Diputación provincial y el jefe político y se restablecieron las instituciones del reino. El 28 de mayo quedó restablecida la Diputación del Reino. Algo similar sucedió durante el Trienio Liberal, constituyéndose la Diputación provincial el 29 de mayo de 1820, relevada por la Diputación del Reino el 25 de abril de 1823. El fin de las tradicionales instituciones navarras llegaría con el fin del Antiguo Régimen. El 6 de septiembre de 1836, mediada la primera Guerra Carlista, cesó la Diputación del Reino. Un mes después, el 6 de octubre, se instaló una nueva Diputación provincial. El 16 de noviembre de 1839 el Gobierno dispuso por Real Decreto que la Diputación provincial de Navarra se designaría como en el resto de España, pero que tendría dos características fundamentales: se compondría de 7 diputados, como la antigua Diputación del Reino; y reuniría las atribuciones de las Diputaciones provinciales, de la antigua Diputación del Reino, y las del Consejo Real en la administración y gobierno interior de Navarra, siempre que fuesen compatibles con la unidad constitucional. La nueva Diputación negoció la modificación de los fueros que quedaría plasmada en la Ley Paccionada de 1841, y se requirió su aprobación para formalizar el acuerdo. La Diputación navarra mantendría las dos competencias diferenciales que Navarra ha mantenido hasta nuestros días en materia de derecho público: hacienda propia y control de la administración local. Desde 1867 la Diputación provincial navarra adoptó el calificativo de foral. Con la democratización de las instituciones forales, en virtud del Amejoramiento del Fuero de 1982, la función ejecutiva pasó a ser desempeñada por el Gobierno de Navarra o Diputación Foral. Mercedes Galán es catedrática de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra.

Estos son los orígenes de la diputación de Navarra

La Diputación ha sido una de las instituciones más representativas de la historia de Navarra. Se suele hacer referencia a su surgimiento en 1576 con carácter permanente pero ya antes había diputados que actuaban en nombre de las Cortes

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