Diario de Navarra

El acoso escolar no es un juego de niños. Los colegios e institutos que no actúen como debieran y como recoge la ley ante estos casos; y las familias de los alumnos agresores deberán reparar el daño causado. ¿Cómo? Con dinero. “El daño ya está hecho y solo se puede reparar con una indemnización pecuniaria. Hay que prevenir y adoptar medidas, como la mediación en conflictos”. Así lo explica la profesora de Derecho Civil de la UPNA Raquel Luquin Bergareche, que ha investigado sobre este tema y que hace un año presentó una ponencia en un congreso sobre Derecho de Menores en Almería sobre la Responsabilidad civil (no penal) de las familias y los centros escolares en casos de conductas de menores constitutivas de acoso escolar. Subdirectora del Departamento de Derecho Civil de este campus y directora del título de Mediación, donostiarra de 47 años y madre de dos hijos mellizos de 13, reconoce que el 'bullying' es un problema que nos atañe a todos. “Las familias debemos velar por nuestros hijos pero, cada vez delegamos más en el centro escolar donde niños y jóvenes pasan casi toda la jornada. Lo que acarrea, jurídicamente, una responsabilidad de la que no son conscientes”. Usted dice que todos los centros escolares públicos y concertados tienen una responsabilidad legal de aplicar protocolos o medidas para prevenir, minimizar o intervenir ante el acoso... Sí, hay reciente legislación, tanto estatal como foral, que así lo recoge. En caso de diagnosticarse una situación de 'bullying' (que no debe confundirse con un conflicto, incluso violento), deben actuar. Incluso, antes, porque hay situaciones que pueden detectarse y evitar los daños a tiempo. ¿Y qué tienen que hacer? Primero, identificar la situación y comunicársela al tutor y el director. Una vez diagnosticada como acoso, además de adoptar las medidas urgentes necesarias (cambiar al niño de clase...) para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, se trasladará la situación a las familias implicadas y, si los hay, a los profesionales (psicólogos...) que trabajan con víctimas y acosadores; a la comisión de convivencia del centro y a la Inspección. Hay que visibilizar el tema. Nunca eludirlo o silenciarlo. Generalmente, los centros suelen dar estos pasos. Pero, ¿y si no lo hacen o no están ‘a la altura’? Si se ha producido daño, las leyes administrativas y civiles obligan a repararlo. Si no se han aplicado las medidas de vigilancia adecuadas (y se acredita lo que se llama culpa ‘in vigilando’), se habrá de indemnizar a las víctimas. Eso no les va a solucionar un problema que haya generado daños irreversibles pero les puede ayudar a pagar la ayuda psicológica. ¿El acoso puede ser delito? Si la situación de buyllying va más allá de la responsabilidad civil porque hay un atentado contra la integridad física o psicólogo del menor (coacciones, lesiones...), el tema va por vía penal y al agresor, si es un menor entre 16 y 18 años, se le aplica le ley de menores y podría ordenarse su ingreso en un centro de menores. ¿Qué pasa con las familias de los agresores? ¿Qué responsabilidad tienen con las víctimas? Los padres y madres, por ley, tenemos la obligación de velar por nuestros hijos, alimentarlos, educarlos, dotarles de una formación integral... Pero, ¿qué pasa? Que, por nuestro ritmo de vida, delegamos cada vez más en los centros, que asumen así una responsabilidad tremenda. Hay jurisprudencia, como la de la Audiencia de Palencia que condenó a la madre de una menor a pagar a la familia de otra chica acosada porque no había adoptado las medidas educativas (no controlaba el correcto uso del móvil). Expulsiones y centros de menores Las familias de un menor que ha sufrido acoso escolar, casi siempre, piden a los centros que “adopten medidas sancionadoras o disciplinarias” contra los acosadores. “Es lo que más les preocupa. Que ese niño que ha agredido al suyo sea expulsado o reciba otro castigo. A veces, los centros aplican castigos pero suele ser lo último que hacen (antes aplican el resto de las medidas de los planes de convivencia)”, apunta la profesora de Derecho Civil de la UPNA Raquel Luquin. Y añade que, según la legislación, los titulares de colegios e institutos (los directores) son responsables de lo que les ocurre a los alumnos en el tiempo que están en el centro o fuera haciendo actividades escolares, extraescolares o complementarias (excursiones, salidas culturales...) “Los niños pasan cada vez más tiempo allí, así que la responsabilidad es enorme”.

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Raquel Luquin Bergareche: “Si los centros no aplican los protocolos, deben indemnizar”

El colegio o instituto que no actúe en casos de ‘bullying’ deberá pagar un dinero a la familia del alumno agredido. Lo mismo deberán hacer los padres de los escolares agresores

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