Manuel Marchena Gómez, el reconocido juez del Tribunal Supremo, participa durante toda la jornada de este miércoles en la celebración del patrón de la Facultad de derecho de la Universidad de Navarra.

Además de impartir una clase magistral en el Aula Magna sobre el delito y las nuevas tecnologías, el magistrado participará en talleres y encuentros con alumnos. 

Marchena ha declarado que, hasta la reforma de 2015, cuando un juez necesitaba investigar un delito aplicaba el artículo 579 de la LEC que permitía interceptar las comunicaciones postales o telegráficas.

El problema, ha apuntado, vino cuando, con el paso del tiempo, un juez o la policía necesitaba intervenir el correo electrónico de un sospechoso, un sistema al que no se aludía expresamente en la LEC.

Entonces, ha indicado, el juez debía analizar si "es más correo que electrónico o más electrónico que correo" para aplicar el artículo 579, echándole "imaginación" y teniendo "sensibilidad" sobre la necesidad de investigar.

En 1988 se añadió a la LEC la posibilidad de intervenir los teléfonos, pero los jueces seguían tratando "con imaginación" de suplir el vacío normativo cuando se trataba de intervenir comunicaciones electrónicas.

También tenían dudas sobre cuánto tiempo puede prorrogarse la intervención de un teléfono o la autenticidad de unas cintas grabadas.

Marchena ha comentado que en 2014 "se produce una sacudida, similar a un terremoto jurídico" con una sentencia del Tribunal Constitucional.

Se trató de en un caso de asesinato, en el que un juez autorizó a colocar un micrófono a un detenido en una celda policial, pero éste denunció una violación de sus comunicaciones y su intimidad en el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión del primer magistrado.

Sin embargo, el Constitucional discrepó del Supremo al entender que no había cobertura normativa para la colocación del micrófono y en ese momento al menos 40 jueces de instrucción anularon pruebas que tenían en marcha al haberse utilizado micrófonos en sus casos.

Se creó una situación de "clamoroso vacío normativo", agravada cuando, ese mismo año 2014, el TJUE anuló la directiva que permitía a las compañías mantener los datos de conversaciones telefónicas y estableció el deber de todos los estados miembros de regular la retención de los datos que se generan durante el uso del teléfono móvil, como los de geolocalización.

Con el móvil, "todos generamos un rastro que nos hace ser transparentes", ha dicho Marchena, quien ha asegurado que esa sentencia del TJUE "fue un impacto que hizo tambalear los pilares de investigaciones judiciales y policiales de gran trascendencia".

El juez ha recordado que en España ya había una ley de 2007 que desarrollaba este tema e imponía a las operadoras la retención de los datos, a los que solo se podía tener acceso mediante autorización judicial, "lo que no pasaba en ningún otro país", lo que minimizó el impacto del auto del TJUE.

Finalmente, ha afirmado, en la reforma de la LEC de 2015 se legisló adecuadamente este ámbito, fijándose un límite máximo de 18 meses para las interceptaciones de comunicaciones, estableciendo unos requisitos con "proporcionalidad y racionalidad", y regulando aspectos como la autenticidad y destrucción de grabaciones o el acceso a un GPS.

Respecto a la grabación de audio y vídeo en el domicilio, Marchena ha opinado que "el legislador aquí fue demasiado lejos", ya que se establecen los mismos requisitos que para interceptar un teléfono y esto "es un error" porque a su juicio no son supuestos comparables.

En este acto, al que han asistido entre otros el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández y el presidente del TSJN, Joaquín Galve, se ha celebrado el patrón de la Facultad de Derecho con la entrega del Premio Sancho Rebullida a la mejor tesis en derecho civil, al mejor expediente del grado de Derecho y el grado de Relaciones Internacionales, y la mejor tesis defendida en el curso 2018-2019.