Técnicos denuncian la falta de recursos en intervención social

Técnicos de intervención social de Navarra han denunciado este miércoles en el Parlamento foral la falta de recursos humanos y materiales en este ámbito y han apostado por un enfoque preventivo en este tipo de servicios.

Oihan Ataun, asesor de delegados de LAB en esta materia, ha declarado en comisión parlamentaria que muchas trabajadoras de este sector están en riesgo de exclusión social y se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, que se establece en 10.944 euros anuales, lo que es "bastante escandaloso".

Se trata de "una realidad desconocida para la sociedad en general, muchas veces ocultada", ha dicho Ataun, quien ha destacado que su objetivo "no es dar pena ni lástima", sino hacer publica una situación "grave".

La intervención social, ha explicado, incluye diferentes actividades que se llevan a cabo para atender procesos de riesgo o exclusión social de colectivos como inmigrantes, drogodependientes o víctimas de violencia machista, entre otros.

Los servicios se gestionan mediante contratos privados con empresas, conciertos de la Administración con entidades, contratos públicos y servicios gestionados con subvenciones.

Ataun ha apuntado que éste es un sector feminizado que "ha venido padeciendo procesos de privatización", lo que ha llevado a "una gestión de lo público desde el ámbito privado", que en ocasiones ha accedido a los servicios con licitaciones por debajo del precio de mercado.

En los últimos años, ha señalado, se ha dado una profesionalización de las trabajadoras, pero esto ha supuesto que "cada vez se da una exigencia mayor de titulaciones y experiencia" sin que hayan mejorado las condiciones laborales de las empleadas.

Además, ha agregado, los recursos "no han aumentado en función de las necesidades", ni en número de profesionales ni de servicios ni en la metodología de intervención.

En ese sentido, ha subrayado que un enfoque preventivo más que paliativo "es mucho más barato y eficiente", pero "es muy incipiente, está sin desarrollar y necesitaría un gran impulso político".

Ataun ha comentado que en Navarra hay unos 5.000 casos de desprotección de personas que no cuentan con recursos paliativos ni preventivos y, para cuando logran entrar en el sistema, la capacidad de efectividad se reduce y los casos se cronifican.

Respecto a las condiciones laborales, ha apostado por una solución integral y ha puesto de relieve que los salarios no han aumentado en los últimos diez años, lo que ha supuesto un 10 % de pérdida de poder adquisitivo en un colectivo que tiene un salario medio que ronda los 1.000 euros.

Los sindicatos, ha recordado, están negociando el primer convenio de intervención social desde el mes de abril y "agradecerían" la incorporación del Gobierno de Navarra a la mesa negociadora.

Ataun ha pedido a los grupos políticos que, cuando se llegue a un acuerdo de convenio, se contemplen las mejoras recogidas en el mismo en los presupuestos para 2020 y que se apruebe un calendario para la modificación del decreto de ratios de 1991.

También ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la demanda de que, en dos meses tras la entrada en vigor del convenio, se renueven las licitaciones en servicios concertados para que se ajusten a lo acordado.

Mientras tenía lugar la sesión de trabajo, miembros del sindicato LAB se han concentrado frente al Parlamento de Navarra con una pancarta con el lema "Convenio de Intervención Social. Presupuestos 2020: servicios públicos de calidad sin precariedad".