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Gobierno de Navarra

El Gobierno financia con 160.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona

Foto de familia de la nueva Junta de Gobierno del MICAP. En el centro, con gafas, Blanca Ramos, decana.
Foto de familia de la nueva Junta de Gobierno del MICAP. En el centro, con gafas, Blanca Ramos, decana.
DN
  • Efe. Pamplona
Actualizada 08/04/2020 a las 15:56

El Gobierno Foral ha adoptado un acuerdo por el que financia con un máximo de 160.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona para prestar asistencia jurídica penitenciaria a internos del centro penitenciario de la capital y para la asistencia letrada en materia de extranjería durante este año.

El acuerdo, adoptado en la sesión que el Ejecutivo Foral ha celebrado este miércoles, ha sido dado a conocer en rueda de prensa por el vicepresidente, Javier Remírez.

Ha recordado que, según se recoge en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, la suspensión de plazos procesales no se aplicará a los servicios de guardia, actuaciones con personas detenidas, a órdenes de protección, actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, y a cualquier medida cautelar en materia de violencia de género y menores.

En este caso, tanto el servicio de asistencia jurídica en materia de extranjería como el servicio de orientación jurídico penitenciario se encuentran dentro de esta excepción, al tratarse de la configuración de servicios de guardia en ambas materias.

El Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciario (SOJP) comenzó a funcionar en 1998 a iniciativa del Colegio de Abogados con el objetivo de facilitar información, orientación y asistencia en materia de legislación penitenciaria, cumplimento de penas, acceso al turno de oficio y derechos en general a internas e internos del Centro Penitenciario de Pamplona.

En lo referente a personas extranjeras, el Ejecutivo navarro indica que los últimos años España y otros países del entorno se han convertido en destino preferente de personas buscan mejores condiciones de vida, así como de personas refugiadas procedentes de zonas en conflicto.

En ese sentido, subraya que la defensa de los derechos humanos, independientemente de la procedencia de las personas, nacionalidad o estatuto administrativo, constituye uno de los pilares del Estado de Derecho.

En este marco, añade, deben intervenir los diferentes colegios de abogados, velando por el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración, y defendiendo los derechos y libertades fundamentales de estas personas a través del ejercicio del esencial derecho a la defensa
 

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