UGT valora positivamente que se retrase la vuelta a las aulas hasta el mes de septiembre y exige al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que "anteponga los criterios sanitarios a cualquier otra consideración a la hora de reanudar las actividades en los centros educativos".

El sindicato señala que, en espera de conocer en detalle las propuestas del proceso de desescalada en el ámbito educativo, haya "cuestiones previas" a la apertura de los centros y negociadas con las organizaciones sindicales.

Estas son, dice, la realización de pruebas diagnósticas de PCR a los trabajadores y trabajadoras de estos cetros y el tratamiento individualizado de cara a la actividad presencial de personas con determinadas enfermedades, embarazadas y mayores de 60 años.

Alude también a la desinfección previa y medidas periódicas de limpieza general de todo el centro y la disponibilidad de jabones desinfectantes de uso rápido, y la entrega a los trabajadores, antes del inicio de la actividad, de equipos de protección individual.

Asimismo defiende que se deben limitar a las estrictamente imprescindibles las horas presenciales en los centros y disminuir la ratio del alumnado, y establecer protocolos de actuación con medidas concretas sobre distanciamiento, eliminación de residuos y personas con síntomas.

Para UGT, dice, es "razonable que la actividad lectiva presencial no se reanude hasta el mes de septiembre, por lo que entiende que el profesorado debe seguir trabajando como hasta ahora", y en este sentido recuerda que ya manifestó en su día que las actividades diseñadas para julio, en caso de haberlas, deberán ser realizadas por otro personal.

Pide además una propuesta concreta para los trabajadores de las Escuelas Infantiles, ya que muchos de ellos están acogidos a ERTEs o despedidos.

Sobre este asunto indica que el de los centros educativos no es facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, aunque sean un importante elemento conciliador, por lo que considera "erróneo e injusto" tener en cuenta solo ese enfoque cuando deben ser las administraciones las que garanticen al conjunto de los trabajadores las medidas de conciliación.