La mancha de aceite de las sospechas pasadas sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial (SEPI) se extiende ya hasta su cúspide. Después de que los tribunales hayan puesto en su punto de mira los rescates autorizados de Plus Ultra o Air Europa durante la pandemia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio este lunes 29 de junio el paso de imputar a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Lo hizo en la investigación sobre la ‘trama Hirurok’ de presuntos amaños de expedientes públicos que lideraban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente del organismo Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, y en la que también estuvo encuadrado Santos Cerdán. Además de Gualda, el instructor encausa a otras 24 personas, después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios de criminalidad en una red que, según el Ministerio Público, habría influido en ayudas públicas, contratos, adjudicaciones y operaciones societarias. Entre ellas hay protagonismo navarro: han sido imputados Mikel Arrarás Abejón, arquitecto técnico de Servinabar (la empresa de Antxon Alonso), y Félix Azcona Lacarra y Juan Ignacio Fernández-Micheltorena, del Grupo Erri Berri. Según la UCO, esta empresa de demoliciones con sede en Olite presuntamente habría hecho llegar a las sociedades de la trama un total de 575.000 euros, la mayor parte, unos 400.000 euros, por las gestiones para que la UTE en la que estaba la firma navarra fuera adjudicataria de las obras de desmantelamiento de las instalaciones y edificaciones existentes en las Baterías de Coque y Gasómetros en Avilés, Asturias.

En el informe que ha servido a Pedraz para imputar a la máxima responsable de la SEPI, la Fiscalía sitúa a Gualda en el centro del expediente de Tubos Reunidos, la empresa vasca que acudió al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el FASEE, y cuya tramitación es una de las cinco operativas que Anticorrupción atribuye a Hirurok. El escrito fiscal apunta a tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, organización criminal y uso de información privilegiada por cargos públicos.

La compañía solicitó el 7 de enero de 2021 un apoyo público de 115 millones al FASEE, tras iniciar los contactos en septiembre del año anterior. El Consejo Gestor del fondo lo aprobó el 13 de julio y el Consejo de Ministros lo autorizó el día 20. Según Anticorrupción, Vicente Fernández actuó como intermediario entre la empresa y la SEPI, obtuvo información interna sobre el expediente y la trasladó a responsables de Tubos Reunidos. Ahí aparecen otros cargos de la sociedad estatal. Miguel Ángel Figueroa Teva, por ejemplo, que habría remitido documentación interna a Fernández. Y Rosario Martínez Manzanedo, directora de Participadas vinculada a la tramitación del expediente.

El 3 de junio de 2021, siempre según el relato fiscal, Figueroa informó a Vicente Fernández de que “BG” -siglas que el escrito atribuye a Belén Gualda- tenía intención de sacar operaciones la semana siguiente. Entre ellas, Tubos Reunidos. Once días después, el 14 de junio, Figueroa habría enviado a Fernández documentación interna del Consejo Gestor del FASEE. Entre los archivos figuraba una antepropuesta de resolución sobre Tubos formulada por Martínez Manzanedo, con el visto bueno del vicepresidente Bartolomé Lora y la aprobación de la presidenta de la SEPI.

La Fiscalía incorpora además un documento interno de Tubos Reunidos sobre el fondo de rescate. En ese papel constaba que la solicitud tenía informes favorables de unidades de la SEPI, asesores externos y el Ministerio de Industria, además del “compromiso” de Gualda con el entonces presidente ejecutivo de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irazusta, para que la petición fuera aprobada por el Consejo Gestor.

ANOTACIÓN EN LA AGENDA DE SANTOS CERDÁN

“Julián Mateos → SEPI”. La anotación manuscrita estaba en la agenda de Santos Cerdán intervenida en Ferraz y cobra ahora otro peso. Julián Mateos-Aparicio, director del FASEE y Promoción Empresarial de la SEPI, también ha sido imputado. Pedraz ya había recordado en otro auto que ese cargo era el responsable de la instrucción y seguimiento de los expedientes de ayuda pública.

Anticorrupción no se queda en la concesión inicial. Señala también la fase posterior: seguimiento, devolución y renegociación de condiciones. Tras recibir el rescate, Tubos Reunidos formalizó contratos con Mediaciones Martínez, sociedad vinculada a Hirurok, que, según la Fiscalía, sirvió para retribuir de forma encubierta las gestiones realizadas. El primer contrato fijaba 5.000 euros mensuales por supuestos servicios de asesoramiento y desarrollo de negocio. En total, 114.959 abonados mediante 21 facturas por “prospección de mercados”.

Luego, Tubos vendió un inmueble y debía destinar parte de esos fondos a amortizar deuda vinculada al FASEE. La empresa volvió a recurrir a Vicente Fernández y a Leire Díez para conseguir una autorización que le permitiera aplazar esa amortización y disponer de liquidez. El 13 de noviembre de 2024 se celebró una reunión en Ferraz. En ella, según el sumario, estuvieron Cerdán, Díez, Fernández y el director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, así como el consejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. La Fiscalía vincula esa cita con la autorización posterior del aplazamiento de deuda.

La secuencia administrativa llegó meses después. El 14 de marzo de 2025 Tubos presentó una nueva solicitud ante el FASEE. El 21 recibió informe favorable de la Dirección Económico-Financiera. El 25, de Asuntos Jurídicos. Y el 28 de marzo el Comité de Negocio formuló propuesta favorable. Ese mismo día, la solicitud fue autorizada mediante resolución firmada por Mateos-Aparicio por delegación de Gualda. Por esas gestiones, sostiene Anticorrupción, Tubos Reunidos acordó pagar a Vicente Fernández otros 40.000 euros, IVA no incluido. La agenda roja de Cerdán incluía notas sobre Tubos, la venta de Sestao, los 10 millones correspondientes a la SEPI y la referencia a Julián Mateos-Aparicio.

La participación, según la investigación de la Guardia Civil, es determinante en el caso de Irazusta y Pérez Rodríguez-Urrutia, que son los que iniciaron los contactos con la trama para facilitar el rescate de Tubos Reunidos. Irazusta, además firmó el contrato inicial con la trama para pagar la primera parte de los 250.000 euros que se han detectado en la investigación. Tras su salida de la empresa, la relación la continuó López de las Heras. Así las cosas, Anticorrupción sitúa a Irazusta en la fase de concesión de la ayuda pública, a López de las Heras en la renegociación y aplazamiento de la deuda, y a Pérez Rodríguez Urrutia como enlace interno de la compañía con Vicente Fernández, Leire Díez y Santos Cerdán.

La providencia de Pedraz incluye también como investigados a José Vicente Berlanga y Rosario Arévalo, vinculados a Enusa; José Ramón Sempere Vera y María Teresa Castillo Pasalodos, de Mercasa; Francisco Javier López Buciega, directivo de Acciona; Juan Antonio Carrillo Donaire, del despacho SDP Carrillo y Montes; Fernando Albert Aragón, de Sepides; María de la Concepción Ortiz Fuertes, presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales; y Fernando Samper Rivas, Roberto Pérez Agüeda y Eduardo Pérez Agüeda, relacionados con Forestalia.