Diario de Navarra

Derechos Sociales, según los contactos establecidos en los últimos días, es plenamente consciente de que la normativa que regula las ayudas para los dependientes a la espera de una plaza en una residencia pública o concertada está amparando una “situación injusta”. Así, el departamento dirigido por Miguel Laparra asegura que está trabajando desde finales de 2015 en una nueva normativa que corrija esta “divergencia”. Este texto legal, que estaría en fase de borrador técnico a falta de su “revisión política”, debería entrar en vigor a principios del año que viene “si no hay imprevistos”. Este retraso de dos años y medio para encontrar una solución es justificado por Derechos Sociales argumentando que el sistema de cálculo de las ayudas es “un tema muy complejo”, además de que el nuevo modelo supondrá un importante “incremento de los gastos”, con el consiguiente impacto presupuestario, y una “disminución de los ingresos”, ya que muchos beneficiarios harán frente a un gasto menor a costa de la Administración. Respecto a los motivos para recurrir al Supremo la sentencia que da la razón a una beneficiaria que vio recortada la ayuda recibida al pasar del grado II al III, desde Derechos Sociales manifiestan, pese a que el modelo actual lo califican de “injusto”, entienden que es necesario defender la normativa actual. “Los juristas consideran que hay base legal para recurrir. Cuando no existe esa base, el departamento normalmente no recurre las sentencias”, aseguraba un portavoz. Precios al alza y ayudas públicas menguantes La normativa en Navarra sobre dependencia establece que las personas que tengan reconocido el grado II (severos) y III (grandes dependientes) tienen derecho a solicitar una plaza de residencia en un centro público o concertado, petición que la Administración debe resolver en un año. En ese tiempo de espera, el solicitante también tiene derecho a pedir una ayuda para sufragar parte de los costes de una residencia privada, de forma que, en teoría, el desembolso que hace el beneficiario debería ser el mismo que en una plaza pública o concertada. Sin embargo, la realidad es que los precios de las residencias privadas, al menos las ubicadas en Pamplona y sus alrededores, son mucho mayores que las tarifas a partir de las que Derechos Sociales calcula las ayudas. Este departamento tiene fijadas unas tarifas de 1.460,47 euros mensuales para plazas de residencias destinadas a dependientes de grado II, cuantía que asciende a 1.529,22 euros en el caso de grandes dependientes. No obstante, las plazas que concierta con centros privados tienen un coste máximo de 2.087,77 euros al mes, lo que incluye todas las atenciones, comidas y cuidados. Los beneficiarios, en función de sus ingresos, hacen frente a los tramos tarifarios fijados por Derechos Sociales para los grados II y III, de manera que las ayudas públicas cubren el resto hasta el máximo de 2.087,77 euros de los conciertos. Pero las plazas privadas en Pamplona y alrededores, según fuentes consultadas, se sitúan entre 2.400 euros para el grado II y los 2.800 para el grado III, así que los solicitantes que esperan por una plaza concertada tienen que sumar a los costes fijados por Derechos Sociales, unos 1.500 euros al mes, entre 400 y 800 euros mensuales más. Y aunque la normativa establece un periodo máximo de un año para acceder a una plaza concertada, la realidad es que los tiempos de espera se sitúan entre tres y cuatro años, con la consiguiente pérdida económica. Esta situación se agrava en el caso de que un beneficiario pase del grado II de dependencia al grado III, que empiezan a recibir 825 euros menos al año de ayudas públicas. Esta “divergencia”, según la define la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), provoca que los afectados en Navarra no soliciten nunca la reevaluación de su dependencia aunque esta se agrave y pese a que, según la normativa estatal, este reconocimiento debería servir para mejorar las prestaciones recibidas. La ANADP es consciente de que desde 2010 se ha producido una “inflación” de los precios que cobran las residencias privadas en Pamplona por la creciente demanda de dependientes y la escasez de plazas públicas y concertadas. No obstante, desde la ANADP creen que esta situación se corregirá conforme termine la construcción de nuevos centros.

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El Gobierno foral mantiene desde 2015 un sistema que cree “injusto”

Derechos Sociales acumula un retraso de dos años y medio para corregir la normativa

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