Diario de Navarra

La desesperación que lleva a unos padres a acudir a la Justicia para denunciar a un hijo por malos tratos los sitúa muy a menudo en una encrucijada: por un lado, dan el paso como último resorte para poner fin a una situación límite; por otro, no quieren que las consecuencias penales recaigan sobre sus hijos. Es por eso que más de la mitad de los padres que denuncian, según Fiscalía, acaban acogiéndose a su derecho a no declarar contra su hijo. Y desisten del proceso, lo que conlleva en muchos casos que el asunto se archive o acabe en una absolución por falta de pruebas. “No existe un agarradero judicial para dar respuesta a lo que realmente demandan los padres. Y hay que buscarla porque es un tipo de violencia que va a más”, resalta Izaskun Gartzaron, jefa de la Sección de Asistencia de Víctimas de Delito. Lo que buscan mayoritariamente esos padres es que se obligue a los hijos a ingresar en un centro o someterse aun tratamiento, algo que solo se contempla en una condena. Los casos que finalmente llegan a juicio no son muchos: entre 2016 y 2017, la fiscalía calificó 23 escritos de acusación contra hijos por agresiones a sus padres, sin contar a los menores de edad. Pero las diligencias previas por violencia doméstica (no incluye la violencia de género) fueron 187 en 2017 y 319 el año pasado, muchas de ellas por episodios violentos de hijos contra padres. Y como resalta Gartzaron, en el Palacio de Justicia solo se ve la punta del iceberg de esta realidad, ya que para una madre, porque casi siempre son las madres las que dan el paso, denunciar a un hijo “es mucho más difícil que denunciar a una pareja”. Los datos corroboran sus palabras. En 2016, la Policía Foral reconocía dos actuaciones por semana por casos de agresiones de hijos a padres, especificando que solo actuaban en los casos más graves. Pero no siempre los casos siguen adelante por la vía policial o judicial. De hecho, en lo que va de año, la Brigada Asistencial de Policía Foral ha llevado a cabo 18 denuncias o detenciones relacionadas con la violencia doméstica (toda aquella del ámbito familiar que no es violencia de género), de las cuales 14 son por agresiones de hijos a padres (otros tres son por agresiones entre hermanos y el cuarto tiene como víctima a un familiar). De los 14 detenidos o denunciados, 8 son menores de edad y salvo dos casos, de nacionalidad brasileña, el resto son nacidos en España. También hay hijos arrestados que tienen hasta 38 años, según la estadística de Policía Foral. 12 de ellos son varones y 2 mujeres. HIJOS CON PROBLEMAS Los casos que cada año se ven en la Sección de Víctimas de Delito de Navarra van en aumento. En 2016 hubo 6, en 2017 la cifra subió a 19 y hasta el momento ya se contabilizaban 11 casos en lo que va de 2018. “La mayoría de madres que atendemos viene que con unas expectativas y lo más probable es que no se cumplan. Vienen con la esperanza de que se va a ingresar a su hijo en un centro psiquiátrico o de desintoxicación y tienes que poner su expectativa ante la realidad, ya que hasta que no haya una condena no se va a poder hacer. El sistema no está preparado para asumir este tipo de casos”, subraya Gartzaron. Ella ha recogido testimonios de progenitores agredidos, de viviendas destrozadas, de robos de dinero que provocan que los padres no puedan tener ni tarjetas de crédito... En la mayoría de esos casos, hay problemas de salud mental presentes en los hijos, y también están muy presentes los casos de ludopatía, abusos de sustancias y alcohol... Muchos de ellos están sin diagnosticar, así que a no ser que les dé un brote psicótico y puedan ser internados en un centro a través del 112, los padres se encuentran sin ninguna solución. Y emprender una incapacidad es un proceso largo. Cuando se dan denuncias de este tipo, las medidas cautelares que se adoptan sobre los hijos suelen ser la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada cierto tiempo ante la policía, pero estas soluciones no sirven para erradicar el problema, sostiene Gartzaron. En los casos reincidentes o graves sí que se impone una medida de alejamiento. Desde este servicio, se ofrece asistencia psicológica al denunciante y se le recomienda, si el asunto es grave, un cambio de domicilio si hay medios económicos: alquilar un piso para el hijo, si es mayor de edad, o incluso que sean los padres los que se vayan para cortar con esa espiral de malos tratos físicos y psicológicos. Pero incluso la solución más efectiva a corto plazo, como es la orden de alejamiento, también es dolorosa para los padres, que en muchos casos sienten que dejan “tirados” a sus hijos y es muy frecuente que se quebrante en caso de condena. “Se busca una labor social, no penal” La Fiscalía Superior de Navarra comparte la impresión de la Sección de Víctimas de Delito. En su memoria de este año, recoge que la experiencia demuestra que, “más que una labor penal, lo que se pretende es una labor social que escapa de lo que es el proceso penal”. “Las denuncias suelen venir motivadas por problemas de consumos de sustancias estupefacientes o por problemas psicológicos. En el primero de los casos se reclama una ayuda de las instituciones para obligar a sus hijos a programas de deshabituación, y en el segundo que se obligue al hijo a someterse al tratamiento médico que ya suele tener impuesto pero que abandona”, afirma. Sin embargo, estas posibles soluciones penales requieren que el hijo sea condenado, para lo que resulta casi indispensable que los progenitores mantengan su denuncia y no se acojan a su derecho a no declarar contra su hijo. “Pero esta no suele ser una solución aceptada por los familiares, que en el fondo lo consideran una traición. Por eso, si en el acto del juicio el hijo ya ha iniciado el tratamiento de deshabituación y se cumple de manera adecuada, lo habitual suele ser que los padres se acojan a su derecho de no declarar contra sus hijos”, expone la Fiscalía. Y si los padres no declaran contra sus hijos, prácticamente todos los casos acaban en absolución, ya que su testimonio suele ser la prueba casi exclusiva del caso.

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Más de la mitad de padres que denuncia a sus hijos renuncia al proceso judicial

Policía Foral ha denunciado este año a 14 hijos por agredir a sus padres

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