Diario de Navarra

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha presentado un recurso contra el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra para eximir del pago por la asistencia sanitaria a personas excluidas del sistema y vulnerables económica y socialmente. Se trata de un recurso planteado a instancia del Ministerio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). El acuerdo del Ejecutivo navarro recurrido fue adoptado el pasado 6 de abril y beneficia a 5.684 personas, según cifró en su día el consejero de Salud, Fernando Domínguez. Se trata fundamentalmente de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, no parece que este recurso judicial del Ministerio de Carmen Montón vaya a tener repercusión práctica, dado que el pasado 27 de julio el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que reconoce el acceso universal al sistema nacional de salud. Según se recoge en esta norma, las personas que no estén ni registradas ni autorizadas como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las que tienen nacionalidad española. El real decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez señala que las comunidades fijarán el procedimiento para la expedición de un documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para que puedan recibir la prestación asistencial. EN EL RELEVO DE LA DELEGACIÓN El pasado 22 de junio, el mismo viernes en el que tomaba posesión de su cargo como Delegado del Gobierno central, el socialista José Luis Arasti se encontró con esta patata caliente sobre la mesa. La Abogacía del Estado le advirtió de que finalizaba el plazo para presentar este recurso. Tras infructuosos intentos por ponerse en contacto con el Ministerio de Sanidad, Arasti firmó la presentación del recurso, según informaron desde la Delegación. Estas mismas fuentes subrayaron que ahora tienen pendiente abordar con el Ministerio la retirada del mismo. No obstante, recalcaron que es algo que no urge, dada la aprobación del real decreto de acceso universal al sistema nacional de salud. El pasado 18 de julio, el consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, aprobó una orden foral para remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN todo el expediente administrativo relativo a este recurso judicial, como solicitó el juzgado. HAY 3 INTENTOS EN NAVARRA El origen de esta situación es un real decreto de 2012 impulsado por el Gobierno del PP con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que excluyó del sistema a los inmigrantes en situación irregular. La vía alternativa a esta norma nacional para recibir asistencia sanitaria era la suscripción de convenios especiales que implicaban un abono de 60 euros mensuales en el caso de menores de 65 años y de 157 euros con 65 o más años. Un dinero que personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social no podían afrontar. En ese año 2012, el Gobierno de UPN aprobó subvenciones para estos convenios y en 2013, el Parlamento aprobó una ley foral que permitía la cobertura gratuita a todos los residentes. Ambas normas fueron recurridas por el Estado. El Tribunal Constitucional no suspendió la aplicación de la ley, pero terminó anulándola el pasado mes de febrero. Eso volvía a dejar fuera del sistema a las personas inmigrantes en situación irregular. El pasado abril, el Ejecutivo navarro acordó eximir del pago de los precios públicos de las atenciones sanitarias a las personas afectadas, como se señalaba, cerca de 5.700 y principalmente residentes en situación de irregularidad. REQUISITOS FIJADOS EN ABRIL En ese acuerdo, recurrido por el Estado, el Ejecutivo foral argumentó que hay personas que viven en Navarra excluidas del sistema de atención sanitaria y que, dada su situación económica y social, no pueden hacer frente al pago de los precios públicos establecidos para poder formalizar los convenios especiales en materia sanitaria que les darían acceso a esta atención. El Gobierno de Navarra concluyó en ese acuerdo que por ese motivo había decidido establecer la exención de estos precios públicos, siempre que se den los siguientes requisitos: no tener acceso al sistema nacional de salud por otra vía, residir en Navarra y tener una renta inferior a 18.000 euros.

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El Estado recurre que Navarra no cobre la sanidad a excluidos del sistema

La decisión no tendría efecto práctico, ya que el Ejecutivo central ha aprobado el acceso universal a la asistencia

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