Diario de Navarra

Pilar García es la secretaria general de enseñanza en CCOO. Como tal le ha tocado estar enfrente de decisiones del departamento de Educación en esta legislatura. Profesora funcionaria de Secundaria en Ciudad Real, en 2013 llegó a Navarra en comisión de servicios. Dos años después se presentó a las elecciones sindicales en el sector de Educación y resultó elegida. Ahora, en cambio, ha estado a punto de no poder presentarse y de quedarse sin votar. Y como ella, otros 20 docentes. Todo por unas nuevas instrucciones del Ejecutivo Barkos que pretendían que los docentes desplazados debían votar en sus respectivas CCAA. Les excluyeron del censo y ha tenido que ser un laudo arbitral el que les haya vuelto a meter. Y eso que los sindicatos ELA y LAB se pusieron del lado del Gobierno. El próximo miércoles 22 se celebrarán las elecciones sindicales para elegir los representantes de toda la Administración a las que están llamados 28.532 trabajadores. De ellos, casi 9.100 corresponden al ámbito de Educación. Lo que la mayoría no sabe es que estas votaciones han estado en riesgo de no celebrarse. O al menos, de tener que ser aplazadas unos meses. Es la medida que el sindicato CCOO estaba dispuesto a adoptar si no se incluía en el censo a tres de sus delegados. Además de la citada Pilar García, se trata de Silvia Domínguez López y Estela Serrano Lahuerta, ambas funcionarias del cuerpo de Maestros en Zamora y Madrid respectivamente aunque adscritas al departamento de Educación foral desde 2018. Tras verse excluidas del censo y ser rechazadas sus reclamaciones en primera instancia, las tres acudieron a arbitraje asistidas por Javier Ibañez. Era el 24 de abril, apenas unos días antes del cierre de presentación de candidaturas en la que Pilar García encabezaba la de CCOO. Su primera sorpresa fue encontrarse allí por parte de la empresa con representantes de Función Pública en lugar de Educación. La segunda, que acudiera un representante de LAB y otro de ELA de ese mismo ámbito. “Ambos llegaron con las manos vacías y no aportaron ninguna documentación. Sólo dijeron que apoyaban completamente la posición del Gobierno de Navarra que nos excluía. Es la primera vez en 20 años que ven en arbitraje que acudan de otros sindicatos no afectados y apoyen a la patronal. Y lo mismo con el Gobierno, percibimos por primera vez que actúan por intereses partidistas en unas elecciones sindicales. Por eso tenemos más arbitrajes abiertos”, dice Ibáñez. LA RESOLUCIÓN, EN SOLO UN DÍA Los enviados por el Ejecutivo Barkos defendieron su exclusión del censo “por no hallarse en el ámbito de aplicación subjetivo de las presentes elecciones”. Es decir, que al pertenecer a otras CCAA debían ser electoras y elegibles en ellas. CCOO, en cambio, se remitió a la normativa (que no ha cambiado con respecto a 2015), aportó jurisprudencia y se reafirmó en si intención de retrotraer el proceso hasta el inicio en el futuro. Al día siguiente el laudo arbitral les dio la razón y han podido presentarse las tres. No así el resto de afectados. “El Gobierno tenía mucho interés en que estas elecciones sean unos días antes de las forales”, apuntan. “Nos paga el Gobierno de Navarra la nómina y ahora decía que no podemos votar aquí. ¡Pero si en nuestras CCAA ya han votado las personas que nos están sustituyendo allí! Somos funcionarios con movilidad estatal en comisión de servicios en Navarra e incluso ya hemos participado en anteriores elecciones. No tenía ningún sentido. Han ido contra CCOO y otros sindicatos que no son de su cuerda porque las mayorías están muy ajustadas. Nos han puesto palos en las ruedas pero estamos aquí”, terminan Pilar García y Silvia Domínguez.

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