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Parlamento de Navarra

Educación, obligado por el Parlamento, da los datos de Skolae que negaba

Un informe jurídico recuerda al Gobierno su obligación de responder a peticiones de información y éste lo hizo ayer

La consejera María Solana, tras la comparecencia en el Parlamento de Navarra por el programa de educación Skolae.
La consejera María Solana, tras la comparecencia en el Parlamento de Navarra por el programa de educación Skolae.
Actualizada 08/01/2019 a las 14:26

#YoHiceSkolae y #SkolaeSoyYo son dos frases que pueden servir como etiqueta en las redes sociales pero no como argumento del Gobierno de Navarra. Así se desprende del informe jurídico que el Parlamento foral hizo ayer público. En él, dicta que el departamento de Educación “tiene el deber de facilitar los nombres completos de los redactores de Skolae” así como reivindica que “los parlamentarios forales tienen derecho a recabar datos o informes relacionados con el programa” de coeducación y afectivo-sexual. La medida, que llega después de que la consejera María Solana se negase a facilitar la información que la parlamentaria del PP Ana Beltrán le había solicitado, obligó a Educación a responder. Lo hizo en la tarde de ayer.


En esta ocasión los argumentos y las conclusiones del informe firmado por el letrado y por el letrado mayor del Parlamento eran rotundas. Comienza recordando que el pasado 24 de octubre la parlamentaria popular Ana Beltrán solicitó al Gobierno de Navarra “los nombres completos, perfil profesional y actividad profesional (actual y en el momento de la realización del programa) de las personas que han redactado el programa Skolae”. Lo hizo según los cauces ordinarios de la Cámara. Sin embargo, el 12 de diciembre la misma parlamentaria manifestó mediante un nuevo escrito que el Gobierno foral había incumplido el plazo de respuesta (20 días) a la solicitud de información y añadía: “Pero no sólo ha incumplido los plazos, sino que la propia consejera Solana, en comparecencia parlamentaria, afirmó públicamente que no iba a responder (. . .) Es decir, la consejera Solana hace caso omiso del Reglamento parlamentario, indicando a los parlamentarios que para informarse sobre cuestiones oficiales deben acudir a diferentes medios de comunicación”.


Beltrán se refería a la comisión de Educación celebrada en el Parlamento el 30 de noviembre en la que la consejera, además de llamar “ultra” a la parlamentaria y de gritar por el micrófono, le espetó a Beltrán: “Haga usted su trabajo, no se lo voy a hacer yo. Lo que usted quiere saber no sólo es quiénes son, sino también qué ideología tienen los autores del programa. Eso es una caza de brujas. Y yo soy la que no le voy a responder a eso. Skolae soy yo ”. Geroa Bai, formación de la consejera, se dedicó a partir de entonces a difundir esa frase en las redes sociales.


Ahora, los servicios jurídicos del Parlamento, en un informe de once páginas, recuerdan que, para el mejor cumplimiento de sus funciones, los parlamentarios forales “tendrán la facultad de recabar de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas, los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones y entes, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal”. Y, para evitar cualquier alegación por este lado, argumentan más adelante que proporcionar los nombres de los autores de Skolae es lícito y no contradice lo recogido por la protección de datos.


“Es un deber indudable”


El informe continúa aseverando que el programa Skolae es un expediente administrativo concluido, “lo que posibilita acceder a la información concerniente al equipo redactor”. En consecuencia, “resulta indudable el deber del departamento de Educación de facilitar los nombres completos de los redactores del programa educativo, en correspondencia con el derecho de aquélla a solicitar dicha información. Empero, en cuanto al perfil profesional y la actividad profesional, tanto remota como actual de los intervinientes en Skolae, sólo podrá ser transmitida en la medida en que dicha información conste en el expediente del programa educativo”.


Es a partir de aquí cuando los letrados apuntan que el incumplimiento por parte del Gobierno puede vulnerar el derecho fundamental plasmado en el artículo 23.2 de la Constitución, puesto que no se han advertido impedimentos jurídicos que hagan improcedente atender la solicitud de información. Y enumera a Ana Beltrán las tres acciones que puede interponer ante esta actuación de Educación: presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJN o plantear una pregunta oral, bien ante el pleno o ante la comisión de Educación solicitando de nuevo la información. La dirigente popular había avanzado por la mañana lo que harán: “La consejera nos acusó de una caza de brujas pero el informe jurídico es demoledor. Le plantearemos la pregunta oral a la presidenta Barkos en el pleno de esta semana y si no obtenemos una respuesta acudiremos a los tribunales”.


Ante esta situación, la consejera Solana remitió la información a la pregunta a última hora. En la hora de registro de salida figuran las 15.50 h en un documento fechado ayer mismo. Ana Beltrán afirmó que ahora tendrán que analizar la información facilitada pero que mantienen la pregunta del pleno.


Educación, reincidente


Esta no es la primera vez en la legislatura que los letrados de la cámara se pronuncian sobre una negativa a la remisión de información desde Educación. Ya ocurrió hace unos meses con UPN y su petición de las actas de los consejos escolares de los centros que habían reducido las horas de inglés en el programa PAI o con el rechazo en 2016 por parte del ex consejero de Educación, José Luis Mendoza, a remitir información al PSN sobre el mismo programa.

Los artífices: dos filólogos, una sexóloga, una coach y una consultoría guipuzcoana

 

 

 

77 días ha necesitado la consejería de María Solana para remitir folio y medio. Esa ha sido su respuesta a la solicitud de información que se negaba a facilitar al PP. En un documento fechado ayer, la titular de Educación expone el equipo de trabajo que redactó el plan de coeducación del que pende Skolae.


Se trata de cuatro nombres-tres mujeres y un hombre- y de una empresa consultora guipuzcoana, Eraberria, que desde 2013 ha trabajado con todos los organismos del Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y ayuntamientos como el de Pamplona, Tafalla y Zizur. Las identidades no son nuevas, ya que prácticamente todos han manifestado públicamente su participación en el polémico programa de coeducación y afectivo-sexual, pero es ahora cuando se oficializa.
Encabeza la lista Marian Moreno Llaneza, licenciada en Filología Hispánica y docente de literatura. Natural de León, es autora de materiales didácticos coeducativos y la organizadora del I Congreso Internacional de Coeducación y Género que tuvo lugar en Madrid en octubre. En él, el servicio de prensa del Gobierno de Navarra aseguró que se había “aplaudido” el programa Skolae, reconocimiento que la consejera Solana, interviniente, recibió “entre lágrimas”.


Se da la circunstancia de que los ponentes en el congreso son otros de los autores de Skolae: el filólogo hispánico Miguel Ángel Arconada, docente de ESO en Valladolid, y Carmen Ruiz Repullo, sexóloga cordobesa y profesora de la Universidad Pablo de Olavide. Victoria García Arlegui, psicóloga y coach, completa la lista.


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