Comisión de derechos sociales
Rechazan suprimir el rango de dirección general del Observatorio de la Realidad Social
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con la abstención de PSN, se emplazaba al Ejecutivo Foral a "la planificación de las políticas sociales con medios propios"


Actualizado el 10/04/2018 a las 16:21
La comisión de Derechos Sociales ha rechazado, con el voto en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E y a favor de UPN y PPN, una moción para instar a "suprimir el rango de dirección general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales".
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con la abstención de PSN, se emplazaba al Ejecutivo Foral a "la planificación de las políticas sociales con medios propios". El resto de siglas ha mantenido sus posiciones.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han presentado una enmienda in voce de modificación, no aceptada por UPN, titular de la iniciativa, en el sentido de conminar al Gobierno de Navarra a "realizar la planificación y acciones derivadas de la misma con medios propios, previa adecuación de la actual estructura del Observatorio de la Realidad Social a las necesidades reales".
En su iniciativa UPN ponía en cuestión la nueva estructura organizativa que, "con el único fin de planificar y evaluar las políticas públicas de servicios sociales, empleo y vivienda", puso en marcha el Gobierno de Navarra, al entender que se ha revelado como un organismo "prescindible e ineficiente", pese a los 2.083.931 de euros que tiene asignados para el presente ejercicio.
A su juicio, el citado Observatorio "no cumple su propia programación, incumple el calendario de plazos y, ya en lo relativo a su página web, tiene totalmente desactualizadas y desfasadas las estadísticas y los indicadores de las distintas áreas del departamento, hasta el punto de reflejar como últimos los datos que dimanan de la actividad desarrollada en la anterior legislatura".
En ese marco, se censuraba la "privatización de la planificación" que se está realizando desde Derechos Sociales, tarea para la que tiene asignados "450.000 euros en 2018", y se demandaba la "asunción interna de dicho cometido para, conforme a los recursos disponibles, resolver los problemas más urgentes conforme a una organización viable y creíble".