Diario de Navarra

A pesar de que existe lista de espera para que personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo ocupen una plaza en una residencia, ni las familias ni el propio Gobierno se muestran partidarios de ampliar la oferta. Ambos concuerdan en que lo que hace falta es un cambio en el modelo de atención que permita que estas personas, unas 500 en Navarra ( 400 adultos y 100 en edad escolar) vivan integrados en la comunidad, en grupos pequeños, y no recluidos en instituciones. El Gobierno asegura que ya se está trabajando en este nuevo paradigma, aunque admite que se trata más “de una carrera de fondo” que de un cambio “de un día para otro”. De momento, Navarra no cuenta en este ámbito con proyectos pilotos como sí existen en otras comunidades, y las plazas residenciales continúan siendo “indispensables”. Esta fue una de las principales realidades que se pusieron ayer de manifiesto en la jornada impulsada en Civican por Plena Inclusión, la federación de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que representa en Navarra a unas 3.000 personas. El encuentro permitió conocer experiencias pioneras que ya se están desarrollando en Cataluña o País Vasco, por ejemplo. DIGNIFICAR Y AHORRAR María Antonia Fortuño, presidenta de Plena Inclusión Navarra, lamentó que a estas personas se les “recluye” en grandes centros (cuatro en toda la Comunidad) como si fueran “enfermos”, ocupando habitaciones dobles y triples. “El objetivo es doble: prevenir nuevas institucionalizaciones y desinstitucionalizar a los que ya lo están”. Un proceso que, además de dignificar las vidas de estas personas, permitiría a la sociedad “ahorrar mucho dinero”, aseguró. Tal y como recordó Fortuño, en Navarra todos los centros residenciales y centros de día son de titularidad pública, aunque algunos tengan la gestión subrogada. “En origen fue una ventaja, pero todos sabemos que mover el buque de la Administración es más complicado que mover barquitos de entidades privadas”. Además, muchos servicios han acabado gestionados por empresas con ánimo de lucro. Por todo ello, modificar la manera de funcionar de estos recursos está siendo “muy complicado”, admitió, a pesar de reconocer la especial sensibilidad demostrada por el equipo de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) de la pasada y la actual legislatura. Inés Francés, la directora de este organismo, concretó que el modelo en el que trabajan serían viviendas de plazas reducidas, más pequeñas que los pisos tutelados actuales, en los que conviven entre 12 y 20 personas, y que dieran cabida también a personas con grandes necesidades de apoyo, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el de la enfermedad mental. “Desde luego no contemplamos la creación de más centros residenciales”, corroboró, coincidiendo con la necesidad de apostar por modelos “mucho más inclusivos”. El derecho a tener un hogar Poder decidir quién entra y quién no; elegir horarios, hábitos y rutinas; saber que hay un sitio confortable que atesora los recuerdos y las pertenencias de cada cual, un sitio donde descansar, donde tener privacidad e intimidad. Todo eso es un hogar y poco de eso se encuentran las personas con discapacidad que viven en centros residenciales. Así lo contó Berta González, integrante de Plena Inclusión España, que recordó que “no hay ninguna evidencia científica de que estas personas vivan mejor institucionalizadas”. “Sin embargo, sí existe esa creencia en la sociedad, así que hay que trabajar también para cambiarla”, opinó. Porque si la gente no percibe que esto es “inaceptable”, que se están conculcando “derechos básicos” de este colectivo, “el cambio de modelo no llegará”. González recordó que más de un millón de personas con discapacidad viven segregadas en Europa; 31.400 en España y de ellas, algo más de la mitad presentan grandes necesidades de apoyo. González explicó que desde Plena Inclusión se ha puesto en marcha una estrategia a nivel nacional, con la alianza de la Administración, que está viendo ya sus frutos. “Este año 50 personas se van a mover de una institución a viviendas en sociedad”. Aunque Navarra todavía no figura como las comunidades punteras, González mostró el convencimiento de que “algo se está moviendo también aquí”.

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500 personas con discapacidad intelectual tienen grandes necesidades de apoyo

Gobierno, familias y profesionales quieren impulsar un cambio de modelo

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