La comunidad venezolana residente en Navarra apoya al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y exige que cese la “usurpación” de la presidencia del país por parte de Nicolás Maduro.

Así lo expusieron durante un acto que celebraron en el centro de Pamplona, por medio de una manifestación que arrancaron en la plaza de Merindades y finalizaron junto al Monumento al Encierro tras recorrer parte de Carlos III.

“El presidente de la Asamblea Nacional, poder en el que están representadas todas las fuerzas políticas como resultado de las elecciones legislativas celebradas en 2015, es el diputado Juan Guaidó. Por lo tanto, es a él a quien corresponde el ejercicio de la presidencia interinamente hasta la convocatoria de elecciones libre y democráticas”, señalaron por medio de un comunicado firmado por Eglee Torres , presidenta de la Asociación Venezolana de Navarra (Asvena); Visy Alexandra Ordóñez, secretaria; Blanca Rodríguez, tesorera; y, como asesores, Sandra Guevara (diplomática en carrera jubilada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) y los abogados Ignacio Pages y Carlos Ochoa.

“VIOLACIONES” DE DERECHOS

La comunidad venezolana de la Comunidad foral, en su línea crítica contra el “régimen” de Maduro, denunció “las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas y armadas y la policía política contra manifestantes pacíficos y desarmados que reclaman el retorno a la democracia”. Según aseguró en su comunicado, “el uso indiscriminado de la fuerza se ha cobrado unos 50 fallecidos y casi un millar de detenidos -entre ellos menores de hasta 12 años de edad-, a quienes se les procesa ilegítimamente gracias a la complacencia de jueces y fiscales que forman parte del Poder Judicial controlado por el régimen”.

A juicio de los venezolanos afincados en territorio navarro, el mandato de Nicolás Maduro como presidente culminó el pasado 10 de enero. “En esa misma fecha, se juramentó para un nuevo periodo ante un Tribunal Supremo a su medida, contraviviniendo el orden constitucional”, fijaron en el comunicado, para además tildar de “ilegales” los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en mayo de 2018. “Entre otras irregularidades del proceso, se ilegalizó previamente a los principales partidos y se encarceló o inhabilitó políticamente a los principales líderes opositores”, declararon. “Venezuela confronta la más graves crisis humanitaria y migratoria de su historia, y el régimen ha impedido la ayuda humanitaria llegando al extremo de declararla inconstitucional”.