Las medidas que el Ministerio de Justicia ha aprobado para hacer frente a la pandemia han causado “disgusto, enojo, impotencia y desasosiego” entre los profesionales de la abogacía en Navarra, que critican que el decreto ley que entró en vigor ayer “no es fruto del diálogo ni el consenso”, sino una decisión “unilateral” del Gobierno central. Así lo expresa Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona, que este jueves celebró una junta para analizar el nuevo escenario que se abre con unas medidas procesales y organizativas que seguirán en vigor hasta tres meses después de que finalice el estado de alarma.

Una de estas medidas declara hábil el periodo del 11 al 31 de agosto, hasta ahora mes inhábil. Para Ramos, es un gesto “ineficaz e incluso contraproducente”. Ineficaz, porque “probablemente se suspenderán muchos de los juicios programados por falta de citación o incomparecencias de los justiciables, testigos o peritos”. Contraproducente, porque “seguramente el personal al servicio de la administración de Justicia distribuirá sus vacaciones entre junio y septiembre, lo que supondrá que, en lugar de trabajar al 100% todo el tiempo, salvo agosto, la actividad se ralentice durante varios meses”. Por este motivo, desde la Abogacía se había propuesto la concentración de las vacaciones de todos los operadores ( salvo para las cuestiones de urgencia ) en agosto.

La habilitación de este mes también supondrá para los abogados una merma en su derecho al descanso y la conciliación laboral. “Se exige un esfuerzo, prácticamente en solitario, a la Abogacía. Probablemente porque quien lo propone sabe que estaremos ahí, al lado de la ciudadanía, cuando le notifiquen una demanda, le citen a un juicio o quiera denunciar, o demandar a otra persona, a la administración...”, expone Ramos.

El decreto ley también contempla actuaciones judiciales por vía telemática, una decisión ante la cual la decana se muestra “prudente”: “Se colaborará siempre en lo que pueda haber prosperar a la Justicia. Bienvenidas sean las herramientas que agilicen y beneficien a la ciudadanía, pero siempre desde el máximo respeto a sus derechos”.

En general, Ramos no cree que las medidas aprobadas sirvan para terminar con el colapso actual y el que se prevé. “La situación de retraso no es coyuntural, sino estructural. No la ha generado la pandemia, aunque la agravará. Confiamos en que las propuestas de agilización no conlleven una restricción de derechos de los justiciables”, advierte.