Diario de Navarra

La sociedad concesionaria de la ampliación del Canal de Navarra hacia Tierra Estella, Aguas de Navarra SA, atraviesa una delicada situación económica que la empresa achaca a la parálisis administrativa del Gobierno de Navarra y, en particular, a la del departamento de Desarrollo Rural. Así lo transmiten dirigentes de la concesionaria en las reuniones que mantiene en los últimos meses con regantes y diversos representantes del sector primario. Según coinciden varias fuentes, Aguas de Navarra se encuentra en estos momentos con problemas de liquidez debido a que el Gobierno de Navarra no lleva a cabo sus deberes administrativos - y cuando los hace los hace a medias- de manera que la empresa no dispone a día de hoy de la documentación necesaria que le permita acudir a las entidades financieras para obtener financiación mediante un préstamo. Para situarse en la problemática hay que recordar que Aguas de Navarra es propiedad en un 65% de OHL (Obrascón Huarte Laín) y en un 35% de Agbar (Aguas de Barcelona). El 21 de mayo de 2014, la empresa firmó con Intia (sociedad pública del Gobierno de Navarra), en una acto en el Palacio de Navarra, el contrato de concesión con una duración de 30 años de la que se consideraba sería la mayor obra pública de la recién terminada legislatura. Incluía la construcción de una zona de 15.275 hectáreas de regadío en la ampliación del Canal de Navarra hacia Tierra Estella (ramales del Arga y Ega), así como su gestión y explotación durante tres décadas. RETRASO DE MÁS DE TRES AÑOS Según el contrato, la fecha de fin de obra era el 15 de abril de 2018. Sin embargo, hoy de las 15.275 hectáreas previstas solo se están regando cerca de 4.900 hectáreas. Como los agricultores no pagan a la concesionaria hasta que no riegan de facto sus fincas, esas 4.900 hectáreas proporcionan unos ingresos muy por debajo de lo previsto y, por tanto, no contribuyen a sanear las cuentas de la empresa. Al parecer, desde el inicio de la concesión Aguas de Navarra debería haber percibido del Gobierno de Navarra un canon de 23 millones, pero solo ha recibido unos 10 millones. Por contra, los accionistas de la sociedad, en el mismo periodo de tiempo, deberían hacer puesto unos 7,5 millones y, según exponen, han aportado 23, por lo que los accionistas están soportando el dinero que el Ejecutivo foral no desembolsa. “Cuentan, además, que llevan dieciocho meses sin que el Gobierno de Navarra les apruebe ningún proyecto. Toda la zona del Ega está totalmente parada”, agregan estas fuentes, que estiman en tres años y medio el retraso que acumula la obra. Aguas de Navarra solicitó en su día un préstamo de 90 millones de euros. Un importe que debía comenzar a devolver a partir de noviembre de 2018 (seis meses aproximadamente después de la fecha prevista fin de obra). Llegado ese momento, con el retraso que ya acumulaba la obra, la empresa dirigida por Francisco Iribarren, solamente había hecho uso de 60 millones. Los 30 millones restantes se amortizaron. Ahora, al parecer, esos 60 millones están como deuda a corto plazo, por lo que las entidades podrían reclamar ese dinero, lo que supondría que Aguas de Navarra entrara en suspensión de pagos, ya que el dinero que percibe como canon es insuficiente a todas luces para afrontar la deuda. En las reuniones que la sociedad mantiene con agentes del sector traslada que está pendiente de que se ejecuten o concluyan tres expedientes por parte del Gobierno de Navarra. TRES EXPEDIENTES PENDIENTES Uno, que hace alusión a todo la obra ya ejecutada por la empresa y que, en esencia, consiste en ajustar la diferencia entre el coste previsto y el real. Este asunto se cuantifica en cerca de once millones de euros. Se trata de una deuda del Gobierno de Navarra con Aguas de Navarra que no está cobrada pero que sí está reconocida por la sociedad pública Intia desde el año 2015 e, incluso por el mismo Gobierno ha autorizado el gasto, mediante un acuerdo. “No han cobrado ese dinero por peleas internas dentro del Gobierno”, apuntan las fuentes. DEFINIR EL CALENDARIO Un segundo expediente, el de menor relevancia, tiene relación con una zona de Peralta, denominada sector Arga IV y que afecta a unas 1.200 hectáreas. El expediente de aprobación contiene varios errores, como por ejemplo la obligación de realizar unas acequias pero el documento no incluye el necesario permiso del director general del director general de Agricultura, Ignacio Gil. Pero lo que Aguas de Navarra considera más grave es que la modificación contractual le obliga a un incremento de obra de 3,6 millones sobre lo previsto pero no recoge cómo va a cobrar ese dinero. “Consideran que la modificación contractual redactada por el Gobierno está mal hecha y que nadie puede obligar a una cosa si no da contraprestación a cambio”, indican. El tercer expediente es al que la concesionaria le da la mayor importancia para desatascar su actual situación. Se refiere a la tarea pendiente del Gobierno de Navarra de definir el calendario de obras. Es decir, modificar en el plan económico y financiero las fechas de inicio de las obras. Por ejemplo, si un sector del ramal del Ega estaba previsto su inicio en 2016 que se cambie la fecha a 2021. Ese ajuste de calendario recalcula, de forma automática, unas nuevas tarifas que el Gobierno de Navarra deberá abonar a la concesionaria -y posiblemente más elevadas que las previstas inicialmente-. Con ese ajuste del plan económico y financiero, que debe facilitar el Gobierno de Navarra, la empresa concesionaria ya podría solicitar un préstamo. La posibilidad de que se cumplan esos requisitos a corto plazo, desde el sector, se ve “complicado” y todavía más con un Gobierno de Navarra en funciones. Al respecto, subrayan que todo el retraso que acumula la obra va a suponer un importante sobrecoste que, en definitiva, saldrá de las arcas públicas, léase del bolsillo de todos los navarros. CLAVES Retraso de más de 3 años. La obra debería haber concluido en abril de 2018 y hoy no se riegan ni la tercera parte de hectáreas previstas 4.883 ha se riegan de 15.275 previstas. ¿Por qué Aguas de Navarra está en una situación económica complicada? Según varias fuentes, la empresa necesita que el Gobierno termine o realice la tramitación de tres asuntos económicos. 1. Abonar casi 11 millones de los ajustes por sobrecoste de la obra ya concluida. 2. Recoger en el expediente de Arga IV (Peralta) cómo va a pagar el Gobierno los 3,6 millones de sobrecoste. 3. Definir un nuevo calendario que fije las nuevas tarifas que el Gobierno pagará a la empresa. Un ajuste del plan económico y financiero para que pida un préstamo.

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Aguas de Navarra culpa al Gobierno de atravesar una delicada situación

Traslada a los regantes que la 'parálisis' del Gobierno le ha generado problemas de liquidez

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