El Gobierno de María Chivite ha manifestado que no está conforme con que el Parlamento tramite dos propuestas legales de Navarra Suma: la que plantea una nueva ley de Símbolos para la Comunidad foral y la que pide derogar la reforma del mapa local que aprobó el cuatripartito la pasada legislatura. Entre los argumentos que da al rechazar cada una de estas propuestas, el Ejecutivo de coalición cita el acuerdo programático que firmaron sus integrantes, PSN, Geroa Bai y Podemos, además de I-E.

Esos dos informes desfavorables que el Gobierno aprobó en su sesión del pasado miércoles, no impiden que el Parlamento tramite las propuestas. La decisión la tomará la Junta de Portavoces del Legislativo, como regula el Reglamento de la Cámara, que el lunes verá los informes.

Hay que recordar que en la pasada legislatura, el PSN participó en la manifestación convocada en Pamplona en apoyo a los símbolos de Navarra, después de que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E lograron derogar con su mayoría la ley propia que tenía la Comunidad foral. En el programa que llevaron a las elecciones del 26 de mayo, los socialistas se comprometieron a impulsar una nueva ley. Además, en ese mismo programa manifestaban otro compromiso: derogar la reforma del cuatripartito del mapa local.

EL CUATRIPARTITO DEROGÓ LA LEY

El cuatripartito derogó la pasada legislatura la ley foral de Símbolos para posibilitar que en instituciones como los ayuntamientos pudiera ondear la ikurriña. Sin embargo, no consiguieron este fin, porque aunque dejaron a Navarra sin una ley propia, la legislación nacional protegía los símbolos oficiales, como reiteraron los tribunales que siguieron sentenciando en contra de la colocación de la ikurriña, motivo por el que los ayuntamientos afectados han pagado en costas decenas de miles de euros.

Navarra Suma ha propuesto una nueva regulación legal de los símbolos oficiales de la Comunidad foral, como su bandera, con cuantiosas sanciones en caso de incumplimientos graves. En el trámite parlamentario, los grupos pueden presentar enmiendas, tanto de rechazo a todo el texto, como a sus artículos, en el caso de que quieran modificar sólo partes de la propuesta.

Ante las proposiciones de ley, el Gobierno debe comunicar de forma razonada su conformidad o no a su tramitación si implica un coste y dar su criterio.

DICEN QUE YA ESTÁN PROTEGIDOS

En el caso de la propuesta legal de Símbolos de NA+, el Ejecutivo argumenta al rechazarla que su acuerdo programático “establece en materia de autogobierno el compromiso inequívoco con los símbolos propios de la Comunidad foral, con lo cual, dicha protección está plenamente garantizada en virtud de dicho compromiso político”.

Hay que recordar que ese acuerdo programático se cerró el 5 de julio, víspera del forcejeo en el Chupinazo pamplonés, cuando concejales de Bildu y de Geroa Bai quisieron que la ikurriña ondeara en un balcón del Ayuntamiento. Allí estaba la entonces concejala Itziar Gómez, hoy consejera de Desarrollo Rural del Gobierno, quien en su toma de posesión señaló que ella reivindicó “la libertad de expresión de aquellos concejales que querían poner una bandera que no es ilegal”.

El Ejecutivo da también otro argumento en contra de la propuesta de ley de Símbolos de NA+: el coste que tendría sancionar a los que incumplen la ley para el departamento de Interior que dirige el vicepresidente primero del Ejecutivo, el socialista Javier Remírez. Sostiene que crear un régimen sancionador puede generar “un mayor gasto en personal” a este departamento del Ejecutivo, “ya que se añaden nuevas funciones a las actuales”. Y que “también se generan gastos relacionados con la publicidad de las sanciones en periódicos”.

Por último argumenta una incorrección técnica, ya que la propuesta de NA+ plantea derogar una norma, la del cuatripartito, cuyo único artículo se limitaba a derogar la ley foral de Símbolos que tenía Navarra.

PROPUESTA DEL MAPA LOCAL

El Gobierno también acordó esta semana manifestar su “no conformidad” con la propuesta legal de Navarra Suma para derogar la reforma del mapa local que llevó a cabo el cuatripartito.

El primer argumento del Ejecutivo de María Chivite vuelve a ser su acuerdo programático, donde pactaron prorrogar hasta final de 2020 los plazos que marca para su desarrollo esa ley de reforma de la Administración local de Navarra aprobada la pasada legislatura, “con posibilidad, si se considera necesario”, de ampliarlos hasta el 31 de diciembre de 2021.

El Ejecutivo sostiene que esa prórroga es necesaria tras las elecciones de mayo y “la nueva composición” de los ayuntamientos, el Parlamento y la propia Federación Navarra de Municipios y Concejos, dado que la ley “requiere un amplio consenso político que salve cualquier legislatura y tesitura política”.

Indica que así se podrán estudiar los cambios que sean necesarios para dejar claro lo que tiene que ver con las competencias y la financiación local, la situación de los secretarios e interventores y la elección de los miembros de la asamblea local y el encuadre legal de los diferentes entes locales, detalla.

“Todo ello sin perjuicio de que aquellas materias en las que se llegue a consenso puedan desarrollarse de forma anticipada”.

Concluye que se necesita esa prórroga para un desarrollo de la norma “coherente y consensuado”, que “vaya más allá de la mera derogación” de la ley y que “resuelva los importantes aspectos no solucionados en ella”. Concluye que por eso no está conforme con la propuesta de NA+.