Diario de Navarra

Más de un año ha pasado entre correos electrónicos, llamadas, escritos entregados en el registro y hasta una instancia dirigida expresamente al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. La puesta en marcha del llamado Plan de Amabilización del Ayuntamiento en el centro de la ciudad tuvo un claro perjuicio para la autora de esta reclamación. El 8 septiembre de 2017, tras consultar el asunto en varias ocasiones a través del número de teléfono 010, la afectada dirigió un correo electrónico a la dirección plandeamabilizacion@pamplona.es, exponiendo los problemas a los que se enfrentaba para entrar en un garaje subterráneo situado en la calle Yanguas y Miranda y para el que pedía autorización para hacerlo a través de las calles José Alonso y Padre Moret. El correo electrónico fue reiterado el 20 de octubre de 2017, sin recibirse contestación. El 22 de enero de 2018, ante la falta de respuesta, presentó una instancia en el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia (número de registro 3227), dirigida al Área de Ciudad Habitable y Vivienda, exponiendo de nuevo el problema. Ante la falta de contestación a la instancia, el 3 de julio de 2018, dirigió un nuevo escrito al alcalde Asiron, solicitando la tramitación de su solicitud (número de registro 31784). Este último escrito tampoco había sido objeto de respuesta. SIN ALTERAR EL TRÁFICO Fue por ello que hace dos meses, la afectada acudió, desesperada, al Defensor del Pueblo. Fue finalmente el 4 de octubre cuando el consistorio por fin dio respuesta a sus reclamaciones: no se justifica su otorgamiento. Más allá de la justificación, la institución que dirige Francisco Javier Enériz recuerda al Ayuntamiento de Pamplona el deber legal resolver expresamente la solicitud a la interesada (el plazo que estipula la ley es de tres meses). Asimismo y dadas las circunstancias que se exponen en los diferentes documentos acreditados, el Defensor entiende que se debe estimar la petición de la interesada por varios motivos. Primero, al ser la plaza de garaje accesible únicamente desde la calle Yanguas y Miranda, la mujer puede verse obligada a realizar un trayecto excesivamente largo o costoso debido a las prohibiciones introducidas por la nueva ordenación del tráfico (se señala en la solicitud, como ejemplo, que, en varias ocasiones le ha costado más de veinte minutos acceder desde la Plaza de la Paz hasta su plaza de garaje, a pesar de ser lugares próximos). En segundo lugar, las calles a las que afectaría la autorización se utilizan para el tráfico rodado por autobuses, taxis y propietarios de plazas de parking de la zona restringida, por lo que también podría utilizarse por algunos vecinos en supuestos justificados. La tercera alegación indica que la autora de la queja tiene la condición de residente en una zona próxima (calle Estella), por lo que estos trayectos podrían darse reiteradamente en el desplazamiento hasta su domicilio. Y, por último, la autorización que se concedería no supondría una alteración relevante para la ordenación del tráfico ni se apreciaría riesgo para la seguridad de los viandantes. En consecuencia, la institución del Defensor del Pueblo sugiere al consistorio que estime la solicitud de autorización presentada por la interesada, vinculando su uso al acceso al garaje de su propiedad.

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