Diario de Navarra

Desde el 23 de julio de 2015 más de 400 parejas han pasado por las notarías de la Comunidad foral para casarse, divorciarse o separarse. Ese día entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria que amplió las competencias de los notarios con el objetivo de ayudar a descongestionar los juzgados liberando a los jueces de asuntos en los que su intervención no era determinante. En el caso de las bodas y divorcios la condición que se estableció fue que los cónyuges estén de acuerdo y no haya hijos menores de por medio. La acogida que los navarros están dispensado a las notarías -hay 42 notarias demarcadas en todo el territorio foral- para sus asuntos maritales está siendo, a juicio de los propios notarios, “muy positiva”. Las últimas cifras disponibles, facilitadas por el Consejo General del Notariado con datos consolidados a abril de este año, arrojan una media anual de 46 bodas y 55 divorcios y un resultado global en todo el periodo de 184 matrimonios y 221 rupturas. No obstante, en estos cuatro años el crecimiento que han experimentado los matrimonios y las disoluciones en Navarra a través de esta modalidad ha sido desigual. Los primeros se han incrementado un 52%, pasando de las 33 bodas que realizaron en el primer año de vigencia de la ley a las 50 de este 2019, apenas un 3% del total de enlaces civiles que se registraron el año pasado en la comunidad. Por su parte, las escrituras de separación matrimonial y divorcio ante notario se han multiplicado por cuatro: de 11 a 42. En este caso, el notario, al igual que hacia el juez, comprueba que el convenio regulador de la suspensión de la vida en común acordado por las partes se atiene a derecho y es equitativo para los dos miembros de la pareja, es decir, que no incluye aspectos que discriminen a uno de ellos, y lo incorpora y protocoliza dentro de la escritura pública de divorcio. Pese a todo, la cifra de parejas que se divorcian ante estos profesionales es aún discreta si tenemos en cuenta que cada año se celebran en la comunidad algo más de 500 divorcios sin hijos menores y no parece que, de momento, haya contribuido a aliviar en exceso la carga de los juzgados de familia. En el primer trimestre del año, los juzgados navarros incoaron 405 demandas de separación y de divorcio frente a las 433 del ejercicio anterior, y de ellas las correspondientes a disoluciones no consensuadas (tanto separaciones como divorcios) descendieron un 23% con respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, la cifra de procesos de mutuo acuerdo, los únicos que pueden realizar los notarios, no sólo no ha bajado sino que se ha incrementado ligeramente en ese mismo periodo en sede judicial. Los expedientes de esas 400 parejas que han pasado hasta el momento por las notarías de las comunidad para unir o separar sus destinos aglutinan en torno al 40% de los actos de jurisdicción voluntaria que han realizado estos funcionarios del Estado en la comunidad, que han crecido más de un 48% desde la entrada en vigor de la ley. El incremento más notable se produjo durante el segundo año de vigencia de la ley cuando el número de actos aumentó hasta un 83%, pero su evolución siguió siendo constante en los años subsiguientes. Hasta abril de este año, estos profesionales habían realizado más de 1.000 actos de jurisdicción voluntaria que además de matrimonios y divorcios, incluyen sucesiones, expedientes de dominio o reclamaciones de deudas dinerarias. Para Alfredo Aldaba, decano del Colegio Notarial de Navarra, la norma “ha permitido solucionar conflictos de manera rápida y con plenas garantías y ha liberado a los jueces de asuntos en los que su intervención no era imprescindible, lo que ha ayudado a descongestionar los juzgados”, señala. RÁPIDO Y MÁS PERSONAL Casarse ante un notario (con la norma en la mano, estas bodas son análogas a las realizadas ante la autoridad judicial, por lo que deben hacerse en la propia notaría o, a lo sumo, en la sede del Colegio Notarial aunque puede haber excepciones) cuesta en promedio entre 150 y 200 euros. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, el proceso para contraer matrimonio se agilizó. Ahora, como explica Aldaba, “todo depende de la prisa que tengan los contrayentes”. Basta con presentar el DNI y que dos testigos que estén presentes en el acto aunque, de momento, las parejas siguen teniendo que acudir al Registro Civil para tramitar el expediente matrimonial. Después se celebra un acto en el que el notario lee los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil en presencia de los dos testigos, los contrayentes se dan el «sí quiero» y firman la escritura pública de matrimonio. Se prevé, eso sí, que en un futuro los notarios puedan elaborar todo el expediente matrimonial lo que todavía facilitará aún más el trámite. BÚSQUEDA DE DISCRECCIÓN Los motivos que llevan a las parejas a decantarse por esta vía van desde la discreción, hasta la posibilidad que muchos ven de aprovechar la cita para asesorarse sobre aspectos como el régimen económico de su matrimonio o los efectos del mismo de cara a la herencia. Así, resulta habitual que muchas de estas parejas opten por formalizar al mismo tiempo que su boda capitulaciones matrimoniales (separación de bienes) o testamentos. Pero la elección de la notaría para una boda también tiene algo de moda o tendencia. De hecho, son numerosos los famosos que han elegido esta opción en los últimos años. Es el caso de Ortega Cano y Ana María Aldón, Cristina Pedroche y David Muñoz, o Iker Casillas y Sara Carbonero. De la misma forma que los notarios pueden unir oficialmente una relación, también pueden legalizar una ruptura, es decir una separación o un divorcio, siempre que no existan hijos menores de por medio, en cuyo caso intervendrá un juez, y no se trate de una ruptura contenciosa, que deberá tramitarse por un procedimiento judicial. Lo que se hace es redactar un convenio regulador siempre que haya acuerdo entre los cónyuges. En él se fija si hay o no pensión compensatoria, quién se queda con la vivienda o si se liquida el régimen de conquistas y se verifica que no contenga ninguna cláusula lesiva o perjudicial para alguno de los cónyuges. El coste de un divorcio ante notario en el que no haya bienes que repartir puede oscilar, según las fuentes consultadas, entre los 200 y los 250 euros. UNA REFORMA CON DEMORA La Ley de Jurisdicción Voluntaria empezó a fraguarse en el año 2000, cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil que encomendó al Ejecutivo redactar la de Jurisdicción Voluntaria. Hasta octubre de 2005 el Gobierno no cumplió el encargo, que, sin embargo, sufrió una abrupta interrupción en su trámite parlamentario: el 24 de octubre de 2007, el Gobierno decidió retirar el Proyecto de Ley cuando este ya se encontraba en el Senado. Una medida extraordinaria, pero adecuada, según los expertos, ante los cambios esenciales que había sufrido durante el trámite parlamentario. En septiembre de 2014, fue presentado un nuevo Proyecto de Ley, que terminó siendo aprobado el día 18 de junio de 2015. La norma ha supuesto una importante desjudicialización de los conflictos que ha descargado a los jueces de asuntos cuya intervención no era imprescindible. Lo que pretende es solucionar conflictos en los que no hay intereses enfrentados. Para muchos notarios, la normativa vino a reconocer “legalmente” su autoridad en el ámbito de la familia. TRÁMITES SUCESORIOS MÁS ÁGILES La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha permitido agilizar los trámites sucesorios cuando no hay testamento. Hasta su entrada en vigor, la declaración de herederos cuando no existe testamento previo (declaración de herederos abintestato) era uno de los actos de jurisdicción voluntaria más demandado por los ciudadanos y llevaba años realizándose ante notario. Sin embargo, estos profesionales, sólo tenían competencias para declarar como herederos abintestato a ascendientes, descendientes cónyuges del fallecido. Con la nueva ley, los notarios vieron ampliadas sus competencias a parientes colaterales, como hermanos, sobrinos, tíos o primos de la persona fallecida. Así, durante los cuatro años de vigencia de la ley, de acuerdo con los datos facilitados por el Notariado, la declaración de herederos abintestato colaterales ha crecido un 41%. También en materia de sucesiones, la Ley de Jurisdicción Voluntaria otorgó a estos profesionales la competencia para realizar el inventario de una herencia antes de su aceptación o renuncia. La demanda de este acto, poco conocido aún por los ciudadanos, se ha mantenido constante. Otra de las novedades que incorporó la norma fue la posibilidad de que varios herederos, cuando el reparto de la herencia esté siendo obstaculizada por otro de ellos, puedan acudir a un notario para que envíen a este último un acta de notificación y requerimiento dándole un plazo de 30 días naturales para que decida si aceptar su parte o renunciar a ella. En el acta se le advierte también de que si no manifiesta su voluntad en ese tiempo, la herencia se considerará aceptada sin tener que acudir a los tribunales. Durante los cuatro años de vigencia de la norma, la demanda de este acto se ha multiplicado por cuatro. ALFREDO ALDABA, DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE NAVARRA “SIGUE EXISTIENDO DESCONOCIMIENTO SOBRE NUESTRAS COMPETENCIAS" Además de la facultad para casar o divorciar a las parejas siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo y no tengan hijos a su cargo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria otorgó a los notarios, funcionarios públicos del Estado, muchas otras atribuciones que todavía no han cuajado entre los ciudadanos, como la reclamación de deudas no contradichas. -¿Qué balance hace de estos cuatro años de la Ley de Jurisdicción Voluntaria? -El balance es positivo porque estamos realizando con normalidad actuaciones que antes no hacíamos, como bodas y divorcios. También declaraciones de herederos, cualquiera que sea el vínculo de parentesco. Ahora prácticamente todos los asuntos sucesorios se hacen en las notarías. Sin embargo, la ley nos atribuyó muchas otras competencias y gran parte de ellas no han cuajado. -¿Podría poner algún ejemplo? -La reclamación de deudas no contradichas. Se pensaba que se iba a utilizar más pero apenas se ha realizado. -¿Y a qué lo atribuye? -Al desconocimiento. Es un tema que todavía no está en el día a día de las empresas. Hay otras muchas actuaciones previstas que tampoco se han efectuado. La gente sigue acudiendo al juzgado porque en muchas materias se actúa por tradición. -Tras el pinchazo inmobiliario, la actividad de las notarías parece haberse recuperado con las nuevas competencias. Sólo en Navarra los datos hablan de un incremento del 48% en los actos de jurisdicción voluntaria. -La actividad relacionada con la financiación y la promoción inmobiliaria cayó, pero no creo que fuera un propósito de la ley compensar a las notarías por esa bajada. Lo que se buscaba era descargar a los juzgados de materias en las que podía ser más importante el acuerdo entre las partes. Está muy bien pensado y, en ese sentido, el propósito de la ley se ha cumplido. -Tras cuatro años de vigencia, ¿qué aspectos quedan por concretar de la norma? -La ley previó que en seis meses el Gobierno debía aprobar los aranceles para todas las actuaciones nuevas, pero todavía no se ha hecho. El arancel que existe hoy se puede aplicar a las materias de la ley de jurisdicción voluntaria aunque no está pensado para eso. -La posibilidad de que los notarios ahora también casen es sin duda una de las grandes novedades de la ley. ¿Qué motivos esgrimen las parejas que los eligen para un acto tan personal como el matrimonio? -Precisamente diría que buscan sentir y poder programar algo más personal. Desde no estar esperando en un pasillo, a elegir para ese acto a una persona con la que tienen confianza. Nosotros muchas de las bodas que hemos llevado a cabo son de personas próximas a la notaría.

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400 parejas navarras se han casado o divorciado en notarías desde 2015

La solicitud de divorcios se ha multiplicado por cuatro y el número de bodas ha crecido un 50%

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