Diario de Navarra

El viernes 22 de junio está marcado en rojo para la municipalidad navarra. Ese día, en el seno de una asamblea de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), se deberá validar, o no, el Anteproyecto de Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra. Un documento en el que el Gobierno lleva trabajando más de dos años y que busca reorganizar y mejorar la prestación de servicios a nivel local. Entre las novedades del nuevo ‘mapa local’, la distribución municipal en 12 comarcas, entidades locales que sustituirán a un centenar de agrupaciones supramunicipales actuales, principalmente las mancomunidades. Xabi Lasa, director general de Administración Local, repasa el proceso llevado a cabo y la propuesta de cara a esa jornada clave. Tras más de dos años de trabajo, negociación y cambios, ¿qué valoración se hace en esta recta final? Muy positiva. Ha sido un proceso duro, intenso y trabajado. Y al final ha quedado algo que es el fruto de la colaboración y de la escucha a las partes implicadas. Un anteproyecto realista, posibilista, integrador y, quizá, menos ambicioso de lo que uno soñaba al principio. Pero es lo que tiene llegar a acuerdos. ¿Con quiénes se ha trabajado? Por un lado, con el propio Gobierno y sus departamentos, pues todos tienen políticas que implican a las entidades locales. Por otro, con las entidades locales. Nuestro interlocutor ha sido la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que ha llevado un proceso paralelo analizando y valorando nuestros documentos. Y, finalmente, con todos aquellos agentes con experiencia como trabajadores de las entidades locales, técnicos, secretarios, interventores... También con técnicos de mancomunidades y con los 5 sindicatos mayoritarios de la administración local. ¿Se ha llegado siempre al acuerdo? Evidentemente no, pero sí a algo que sintetiza los deseos de la mayor parte. Comenta que la reforma no ha sido quizá todo lo profunda prevista... ¿Se queda corta? Una reforma como la que queremos es de una magnitud profunda. Y aunar todo en dos años y condensarlo en una ley es muy difícil. En financiación me hubiera gustado llegar más lejos, y también en la distribución competencial entre la administración local y la foral. En la estructura local hemos sido posibilistas y estoy contento con el esquema que queda. Hemos dado un primer paso. ¿Quedará más por hacer? Estamos planteando una ley marco. Le tienen que seguir una ley de financiación en profundidad que reforme la Ley Foral de Haciendas Locales de 1995 y leyes de creación de cada comarca. ¿Cuál es el objetivo final? Hay varios. Recuperar la importancia de la administración local, la más cercana a la ciudadanía y la primera a la que se acude y que responde cuando el vecino tiene un problema. Invertir el problema del despoblamiento de las zonas rurales habilitando estructuras que permitan facilitar servicios. Y modernizar la administración pública. Hoy, la inmensa mayoría de entidades locales no permite realizar trámites telemáticos y la sociedad lo exige. ¿Cree que el documento tendrá respaldo municipal el día 22? Confío en que sí. Navarra lleva décadas esperando una reforma y ha habido varios intentos. Pido que no se deje pasar esta oportunidad y que se tenga una visión global en este tema. Que se mire al futuro y al conjunto más que a situaciones particulares y cortoplacistas. Si no se aprueba, ¿decaería? Yo solo no tendría esta decisión en mi mano, pero creo que en un escenario en el que una mayoría de las entidades locales no esté de acuerdo con lo presentado, aunque pudiera tener mayoría parlamentaria, no merecería seguir con el camino. Yo construyo de abajo arriba. Para mí es importante tener el refrendo. Si se aprueba, ¿cuáles serían los siguientes pasos? El Consejo de Gobierno enviará el documento al Parlamento para que se tramite como ley. Querríamos hacerlo antes de San Fermín para que en septiembre, tras las vacaciones, sea una de las primeras tareas a abordar. Le calculo unos dos meses de tramitación, pues evidentemente será una ley discutida, tendrá enmiendas y requerirá informes, y luego se votará. Tiene posibilidades de salir adelante si hay un refrendo mayoritario de las entidades locales. De las 117 alegaciones recibidas en exposición pública, ¿cuántas se han aceptado e incorporado? Prácticamente el 50%. Pero en estos dos años ha habido muchas aportaciones previas. Se informó que había habido “cambios sustanciales” en base a las alegaciones. ¿Por ejemplo? En la distribución. Proponíamos 11 comarcas y al final serán 12, pues ‘Prepirineo’ y ‘Sangüesa’ prefirieron ir por separado y no en una. También en financiación. Se ha visto más preciso dejar para un segundo momento fijar el porcentaje fijo a recibir del Gobierno. Y en materia laboral se ha aportado también una precisión mayor. La comarca nace como entidad local y es la novedad principal de la reforma. ¿Qué la caracteriza? Es un conjunto de ayuntamientos colindantes con una geografía, historia, cultura y costumbres comunes. Es un territorio. A diferencia de las mancomunidades actuales a las que sustituirá, la entidad no nace de la prestación de un servicio supramunicipal, sino del territorio. Evitaremos que cada ayuntamiento tenga que pertenecer a 4 o 5 mancomunidades, pues lo ofertará todo la misma entidad, la comarca, y se reducirá así el número de entidades supramunicipales. Ese es el gran cambio. Se fijan 5 competencias base para las comarcas, entre ellas el agua en alta, la recogida de residuos o los servicios sociales. ¿La fórmula de las comarcas ‘bebe’ de alguna otra experiencia similar? No somos pioneros en comarcalización, es una figura que ya aparece en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985. Ha habido experiencias en Cataluña y Aragón, y parciales en Castilla y León. Pero nosotros proponemos nuestro propio camino. La implantación será un cambio enorme. ¿Cómo se va a gestionar? Una vez se apruebe la ley marco, hay un año de plazo para que los ayuntamientos de cada comarca tomen una decisión sobre el inicio del proceso de creación. Vale con que lo pida al Gobierno una tercera parte de los ayuntamientos, o unos pocos si aglutinan a más de la mitad de los habitantes de la comarca. Luego hay todo un procedimiento ya fijado. Cada comarca tendrá su autonomía para decidir aspectos como el número de representantes en la asamblea o las competencias extra que se delegan desde los municipios. ¿Qué pasará con el personal de las actuales mancomunidades? El personal laboral, funcionarial o administrativo, que son las tres modalidades existentes hoy en las entidades supramunicipales, el documento dice que se integrará en la comarca en las mismas condiciones laborales en las que estén en el momento de la desaparición de su entidad. Otra cosa son los puestos estructurales. Existen más de un centenar de mancomunidades o agrupaciones de servicios administrativos que se van a reducir a 12 comarcas, así que habrá menos gerentes, menos cargos de concejales, etc. Y si en el territorio de una comarca hay 5 mancomunidades que tiene sede propia, ¿se asumen todas? La comarca asume los patrimonios, las deudas, el personal... ¿Cómo afectará al ciudadano? La comarca busca mejorar la estructura para mejorar el servicio. Allí donde el servicio es más deficitario, más deberían notar la mejora. También se podrán llevar más servicios a las zonas rurales. Además, conforme a lo que se llama ‘economía de escala’, cuantos más vecinos y más terreno abarcas como entidad local, mejores precios conseguirás al adjudicar la gestión de un servicio, algo que debería repercutir en el ciudadano. Algunos ayuntamientos siguen disconformes con su ubicación. Critican, por ejemplo, posibles pérdidas de sedes y atención. De los principales servicios que se comarcalizarían, el abastecimiento de agua no tiene sede, la recogida de residuos tampoco, y los servicios sociales no sufrirán necesariamente un cambio de sede. Cada comarca decidirá qué hace con las actuales y dónde deben estar las suyas. Puede tener una, dos, tres... Las comarcas ofrecerán también el servicio de secretaría e intervención. ¿Para quiénes? A los ayuntamientos más pequeños. Hoy, la Ley Foral de la Administración Local de Navarra de 1990 dice que debe haber puesto de secretario en ayuntamientos de más de 2.000 habitantes, y de intervención en los de más de 3.000. Nosotros, vista la demanda, bajamos el puesto de secretaría propia a 1.500. El resto de municipios se organizan con agrupaciones de servicios administrativos (compartiendo secretario entre varios consistorios), unas entidades locales que ahora se van a asumir también desde las comarcas. La idea es generar equipos de secretaría con administrativos para que los segundos realicen labores de atención al público y los secretarios se centren en asesorar en materia jurídica, solicitar subvenciones, levantar actas... ¿Cómo se financiarán las comarcas? En lo que son sus competencias propias, a través del Gobierno en función del gasto modulado que se fije en la nueva financiación. Y luego, si 8 ayuntamientos de una comarca deciden delegar a su comarca el servicio de limpieza viaria, por ejemplo, ellos pagarán esa cuota específica por ese servicio. Se prevén dos comarcas con subcomarcas en la zona de Pamplona y Tierra Estella. ¿Por qué? El proceso de participación nos ha llevado a ello. Se decidió que si en una comarca existen dos realidades distintas, aunque no con una entidad suficiente para ser comarcas diferentes, se generasen subcomarcas (no son entidades locales como sí lo es la comarca). Tendrán un consejo de subcomarca para decidir en aspectos que afectan a su territorio menos en agua en alta y en recogida de residuos. ¿Cómo estarán representados ayuntamientos y concejos en las asambleas de las comarcas? La ley marco recoge el sistema de elección, pero no dice cuántos representantes deben tener. Eso lo decidirá cada comarca. Se fija que dos tercios de los asambleístas llegarán por delegación de ayuntamientos, y el otro en función de los resultados electorales en la comarca. Aquí, las agrupaciones pequeñas tienen la posibilidad de sumar y pedir que se les contabilice como un solo partido. “Queremos mejorar los servicios” Los ayuntamientos, ¿cambian en algo? No se tocan. Mantienen su identidad como base central de la estructura local. Pero sus competencias ya supramunicipalizadas serán ahora comarcales. Y en algunos casos se potencian, como la de ordenación del territorio comarcal, que pasa del Gobierno a la comarca. ¿Y los concejos? Se mantienen, pero se les dice que no vale con ser una entidad local simbólica. Deben ejercer sus competencias y, si no pueden o quieren dar servicio, desaparecerán. También si en dos convocatorias electorales municipales nadie se presenta, si no se quiere gestionar. Se fija el marco de una nueva relación ayuntamiento-concejo. Incorporamos un convenio de gestión competencial compartida, un nuevo instrumento para mejorar el servicio a los concejos. Si uno no tiene capacidad, puede llegar a acuerdos, poniendo condiciones, para que el ayuntamiento lo preste. No puedes dejar con una mala atención a tus habitantes porque no tienes medios. Se establece que los concejos tengan secretario de perfil funcionario. Desde el ayuntamiento o la comarca, habrá obligatoriedad de contar con este servicio. Los concejos hoy no lo tienen, en general es un vocal el que ejerce como secretario. Pero una entidad local tiene que levantar actas de acuerdos, presentar presupuestos, cerrar cuentas... y eso lo tiene que supervisar un funcionario. Sobre la financiación se fijan las líneas generales y se desarrollará en una ley posterior. Así es. Hoy, los ayuntamientos se financian de tres fuentes: de los impuestos locales, de la explotación del patrimonio propio y del Fondo de Transferencias Locales (una parte de los impuestos de Navarra, y que se subdivide en transferencias corrientes y transferencias de capital). Tocamos distintas partes. En los impuestos, se ajustan para que no siga habiendo desajustes grandes. Y en el Fondo de Transferencias Locales, planteamos unificar sus dos subpartes y que no se decida la cantidad cada 4 años en el Parlamento, sino que sea un porcentaje estable de la recaudación de los impuestos de Navarra. Habrá que ponerse a calcular. Falta antes decidir, por ejemplo, quién debe ejercer competencias como los centros 0-3 años. Pero si bajan los ingresos por una crisis, también cae esta cantidad. Sí, pero bajaría para todos. Participamos en un proyecto común. Y cuando vienen las ‘vacas gordas’, todos ganamos. Además, a la hora de repartir ese nuevo fondo, cambiamos la ponderación buscando el equilibrio territorial para dar un poco más a quienes tienen un problema demográfico porque un servicio en zona rural despoblada sale mucho más caro que el mismo en un área urbana. ¿Para cuándo esa ley de reforma de la financiación de la administración local? En el documento se dice que debe estar antes de septiembre de 2019 el proyecto de ley. Se está redactando paralelamente un estudio de costes de la reforma. Estará listo este verano. En estructura (carga institucional, gerencias, dietas...), que se reducirá, habrá ahorro. También en la adjudicación de contratos, pues a más territorio y población, más económicos serán por ‘economía de escala’. Donde no habrá ahorro, ni lo buscamos, es en la prestación de servicios, pues queremos mejorarlos y dar más. Potenciar lo público.

Diario de Navarra

Xabi Lasa: “Todo el personal de las mancomunidades se integrará en las comarcas”

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