El Gobierno foral mostró su “disconformidad” con la propuesta legal de UPN para que también en Navarra las prestaciones por maternidad y paternidad estén exentas de IRPF y se devuelva lo retenido desde 2014. Eso no impide que la norma sea debatida y votada, algo que el Parlamento hará el 15 de noviembre.

El Ejecutivo argumenta a su rechazo que, según la Hacienda Tributaria de Navarra, modificar la ley para declarar exentas estas prestaciones y con carácter retroactivo, debería hacerse si existen “claras exigencias de interés general” y es algo que no ve, “máxime cuando dicha exención se considera regresiva y discriminatoria desde el punto de vista de la justicia tributaria y del mantenimiento de la progresividad del impuesto, y por eso mismo en 2012 se eliminaron las exenciones con efectos a partir de 2013”. Justifica así la decisión que adoptaron UPN, PSN y PP y que tantas veces ha sido utilizada dialécticamente como arma arrojadiza contra estos partidos por parte del Gobierno y sus socios.

El Ejecutivo no considera que los navarros tendrán un trato desigual. Argumenta que la equivalencia hay que buscarla en el conjunto del sistema tributario. Estima que la devolución podría costar 7,8 millones al año, con un coste de unos 45 millones en los cinco ejercicios afectados, al sumar la prestación por paternidad.

Una periodista preguntó a la portavoz María Solana por qué en este caso el Gobierno no ha atendido a la “sensibilidad social” a la que aludió al anunciar un cambio en la ley del impuesto sobre las hipotecas. Solana contestó que el Gobierno no ve la “necesidad de igualar” que plantea UPN, ya que las madres navarras están en “mejor circunstancia que otras” con las deducciones (a partir de 2019). “Es la sensibilidad social que recogemos cuando proponemos las deducciones, que nos parecen más justas y efectivas, y no sé cuál es la sensibilidad social que lleva a UPN a votar en contra de las deducciones y a PSN a abstenerse”.