Diario de Navarra

Varios ayuntamientos con obras incluidas en las inversiones “financieramente sostenibles” no van a poder acometer las obras ante la falta de tiempo. Esas obras, que alcanzan un total de 25,7 millones, se detallaron en la ley que impulsó en la Cámara el cuatripartito y que se aprobó el pasado octubre. Son las que se han salvado de los 113 millones de inversiones que los cuatro grupos incluyeron en esa norma, junto a los 9,8 millones para un plan director de banda ancha. Las inversiones financieramente sostenibles son las que se van a realizar gracias al superávit que Navarra tuvo en los presupuestos de 2017. Los 113 millones anunciados por el gobierno de Uxue Barkos y sus socios se han quedado, como se indicaba, en 35,5 millones. Según detalla un informe de la directora general de Presupuesto, Begoña Urrutia, al cotejar en el servicio de Infraestructuras Locales la documentación aportada por las entidades locales y que se recogió en esa ley, aprobada el 4 de octubre, se detectaron “errores y omisiones” que “es necesario subsanar”. Además, destaca que son varias las entidades locales que, “habiendo manifestado la voluntad de llevar a cabo las inversiones” y que, por tanto, se incluyeron en esa norma, “por diversas causas no van a poder acometer las obras en los plazos fijados en la ley”. Urrutia anuncia que por ese motivo se excluirá a estas últimas locales y se permitirá que entren en la lista a otras que sí están en condiciones de llevar a cabo las inversiones, pero que no figuran en la ley “por error u omisión”. CÓMO SE CAMBIARÁ LA LISTA El Ejecutivo aprobó el pasado miércoles un nuevo proyecto de ley “de crédito extraordinario” para inversiones financieramente sostenibles, con las que realmente se van a llevar a efecto porque la cantidad ha sido autorizada por el Gobierno central para que Navarra no incurra en déficit este año. En esa norma, el Ejecutivo incluye una disposición por la que se facultará a la consejera de Administración Local, Isabel Elizalde, para modificar la lista de entidades locales que recibirán financiación para sus obras de pavimentación con o sin redes, adecuar las dotaciones municipales a la normativa de edificación, para redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales, para alumbrado público y para caminos. Cuando se apruebe la ley, la consejera podrá incluir a otras localidades , siempre que no incremente el global de ayuda, los 25,7 millones de euros. No se especifica qué criterio seguirá Elizalde a la hora de decidir qué entidades entran y cuáles no. Estas aportaciones a las obras locales procedentes del superávit de Navarra completarán las que hagan las propias entidades locales hasta alcanzar una inversión total de 38 millones de euros. Con ese dinero se realizarán más de 300 actuaciones, como ayer destacó el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Pablo Azcona. Indicó que las entidades cuentan con recursos suficientes para afrontar la parte de la inversión que no cubre la aportación aprobada por el Ejecutivo, “después de cerrar los últimos ejercicios con superávit”, al tener “limitados sus gastos por la normativa de estabilidad presupuestaria”. DENUNCIA DEL PSN El PSN por su parte, denunció ayer en un comunicado que hay ayuntamientos que están advirtiendo de que los requisitos que les está poniendo el Gobierno de Navarra para realizar las inversiones “pueden ponerlas en riesgo”, porque además los plazos son “muy ajustados”. Por eso, los socialistas han reclamado que debería reunirse la FNMC de manera “urgente” para solventar estas cuestiones y poder dar cauce a los proyectos con garantías. El Ejecutivo ha propuesto que esta ley de los 35,5 millones se apruebe mediante el procedimiento de “lectura única”, es decir, en una sola sesión plenaria. Pero debido al puente foral y al debate de los presupuestos de Navarra del año que viene hasta el 20 de diciembre no hay ningún pleno previsto. Por eso, se tendrá que convocar un pleno antes, previsiblemente en la semana del 10 de diciembre. Qué pasa con la ley anterior La ley que ha propuesto el Gobierno no dice qué pasará con la ley de los 113 millones para inversiones “financieramente sostenibles” que aprobó el Parlamento para que se ejecutara este mismo año, ya que no dice que esta nueva norma la derogará. Sólo indica en la exposición de motivos que en esta nueva ley se “priorizará” las inversiones locales y las destinadas a banda ancha de todas las inversiones que se incluyeron en la norma aprobada el pasado octubre. Cuando se apruebe esta nueva norma, se incluirán los 35,5 millones en el presupuesto de gastos de 2018 como un “crédito extraordinario” (de ahí que sea necesario hacerlo con una ley) que se financiará con “remanente de tesorería” para gastos generales.

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Varios ayuntamientos no podrán hacer las 'inversiones sostenibles' por falta de tiempo

La ley propuesta por el Gobierno autorizará a la consejera Elizalde a incluir otros municipios

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