Diario de Navarra

Las ayudas de alrededor de un millar de dependientes de grado II y III, aquellos que están ingresados en residencias privadas a la espera de acceder a una plaza pública o concertada, podrían quedar en los próximos meses en un vacío legal por un error en el diseño del sistema de cálculo que sigue vigente tras la última reforma de la normativa y que, según Derechos Sociales, fue detectado desde finales de 2015 aunque continúa sin solucionar. Aunque el problema proviene de la normativa anterior, la Orden Foral 21/2015 de 27 de julio, firmada por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, no lo corrigió y mantuvo el sistema de cálculo que provoca como “divergencia”, según las explicaciones dadas por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), que los beneficiarios con mayor nivel de dependencia, los de grado III, reciban 825 euros menos al año que los de grado II. La “divergencia” proviene de que la cuantía de estas ayudas es el resultado de restar de la tarifa pública para estos servicios, fijada en 1.460,47 euros al mes para los severos (grado II) y de 1.529,22 euros al mes para los grandes dependientes (grado III), el precio de las plazas concertadas, que se sitúa en un tope de 2.087,77 euros al mes. Este sistema de cálculo provoca la paradoja de que las personas con mayor dependencia cobran una ayuda de 558,55 euros al mes frente a los 627,30 euros de quienes sufren un grado de dependencia menor. RECURSO ANTE EL SUPREMO La situación, conocida por Derechos Sociales, podría llegar a su fin debido a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dado la razón a una mujer, cuyo grado de dependencia pasó de grado II a III mientras esperaba una plaza pública o concertada en una residencia, que demandó al Gobierno de Navarra por infringir una normativa estatal que establece que las ayudas públicas tienen que aumentar conforme mayor sea el grado de dependencia. Esta norma de rango superior, según argumenta la demandante y reconoce el tribunal, no se estaba respetando en Navarra. El fallo, que ha sido recurrido por el Gobierno de Navarra ante el Supremo, tumba la normativa que regula el cálculo de las ayudas, aunque por el momento no tendrá consecuencias prácticas por el recurso presentado por los servicios jurídicos del Ejecutivo foral. Si finalmente el Alto Tribunal da la razón a la demandante y, por tanto, la sentencia es firme, la Orden Foral 21/2015 perdería su vigencia y los beneficiarios de las ayudas quedarían en un limbo legal. Según las fuentes consultadas, el Supremo podría rechazar el recurso, decisión que tardaría entre uno y dos meses, o admitirlo, en cuyo caso el proceso podría alargarse más de un año. En cualquier caso, la sentencia del TSJN plantea que el artículo 17.1 de la ley 39/2006 dispone que “la prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá [...] únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado [...] en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario”. Por tanto, el TSJN considera que dicho artículo “no admite otra interpretación que la postulada por la demanda -y por el sentido común- de que el incremento en el grado de dependencia no puede comportar una disminución de la prestación”. El fallo añade que “es irrelevante el mecanismo a través del cual se llegue a ese inadmisible resultado”, por lo que entiende que debería “anularse la norma”, en referencia a la Orden Foral 21/2015. El TSJN declara “radicalmente nulo” el artículo de la Orden Foral 21/2015 que provoca esta disminución de las ayudas, al tiempo que ampara el derecho de la demandante “al cálculo de la prestación económica [...] con las actualizaciones económicas que hayan tenido lugar”. Desde Derechos Sociales adelantaban que, si finalmente la sentencia es firme, comenzarán a abonar las ayudas “conforme al criterio más beneficioso para los usuarios”, aunque prevén que la nueva normativa, cuyo borrador están ultimando, entre en vigor antes de llegar a ese punto. No obstante, desde que el equipo de Derechos Sociales detectó el problema hasta que llegue la solución pasarán más de tres años, periodo en el que muchos beneficiarios habrán fallecido, según criticaban desde el entorno de la demandante. Cinco claves para entender el problema 1 Residencias. Los dependientes de grado II y III tienen derecho a solicitar plaza en una residencia pública o concertada y el Gobierno tiene un año para cumplir. 2 Costes. Los usuarios tienen que abonar, en función de sus ingresos, una parte o el total de los entre 1.460,47 y 1.529,22 euros al mes que fija el Gobierno. 3 Ayudas. Derechos Sociales abona una ayuda para cubrir el coste de las plazas concertadas hasta un tope de 2.087,77 euros. 4 Lista de espera. Quienes esperan una plaza pública o concertada también se beneficia de las ayudas, pero el coste real de las residencias en Pamplona excede de tope de 2.087,77 euros al mes. 5 Divergencia. Como las ayudas se calculan por la diferencia entre el coste fijado por el Gobierno y el tope del concierto, los afectados con mayor grado de dependencia, el III, cobran 825 euros al año menos que los reconocidos como II.

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El TSJN tumba la norma que recorta las ayudas a los grandes dependientes

El Gobierno foral recurre al Supremo el fallo que da la razón a una afectada

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